Pasaron dos semanas desde que el gremio Auténticos Aboga­dos del Paraguay (AAP) presentó un amparo cons­titucional, una de las medi­das judiciales más rápidas que se dispone con el obje­tivo de frenar el cuestio­nado concurso para con­tratación de personal en Itaipú Binacional; sin embargo, hasta la fecha no se dio estudio al recurso con el que el referido gre­mio busca proteger el dere­cho al trabajo y a la igualdad amparados en la Constitu­ción Nacional.

El amparo se había remi­tido el pasado 5 de julio al Juzgado en lo Civil número 22 de Asunción, donde fue rechazado “in límite” por el juez Martín Acosta; es decir, que ni siquiera dieron estu­dio al documento presen­tado por el referido gremio por supuestamente “no jus­tificar la personería jurídica de los accionarios”, los cua­les fueron plenamente pre­sentados, según manifestó el abogado Juan Prieto, pre­sidente de AAP.

El gremio sostiene que el cuestionado proceso selec­tivo va en contra de lo esta­blecido en la Carta Magna, debido a que entre los requi­sitos excluyentes de pues­tos como el de “asesor legal – Departamento de Licita­ciones y Contratos” y otros, se establece que los con­cursantes deben tener un máximo de 30 años de edad.

“La Constitución Nacional no establece ninguna edad para participar en ningún concurso y la Itaipú Binacio­nal, siendo un administra­dor de la cosa pública, está obligado al cumplimiento de la ley”, lamentó Prieto.

Tras este rechazo, el presi­dente del gremio recurrió a la Cámara de Apelacio­nes y el caso fue remitido a la segunda sala del Tri­bunal de Apelaciones en lo Civil de la capital a cargo de los jueces Guido Cocco Samudio, Juan Carlos Pare­des y María Sol Zuccolillo. Sin embargo, cuando pare­cía que iban a resolver el caso, la magistrada Zucco­lillo solicitó permiso y se estancó el proceso.

Por los tiempos que rigen, se espera que hoy se designe el reemplazo pertinente, mientras tanto el concurso minado de denuncias está a punto de cerrarse.

Esta no es la primera denun­cia sobre el concurso, ya que hace dos meses, el abogado Wilson Benítez cuestionó a la binacional la falta de transpa­rencia en el proceso selectivo y solicitó “que todo el proceso sea público”, y en la misma fecha, la Cámara de Senado­res solicitó un informe sobre dicho proceso selectivo; sin embargo, hasta la fecha nin­guno de los pedidos fueron contestados por la Itaipú.

La empresa Tecno Dinámica SRL remitió un comunicado a nuestra redacción con relación a nuestra publicación del pasado lunes 17 de julio titulada: “Esposa de Ullón, con superascenso en el MOPC”. La firma figura entre los activos (como herencia) en las declaraciones del empresario Julio Ullón , exjefe de gabinete de la Presiden­cia de la República y en el material periodístico referimos el ascenso que experimentó su esposa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones, con dos cargos de alta relevancia, uno de ellos el de proyecto para el “Desarrollo de capaci­dades de gestión MOPC”, considerando las licita­ciones por valor de G. 55.590 millones que el polí­tico había acumulado en esta cartera estatal.

“El señor Julio Vicente Ullón Brizuela es accio­nista de nuestra empresa desde la declaración de herederos inscripta en los registros pertinentes el 30 de setiembre del 2020 con 8,33 % de par­ticipación accionaria y que desde que fue desig­nado accionista a través de dicha medida judicial, la empresa solamente ha sido adjudicada con un contrato en consorcio en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con otra empresa por un monto de G. 2.488.836.756 para la fiscaliza­ción de la construcción de la Terminal de Cargas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en la ciudad de Presidente Franco. Este contrato fue adjudicado en noviem­bre de 2022, mucho antes de la designación de la Sra. María Celeste Solís Bogado, esposa del Sr. Julio Vicente Ullón Brizuela, como directora de Control Interno y directora nacional del Proyecto PNUD en abril de este año”.

“Hemos tomado una decisión en relación con la designación de la Sra. Solís Bogado en un cargo gerencial del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC). A partir de dicha designación desde abril de este año, se ha deci­dido no participar en ningún proceso licitatorio en el mencionado Ministerio”.

