“La Ley de Acceso a Información es vital en lucha contra la corrupción”

El abogado y activista por la transparencia remarcó la importancia de la Ley Nº 5282/14, destacando que en Paraguay el derecho de acceso a información pública es un derecho vivo. Santagada agrega que tener activa esta normativa como parte de legislación positiva es esencial para la democracia, siendo una de las herramientas principales para el control ciudadano.


Fuente: La Nación

Darío Arámbulo, dario.arambulo@nacionmedia.com

El abogado Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental en Paraguay (IDEA), destaca la importancia para la democracia de contar con la Ley Nº 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental que se promulgó en el 2014.

–¿Cómo nace en Paraguay el derecho de acceso a información pública?

–El derecho a la información pública está consagrado en el Artículo 28 (del Derecho a Informarse) de la Constitución, si no lo estuviera se desprende de los artículos 26 y 29 (de la Libertad de Expresión y de Prensa, y de la Libertad de Ejercicio del Periodismo) donde se establece y se garantiza la libertad de expresión. El derecho al acceso a la información pública está sustancialmente unido al derecho a la libertad de expresión, necesitamos acceder a información para poder compartir o divulgar nuestras ideas. Sin información solamente estamos compartiendo una opinión no informada.

 –¿Qué importancia tiene para la democracia?

 –La misma importancia que tiene la libertad de expresión. No se puede concebir un régimen democrático sin la más amplia y razonable libertad de expresión, al punto tal que en su momento el Tribunal Europeo utiliza una metáfora muy interesante que dice que la libertad de expresión es cual “canario en la mina”. Los obreros ponían un canario en una mina, cuando había un exceso de gases tóxicos el canario moría y era la mejor advertencia de inseguridad porque dejaban de oírlo. Lo mismo pasa con la libertad de expresión, si no hay libertad de expresión, no hay democracia.

 –¿Por qué tardó tanto el proceso de tener una ley?

 –Porque al poder no le hace gracia que se acceda a la información pública. No es el mismo país, no es la misma relación mandante-mandatario con y sin una ley de acceso a la información. Lo que se pudo saber acerca del manejo de la cosa pública, del patrimonio de los funcionarios después de la Ley de Acceso a la Información es completamente distinto a lo que teníamos antes. Antes eran secretos a voces imposibles de verificar, hoy desde cuánto gana un funcionario hasta cuál es aproximadamente el patrimonio declarado y cómo se invierte el dinero público es accesible, con mayor o menor dificultad, pero eso hoy es accesible y exigible judicialmente.

 –¿Cuál es el balance que hace desde la implementación?

 –La implementación de la ley empezó bastante bien. El reglamento de la ley es muy bueno, es lo que ha permitido que exista el portal de acceso a la información pública, aunque había muchísimos más datos abiertos, hubo un inicio auspicioso que luego se fue ralentizando. Sin embargo, el derecho como tal existe, pero ha exigido mayor intervención del Poder Judicial para que sea efectivo. También el Ministerio de Justicia solía tener un rol un poco más activo y emitía opiniones, no vinculantes, pero que servían para orientar la interpretación de la ley, hoy eso no se hace. No obstante, hay mucha más transparencia que la que había antes.

 –¿Y la práctica desde los órganos públicos en los últimos tiempos?

 –En la práctica las instituciones lo toman como un derecho de segunda, no de primera, solamente cuando el tema es judicializado o es llevado a la prensa el sistema funciona. Por supuesto que eso es mejor de lo que había antes sin ley, pero en vista de ser óptimo le falta muchísimo todavía, pero la ley es una de las principales herramientas para el control ciudadano, es vital para la lucha contra la corrupción, permite un mejor control de la cosa pública. No es lo mismo estar opinando simplemente con rumores que con información pública.

 –¿Qué cambios sugeriría a la ley?

 –El proyecto de ley de acceso a la información conozco, porque tuve junto con otras organizaciones un rol activo, y que se presentó (ante el Congreso) no fue la ley que salió, fue la ley posible, no fue la ley ideal y requiere ajustes. Ese proyecto por ejemplo prevía lo que jurídicamente se conoce como astreintes, que es una multa diaria y progresiva para quienes no cumplen. Hoy esto queda en una sanción que no se termina de entender si es penal o administrativa y que pocas veces se ha aplicado, lo cual hace que las sanciones sean muy poco efectivas.

