Los senadores del Frente Guasu, Hugo Richer y Sixto Pereira, junto con Pedro Santacruz del PDP, se reunieron el fin de semana con supuestos dirigentes campesinos y sus seguidores, quienes invadieron y actualmente ocupan ilegalmente la estancia Pindó desde hace 8 años.

“Esta es una tierra malhabida. Esta ocupación es una recuperación de nuestra tierra. Que estén aquí y su producción es un freno para que no sigan los grandes capitalistas. Es una acción de soberanía que les detiene. Si no estuvieran aquí, iban a arrasar con todo. Es una acción de patriotismo”, dijo Richer, según un video viralizado en las redes sociales.

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Al respecto, en charla con la radio Universo 970 AM y canal GEN, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, cuestionó duramente que estos legisladores insten a los 1.500 compatriotas a que resistan en el sitio e invadan más tierras privadas.

“Es una irresponsabilidad e hipocresía, porque estamos en un momento difícil de crisis y necesitamos del esfuerzo de todos; para trabajar necesitamos tranquilidad y confianza. Esto no genera eso. En lugar de cooperar, estos legisladores ahondan en generar una crisis. No nos merecemos este tipo de gestión política porque estamos en emergencia y crisis. Esto no construye, esto destruye. Están en contra de la gente que trabaja”, argumentó.

En dicha propiedad invadida había casi 5.000 hectáreas de montes, pero ahora solo hay 2.000 hectáreas verdes. “Estos senadores están protegiendo a invasores. Se presentan como los defensores, pero son quienes deforestan. Dicen que los productores y sojeros deforestan, pero los marihuaneros y los invasores son los mayores deforestadores”, denunció Cristaldo.

Indicó que ante esta irregularidad cometida por los políticos del FG, verán las medidas a adoptar de manera institucional. “Reivindicamos nuestro derecho de vivir en paz y decimos que no importa el cargo de la autoridad, tiene que acatar la ley y la constitución, pero (el Frente Guasu) está promoviendo el conflicto, confrontación y violación de la ley”, puntualizó.

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Senadores opositores instan a invadir tierras.
Habla Héctor Cristaldo, titular de la UGP: “Ellos están en contra de la gente que trabaja. Vamos a hacer institucionalmente lo que tengamos que hacer y corresponda en el marco del estado de derecho”.

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ROLLO TRÁFICO, UNA MINA DE ORO DE INVASORES

Por su parte, Margarita Colmán, representante legal de la estancia Pindó, dijo a la misma emisora radial que hace ocho años luchan contra los invasores, quienes encontraron en el sitio una “mina de oro” (refiriéndose al bosque) y comenzaron a implementar un negocio importante de rollo tráfico.

Lamentó que los legisladores luguistas tienen otros intereses y que lo menos que quieren hacer es escuchar la postura de los propietarios legales. “No es la primera vez que estos senadores hacen arenga e intervenciones dentro de la estancia. Estos mismos senadores hicieron este mismo trabajo con esta gente en varias oportunidades. No nos extraña que hayan hecho de nuevo”, agregó.

Sostuvo que tienen la información de que también el intendente de Ybyrarobana ingresa frecuentemente al sitio a reunirse con los invasores y ofrecerles mejoras, con el fin de conseguir apoyo político al acercarse las elecciones municipales. “Creemos que hacen la intermediación para hacer ingresar maquinarias que hacen sus caminos y también las conexiones eléctricas clandestinas”, argumentó.

Desde el año 2013 existen órdenes de expulsión de los ocupantes, pero que hasta la fecha no se concretan. “No avanza esto. Yo creo que acá falta voluntad política del Gobierno. Primero la excusa era que se debía evitar que ocurra una masacre como la de Campos Morombi. El Estado paraguayo no puede escudarse en eso para no dar cumplimiento. No hay excusa válida, se tiene que cumplir y punto. Está dejando que pululen grupos violentos, ellos nos incendiaron cinco retiros, maquinarias, tinglados, camionetas y capturaron personal e incluso a mí me llevaron por varias horas al monte, en el 2019. Tienen conexiones clandestinas y una vez cuando fuimos a desconectar nos sacaron a balazos”.

En la estancia invadida se observan viviendas grandes y también casas precarias, además de importantes tinglados y aserraderos que comercializan la madera del sitio; como así también hornos donde queman madera para hacer carbón para la venta. Además hay cultivo de marihuana, según la representante legal. “Teníamos una reserva privada, pero ahora prácticamente no existe esa zona boscosa. Están haciendo rollo tráfico bajo la mirada de la Policía, Infona, Ministerio de Agricultura y Fiscalía, porque les remitimos pruebas, imágenes satelitales, pero no hacen nada”.

El líder de estos invasores es Jorge Mercado Méndez, quien posee orden de captura por homicidio, invasión y otros delitos, de acuerdo con la letrada. “No solo invaden, cometen varios delitos y luego van a nuestra estancia a esconderse, es un aguantadero”, agregó.

El juez Carlos Martínez era quien llevaba adelante la causa de invasión, pero falleció hace poco tiempo y se espera que otro magistrado sea designado. El fiscal del caso es Cristian Bartomeu.

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Habla la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Estancia Pindó.

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IMPUNIDAD, TIERRA DE NADIE Y COMPLICIDAD

El senador liberal Fernando Silva Facetti lamentó la actitud de sus colegas parlamentarios que apañan los atropellos a la propiedad privada. “Los colegas se reúnen con delincuentes con órdenes de captura, eso no está bien. No es lucha de clase social, porque los dueños son paraguayos que son propietarios legales. El trasfondo es la deforestación que hacen los ocupantes ilegales”, aseguró.

El parlamentario señaló que ese sitio se convirtió en una tierra de nadie pese a que el propietario hizo todo el procedimiento legal. Lamentó que existe impunidad y complicidad de parte de los comisarios de turno y de políticos de varios sectores que siguen respaldando a “los bandidos” que “no son campesinos sintierra honestos”. “El dueño ni puede sembrar en el borde porque le repelen a tiros”, refirió.

“La fiscalía sacó órdenes de detención o desalojo firmada por el juez, pero la Policía da excusas, pero mientras ve florecer el negocio de la venta de la madera. Tampoco vi que se haya detenido a algún policía por desacato”, criticó duramente.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.