El juez Hugo Garcete, fue quien firmó la orden de desalojo de Grance. El héroe de guerra dijo que hace 45 años vive en la casa. Vecinos y algunos familiares llegaron al lugar cuando agentes policiales ya estaban sacando las cosas del excombatiente y las estaban tirando a la calle.

Los vecinos solicitaron a las autoridades para que acudan al sitio para intervenir en el caso. Los primeros en llegar fueron los senadores Enrique Salen Buzarquis y Pedro Santacruz y se manifestaron a favor del héroe de guerra quien no entendía lo que sucedía y comenzó a entrar en estado de desesperación e incluso tuvo que recibir atención médica.

También se hicieron presentes en el sitio miembros del Ejercito y el viceministro de Defensa Guzmán Espínola, para intermediar y velar por la salud del excombatiente.

Los agentes policiales, abogados y otras personas que estaban sacando las cosas de la casa, desaparecieron cuando vieron venir a las autoridades.

Bajo el lema “Castrar también es cuidar”, la institución estatal anunció esta medida como parte de sus acciones para promover el bienestar animal y facilitar el acceso a servicios veterinarios esenciales a sectores con mayores necesidades socioeconómicas.

Las solicitudes para agendar las citas deben enviarse por correo electrónico a la dirección habilitada: castraciones@bienestaranimal.gov.py, mediante la cual los interesados podrán gestionar el turno para la intervención quirúrgica de sus mascotas.

Desde el organismo recalcaron su compromiso para evitar que las limitaciones financieras representen una barrera a la hora de garantizar protección, salud y una vida digna a las mascotas, asegurando que la tenencia responsable y el control poblacional ético deben ser accesibles para toda la sociedad.

La campaña está orientada a familias de escasos recursos con gatos y perros.

A partir de hoy, los interesados en becas para hacer maestrías, doctorados, posdoctorados, especializaciones y movilidad de grado en el exterior y para renovación de cursos de idiomas en Paraguay, a través del Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” (BECAL) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para iniciar el trámite, los interesados deben crear un usuario en la plataforma digital del CONACYT y completar las secciones requeridas, comenzando por los datos personales y la validación de la declaración jurada. Posteriormente, se deberán adjuntar en formato digital los documentos exigidos.

Las autoridades del programa recuerdan a los postulantes la importancia de no dejar el trámite para el último momento para evitar inconvenientes técnicos o imprevistos con la documentación. Además, aclaran que la omisión o falsificación de datos derivará en la exclusión directa del proceso o en la revocación del beneficio en caso de adjudicación.

Para consultas metodológicas o dudas sobre el proceso, los aspirantes pueden contactar a la organización vía correo electrónico a consultasbecal@mef.gov.py.

El juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia dispone la prisión preventiva de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, alias Chiqui. La imputación fiscal atribuye al procesado los hechos de tráfico internacional de drogas, comercialización y asociación criminal dentro del caso denominado Nexus.

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Cáceres, de 38 años, permanecía prófugo y con declaración de rebeldía desde febrero. Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía lo detienen en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera. Tras la aprehensión, el magistrado extingue el estado de rebeldía.

Durante la audiencia de imposición de medidas, la defensa del imputado solicita el arresto domiciliario con tobillera electrónica y ofrece una fianza real. Sin embargo, el juez rechaza el pedido por el alto peligro de fuga, la posibilidad de obstrucción de las pesquisas y la elevada expectativa de pena, la cual supera los 15 años de cárcel.

Según la investigación de la fiscala Ingrid Cubilla, Dionisio Cáceres cumplía funciones de secretario y operador logístico de Sebastián Marset. El imputado negociaba la compra de drogas, coordinaba el transporte de los cargamentos y facilitaba la venta de la mercadería. La Fiscalía sostiene que la pareja del procesado y su hermano administraban comercios para ingresar el dinero ilícito al sistema legal.