La firma Abbif SA se caracterizó por no pagar (informe de contralor) los arrendamientos a la previsional. Luego, cuando la Contraloría General detectó los dos casos, determinó que la administración del ente rescindiera el contrato, por incumplimiento, pero lo hizo de manera no ajustada a elementales principios de derecho, y abrió sus puertas “invitando” a que lo demanden.

Fue lo que lógicamente ocurrió. Hiram Abbif SA, antes que retirarse de un eventual pleito, promovió la demanda contra el Instituto. El equipo jurídico cometió el “inocente” error procesal que permitió a la firma, ganar el pleito en la Justicia, con meteórica rapidez.

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El 5 de noviembre del 2021 el Juzgado que falló contra el IPS, ordenó el pago por “indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual”. La suma perdida: 12.439 millones de guaraníes (más costes de abogados) que, como se sabe, se realizó a costa del aporte de los asegurados.

¿Cómo una empresa que debía ser demandada gana la demanda contra el IPS?

Dice el informe de la Contraloría General de la República: “El IPS dejó de percibir aproximadamente G. 1.612.500.000 en concepto de alquiler de la cantina del Hospital Central, también dejó de recaudar aproximadamente G. 3.627.000.000 por arrendamiento de inmueble a la firma Hiram Abiff S.A”.

¿Cómo el IPS cometió el “error” que permitió el desangre de US$ 1,8 millones? Profesionales abogados abordaron el tema como un claro ejemplo de cómo “dejarse” ganar demandas, de forma a echar manotazos al dinero de los asegurados. El caso engrosa un episodio más del negocio de dejarse ganar de forma “inocente” una demanda. ¿Quién es Hiram Adiff? Fue funcionario de la Compañía Paraguaya de Comunicación (Copaco). Arquitecto de profesión, el mismo articuló la Sociedad Anónima que lleva su nombre.

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El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.

Se trata del quinto grupo que hace uso de este mecanismo en lo que va del año, sumando un total de 77 personas trasladadas bajo este esquema de cooperación entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos.

De las 25 personas que integraron este último contingente, ocho gestionaron y financiaron su regreso por medios propios, mientras que las 17 restantes contaron con la asistencia integral de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo que asumió los costos de alojamiento y la logística operacional durante su estadía transitoria en el país.

Previo al ingreso al territorio paraguayo, la Dirección Nacional de Migraciones realizó las verificaciones de seguridad pertinentes a través de sus sistemas informáticos y del intercambio de datos con las autoridades de los países involucrados.

Estos controles no detectaron impedimentos legales ni alertas operativas, lo que permitió autorizar la permanencia temporal de los migrantes mientras se organizaba su salida definitiva, garantizando un proceso ordenado, seguro y con acompañamiento institucional.

Tras culminar los trámites correspondientes, la totalidad del contingente partió hacia sus naciones de procedencia: 22 de ellos viajaron a Ecuador, dos a Costa Rica y uno a República Dominicana.