• Por Santiago Rodríguez
• santiago.rodriguez@nacionmedia.com

Desde julio del 2022, la Dirección Nacio­nal de Trasporte (Dinatran) incorporó 25 nuevos funcionarios eva­diendo el concurso de méri­tos acudiendo a la modali­dad de contrataciones vía excepción. Entre los mis­mos vuelve a saltar el nom­bre del hijo de otro de los directores de la institución (ver nómina).

Este hecho es confirmado por el titular de la Dina­tran, Juan José Vidal, quien en comunicación con Nación Media refirió que estas incorporaciones se dan: “Por necesidad que tiene la institución. Noso­tros tenemos que cubrir todo el país para contro­lar y no tenemos personal suficiente”.

Sin embargo, este discurso queda opacado al ver que en realidad, de los 25 nuevos contratados solo 8 fueron ubicados en la Dirección General de Fiscalización y Control para realizar los controles que mencionó Vidal, mientras que los otros 17 contratados fueron derivados en cargos admi­nistrativos como son los 4 nuevos asistentes que fue­ron colocados en la Direc­ción de Talento Humano.

Asimismo, en la Dirección de Administración y Finan­zas fueron 9 de los nuevos funcionarios, entre los cuales, 4 de ellos se des­empeñan como porteros, lo que pone en duda sobre la urgencia de las contrata­ciones. Desde la institución refirieron que la incorpora­ción de los mismos es por el horario rotativo.

Por su parte, a la Direc­ción de Oficinas Regiona­les fueron derivados 2 de estos nuevos incorporados en las Divisiones Fronteri­zas de Ciudad del Este y en Puerto Falcón.

Un joven de 21 años de nom­bre Matías José Mendoza, hijo del director general de Auditoría de la institución, José Mendoza Rodríguez, figura entre los favorecidos dejando entrever que “las urgencias” le vinieron bien al entorno de altos funcio­narios de la Dinatran. Cabe subrayar que el padre ingresó a la institución en el 2018, es decir, con este gobierno.

Según la planilla proveída por la institución perciben mensualmente salario de G. 3.000.000, al menos hasta el próximo 31 de diciem­bre, fecha de culminación del contrato. Es decir que, estos contratos son hasta fines de diciembre, coin­cidentemente cuando se definan las elecciones par­tidarias programadas para el próximo 18 de diciembre.

Respecto al motivo por el cual estas contrataciones se dieron vía excepción, el director Vidal refirió que se debe a la necesidad urgente de ocupar estos puestos y que estas contrataciones se dan de a uno o dos contrata­ciones juntas como máximo. Sin embargo, 21 de los nue­vos funcionarios fueron incorporados el 1 de julio de este año y los 4 restantes el 1 de setiembre pasado.

Además de Matías Mendoza, hijo del director general de Audito­ría de Dinatran, José Mendoza Rodríguez, hay otros hijos de altos funcionarios ubicados a principios de marzo.

Cabe recordar a Wilson Romero y Jorge Núñez, otros afortunados hijos de directores, el primero es hijo de Derlis Romero, director de Seguridad y Educación Vial; mientras que el segundo mencio­nado es hijo del director general de Gestión de Talentos Huma­nos, Brígido Núñez. Ambos privilegiados tienen ingresos de G. 9.400.000 y G. 10.860.000.

Los jóvenes todavía no cuentan con título universitario, pero fue­ron colocados en cargos de confianza como director adjunto de oficinas regionales y auxiliar en la Dirección de Transporte Terres­tre, por lo que tampoco realizaron concurso de méritos, según Miguel Ojeda, director financiero de la institución.

Dinatran tiene un total de 334 funcionarios activos, según datos proveídos por la misma institución, de los cuales apenas el 26% del plantel, es decir, 83 trabajadores pertenecen a la Dirección de Fiscalización y Control, que es desde donde se encargan de realizar los controles de los vehículos, mientras que 141 operan en puestos administrativos de la institución. En una misma ofi­cina llegan a agruparse más de una docena de asalariados, por ejemplo, en la Dirección General de Talentos Humanos donde están asignados 13 empleados.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.