Para parte de las fuerzas opositoras, el proyecto de ley, aprobado por el Senado y pendiente de respuesta del Ejecutivo, responde a la preocupación que supuso para muchos legisladores lo ocurrido a finales de diciembre, cuando un senador fue despojado de su investidura, la primera vez que ocurría en la historia legislativa del país.

Se trataba además de Óscar González Daher, un “peso pesado” que en ese momento presidía el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y que fue echado del cargo por presunto tráfico de influencias desde ese ente.

A esa propuesta legislativa de despojarle la investidura se llegó tras una presión mediática y social, consecuencia del escándalo de la divulgación de unos audios en los que se escuchaba a algunos de los supuestos aliados de González Daher en esos presuntos intentos de influir sobre jueces y fiscales.

Una semana después, el senador conservador Jorge Oviedo, también salpicado por esos audios, se vio obligado a renunciar antes de sufrir la misma suerte que González Daher.

Hasta aquí una acción legislativa que parte de la ciudadanía vio como ejemplarizante, pero que ahora ha tomado otra dirección con la aprobación en el Congreso de la “ley de blindaje parlamentario”.

A comienzos de marzo fue la Cámara Baja la que dio media sanción al proyecto de endurecer los términos en los que los legisladores podrían sufrir la retirada de sus investiduras.

Y esta semana el Senado dio la otra media sanción a la normativa, que aumenta la cantidad de votos necesarios para echar a un legislador de su puesto, ya que antes podía hacerse con una mayoría simple y ahora se requieren dos tercios en cualquiera de las dos Cámara legislativas para hacer efectiva la expulsión.

Pero lo que más barreras pone a la salida de un parlamentario con la nueva ley es la necesidad de que exista una sentencia judicial en firme contra el senador o el diputado en cuestión.

Y es que ni González Daher ni Oviedo tenían ni tienen sentencias en su contra, más allá de estar imputados por supuesto tráfico de influencias.

Este cambio legislativo hace que la mismas condiciones que entonces sirvieron para juntar 30 votos para la retirada de la investidura de González Daher, mayoría de dos tercios, no sirvan para realizar una votación al no tener una sentencia firme en su contra.

Este punto fue destacado tras la votación del proyecto en el Senado por el candidato del Partido Colorado a la Presidencia, el exsenador Mario Abdo Benítez, quien recalcó su posición a favor de sumar los votos de dos tercios de la Cámara, aunque objetó el hecho de necesitarse una sentencia en firme.

Abdo Benítez aludió además a la “corrupción” del Poder Judicial paraguayo y a la demora, de incluso más de un año, que puede darse en caso de necesitar esa sentencia para expulsar del Parlamento a un legislador.

Añadió que de ser elegido presidente, vetaría de forma parcial la normativa emanada por el Legislativo.

En un esfuerzo conjunto con instituciones públicas y privadas el Gobierno Central con la Gobernación de Ñeembucú realiza intensas labores de limpieza en todo el departamento con máquinas trabajando sin parar, según la Secretaría de Obras Públicas.

Varias instituciones se unieron y pusieron a disposición maquinarias para ayudar con la limpieza en zonas completamente inundadas.

El Cauce Montuoso con la retroexcavadora del Comando de Ingeniería del Ejército Paraguayo prosigue con las tareas de cuneteo, junto a la ruta PY-19 para desviar el agua del cauce natural y evitar inundaciones.

En la Compañía Medina (Puente Lázaro), la retroexcavadora N°2 de la ARP se encuentra realizando la limpieza de cunetas, líneas de tubos y puentes para mejorar el estado de la infraestructura vial en la zona.

En Villalbin, la retroexcavadora con palita colabora con los productores de la zona en el transporte de balanceados y víveres, además de brindar apoyo en la limpieza de la zona.

En Cauce Paso Pucú (Zona Puesto Torres Norte, Puente Señorita), la retroexcavadora anfibia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentra trabajando en la zona para remover sedimentos y desobstruir el cauce hídrico.

