Cerca del mediodía de hoy una comitiva fiscal llegó a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, ubicada en el octavo piso del bloque A del Palacete Municipal, con una orden de allanamiento.

El concejal Carlos Arregui (PDP) explicó a HOY Digital que un grupo de ediles fue hasta el lugar y conversó con la fiscala Portillo. La agente del Ministerio Público, según expresó, fue para incautar algunas computadoras que presumiblemente se habrían utilizado para redactar el escrito de apelación en el laudo arbitral por el caso Ivesur, que terminó condenando a la Municipalidad al pago de US$ 3,6 millones a la firma encargada de hacer la Inspección Técnica Vehicular.

Arregui recordó que existen serios indicios de que el escrito se presentó posterior a la fecha establecida, lo que facilitó que el tribunal arbitral falle en contra de la Comuna.

El exfiscal dijo que alentaron a Portillo a continuar con su trabajo, que lo realiza a puertas cerradas.

Al culminar el operativo, la fiscala Portillo dijo a la 970 AM que se procedió a la incautación de discos duros y al lacrado de los mismos para determinar todos los datos con respecto a la creación del archivo digital del documento que, supuestamente, la Municipalidad presentó.

Estuvieron presentes además el director de Asesoría Jurídica, Juan Carlos Ramírez Montalbetti y participaron los concejales Sebastián Villarejo (PQ) Elvio Segovia (PDP), Pepa Kostianovsky (PEN) y José Alvarenga (ANR).

CASO IVESUR

La empresa Ivesur había demandado a la Municipalidad de Asunción exigiéndole la suma de US$ 18 millones por incumplimiento del contrato. Luego de una serie de disputas jurídicas, el pleito se definió en un tribunal arbitral que finalmente emitió un laudo que condena a la Comuna al pago de US$ 3,6 millones más intereses para los abogados de la firma privada.

La Municipalidad debía apelar ese fallo pero, según la Mesa de Entrada del Tribunal de Apelación, el escrito no se presentó, lo cual deja a entrever que hubo un contubernio entre el anterior director de Asesoría Jurídica y actual contralor, José Enrique García, y los abogados demandantes.

Por su parte, la Municipalidad se ratifica en que sí se presentó el escrito y es ese el motivo de la investigación fiscal que determinará si hubo negligencia municipal en el pleito.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.