Fredy Antonio Florencio Brítez, con 12 órdenes de capturas por supuesto hurto, supuesto hecho contra la autonomía sexual, homicidio doloso y coacción sexual, fue detenido en el barrio Florida de Caaguazú.

El exfiscal del caso, Darío Baudelio, informó acerca de los elementos obtenidos en su momento.

“Lo fundamental que se tiene es el levantamiento de plasmas seminales y semen que se encontraron en la ropa que tenía la niña y que fueron remitidas al Departamento de Investigación de Delitos y tiene que ser comparado con el sospechoso”, explicó Baudelio, en una entrevista con radio Universo. Al repsecto, la fiscal actual Carina Sánchez confirmó que esos elementos están bajo resguardo.

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Florencio Brítez fue visto con la niña conduciéndola hacia el lugar en el que encontraron muerta a la pequeña de 11 años. Es decir, no existen testigos presenciales del hecho, pero sí referenciales.

“Este señor la iba conduciendo a esta niña por un sendero que llevaba a la serranía y una persona que regresaba de su lugar de trabajo la vio , pero no perpetrando el hecho, sino que le estaba llevando”, comentó el exfiscal Baudelio.

Freddy Florenciano vivía en la casa de una persona mayor de edad y, según se describe en el acta policial, él era el casero de esta persona. “No sé en qué carácter porque llama la atención que una persona mayor de edad viva en casa de un tercero que no sea su pariente”, opinó.

Aclaró que, mientras él estuvo al frente de la investigación, se encargó de reiterar la orden de captura vigente, y que está convencido de que alguien ayudaba al sospechosos a mantenerse prófugo, lo cual, recordó, constituye un hecho punible, al no dar aviso.

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El sitio fue intervenido en el marco de una causa por trata de personas, abuso sexual infantil y otros delitos. Al ingresar, los intervinientes hallaron un escenario perturbador, con altares con figuras rituales, imágenes religiosas intervenidas, velas, cráneos decorativos, collares, bebidas alcohólicas y animales vivos —gallinas y cabras— junto a restos de otros animales sacrificados.

El principal sospechoso, Adrián Ancelmo Aveiro Silgueiro, paraguayo de 40 años, fue aprehendido en el lugar. En su poder se incautaron cinco teléfonos celulares de distintas marcas, un pendrive y un certificado de nacimiento.

Las víctimas rescatadas fueron una niña de 3 años y un adolescente de 15, quienes no guardaban parentesco con el detenido. Ambos fueron trasladados al Ministerio Público para su evaluación médica integral.

La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y Abuso Sexual de Alto Paraná y Canindeyú, ordenó la aprehensión del hombre y la incautación de evidencias tras constatar indicios de hechos punibles.

El subcomisario José Rolón informó que en el sitio convivían al menos cuatro adultos y dos menores, sin lazos familiares. “Hay muchísimas imágenes y cosas que jamás había visto. Se trata de rituales en los que, aparentemente, se hacían sacrificios a cambio de favores”, expresó. No se descarta que se hayan cometido otros hechos aún más graves en el pasado, como presuntos sacrificios humanos, según las imágenes halladas.

El agente fiscal de Luque, Jorge Escobar, formuló imputación contra un hombre por la presunta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños.

Según relató, fueron alertados por el médico de guardia del Hospital General de Luque, luego de que atendiera a una niña de 12 años que llegó a urgencias por un dolor en el estómago, pero al realizarle los estudios detectaron un embarazo de 12 a 16 semanas.

La niña sindicó a su hermano, de 20 años, como supuesto autor del abuso sexual, por lo que, rápidamente se solicitó la prisión preventiva del joven.

“Con la colaboración de la madre se ha podido presentar esta persona, a la cual ya se le ha imputado, y se ha requerido las medidas de prisión preventivas por la gravedad del hecho”, expresó el fiscal a la radio 780 AM.

Sospechan que el abuso se habría registrado en varias ocasiones, desde que la niña tenía 6 años, siendo el pasado sábado la última vez. La madre no estaba en conocimiento del hecho.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso, mientras se garantiza la protección y asistencia a la niña, según señalan desde el Ministerio Público.