En los caminos de General Díaz camiones de la Gobernación, en conjunto con maquinarias del MOPC, intensifican las tareas de limpieza en los caminos de la zona; mientras que en el barrio La Eliza de Pilar y alrededores de la rotonda continúan los trabajos de limpieza y drenaje con maquinaria de la Gobernación para mejorar las condiciones viales en el sector.

El fiscal Luis Trinidad Colmán consiguió una condena de 20 años de pena privativa de libertad para Gustavo Antonio Medina Velázquez (46), hallado culpable del homicidio doloso de su hijastro.

El crimen se cometió en represalia contra la madre por haber terminado la relación con el acusado, quien inicialmente fue sentenciado a 5 años de prisión por violencia familiar.

El juicio oral concluyó este viernes 26 de abril en el Poder Judicial de Ciudad del Este. En la ocasión, el fiscal produjo pruebas irrefutables contra el acusado, por lo que los jueces Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo, integrantes del Tribunal de Sentencia, emitieron el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, el homicidio ocurrió el 7 de mayo de 2021, en horas de la mañana, en la vía pública del Sector III del barrio San Rafael de la capital del Alto Paraná, resultando víctima fatal Gustavo Gómez Melgarejo.

Aquella vez, el joven se despidió de su madre Bella Rosa Melgarejo y salió de la casa como para dirigirse a su lugar de trabajo. Pero, a metros del lugar, fue atacado por Gustavo Antonio, quien le aplicó una puñalada en la zona lumbar derecha.

El herido gritó del dolor y cayó al suelo, siendo posteriormente auxiliado por familiares y trasladado a un centro asistencial, donde falleció el 17 de mayo.

Mientras, el autor del crimen escapó del lugar y luego le envió un mensaje, vía celular, a su expareja y madre de la víctima, culpándola por la muerte de su hijo y advirtiéndola que la próxima sería ella la asesinada. En el escenario del ataque fue hallado el puñal utilizado para el crimen.

Medina Velázquez permaneció prófugo y declarado rebelde, hasta que el 6 de junio de 2021 fue reducido por sus vecinos, quienes lo sometieron a una golpiza antes de entregarlo a la Policía y quedó a cargo del Ministerio Público y el Juzgado.

Paralelamente, Gustavo Medina Velázquez enfrentó un proceso por violencia familiar ejercida en contra de su expareja Bella Rosa Melgarejo, a quien maltrataba sistemáticamente durante el tiempo que duró la relación.

El mismo fue acusado por la fiscal Susan Vega y posteriormente condenado a 5 años de prisión el 28 de febrero de 2024 por el mismo Tribunal compuesto por Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo.

La agente fiscal Sara Torres, de la Unidad Zonal de Limpio, dispuso el resguardo de una mujer de 44 años, víctima de un presunto caso de violencia familiar y lesión grave. A la vez, ordenó la detención del supuesto autor, Paulino Vallejos Giménez de 46 años, expareja de la afectada.

Es en la causa caratulada “Investigación fiscal s/ violencia familiar y lesión grave”, ocurrido en la madrugada de este sábado en la ciudad de Limpio.

El sospechoso, una vez detenido, debe guardar reclusión en la Comisaría 9° Central a disposición del Ministerio Público. La fiscal además dispuso el control aleatorio de efectivos policiales en la vivienda de la víctima.

El hecho esta madrugada, cuando la víctima recibió un mensaje de texto de su expareja, quien le decía que se acercaría en hora más tarde a la vivienda. La mujer le mencionó que se encontraba descansando. E n ese ínterin, Paulino violentó la puerta principal de la casa con un objeto de madera, ingresó y la atacó con golpes de puño y patadas.

Asimismo, rompió las pertenencias del hogar y la amenazó de muerte. Posteriormente se dio a la fuga.

El hombre aparentemente se encontraba en estado etílico, y según los datos, ya contaba con una orden de alejamiento emanado por el Juzgado de Paz de Limpio.