 –¿A cargo de quién queda la sanción?

 –No hay un órgano garante, tal vez sea bueno que lo hubiera o al menos un coadyuvante, una institución estatal que pudiera decidir en una suerte de primera instancia administrativa de forma electrónica y rápida si se debe o no entregar la información y, por supuesto, después la acción judicial si fuera el caso.

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 Faltan algunas cuestiones a definir en cuanto a interpretación que en este momento lo tiene la Corte Suprema de Justicia, uno como se cuentan los plazos y si son días hábiles o no, para interponer la acción judicial, nosotros entendemos que se cuentan solamente los días hábiles. Y otro muy importante son las costas judiciales, si es posible imponer costas judiciales a quien solicite información, esto es clave ya que hay una suerte de temor, la gente piensa dos veces antes de iniciar una acción judicial, porque está exigiendo un derecho por lo general de interés público y después tiene que estar pagando a abogados del Estado, parece un despropósito.

 –¿Y sobre alguna reforma del texto normativo?

 –Hay que tener mucho cuidado al plantear, no impulsamos muchas reformas legales por temor a que salga algo peor. Hoy por hoy con lo que contamos, más algunas interpretaciones judiciales que esperamos de la Corte, tenemos un razonable ejercicio del derecho de acceso a la información. Está a la vista el control que ejerce, sobre todo en la prensa con el tema de declaraciones juradas, creo que eso es clave, no importa el posicionamiento político, uno a otro se tira con declaraciones juradas y esto es muy sano para la democracia.

 –¿El papel de los órganos jurisdiccionales es clave?

 –Hoy tenemos una Ley de Acceso a la Información y hay cierto temor por parte de los funcionarios cuando se hace una solicitud de acceso a la información, porque saben que muchas veces cuando se judicializa hay órdenes judiciales que son favorables. Si no hubiera habido un pronunciamiento del Poder Judicial, y no digo solamente de la Corte, sino en general, tal vez no se tendría una ley. El Poder Judicial ha sido generoso en la interpretación de la Ley de Acceso a la Información, creo que eso es lo que debemos resaltar.

 –¿La evaluación final es que la ley es sumamente útil?

 –Todavía podría exprimir mucho más el jugo a la ley vía acciones judiciales, preferiría eso a que haya una reforma en un momento de tumulto político. Entonces yo la dejaría por ahora así como está y haría un llamado a la gente a utilizarla más, de todos modos se ha usado bastante, hay varias solicitudes por vía del derecho de acceso a la información pública que hoy es un derecho vivo.

Condenan a padre irresponsable por incumplir deber alimentario

La justicia dispuso una condena de tres años de prisión a un padre por incumplimiento del deber alimentario.

El fiscal de Curuguaty, Christian Roig, obtuvo una condena de 3 años de pena privativa de libertad para un hombre de 37 años que fue acusado por el Ministerio Público por incumplimiento del deber legal alimentario. El Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá encontró culpable al procesado, quien fue denunciado por su expareja.

Los antecedentes del caso refieren que el 15 de setiembre de 2014, ante la oficina de Mediación del Poder Judicial la pareja llegó a un acuerdo en el que el acusado asumió su compromiso de depositar la suma de G. 350.000, en concepto de prestación de alimentos a favor de su hijo menor, homologando dicho acuerdo el 11 de diciembre de ese año por S.D. n.º 102 ante el Juzgado de Primera Instancia de Curuguaty.

La citada resolución fue incumplida por el acusado, teniendo en cuenta el informe del Banco Nacional que data que desde la apertura de la cuenta judicial en fecha 12 de marzo de 2015, no se hallan registrados los depósitos en la forma que establece la sentencia en cuanto al monto y de manera mensual incumpliendo la sentencia que establece la obligación legal a favor de su menor hijo.

El tribunal integrado por los magistrados Cynthia Espinola, Benito González y Victor Villaverde luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público resolvieron condenar al procesado a 3 años de pena privativa de libertad.

Peña se reunirá en Miami con empresarios interesados en invertir en Paraguay

El presidente Santiago Peña, partió este miércoles para Estados Unidos, específicamente, a la ciudad de Miami, donde tiene previsto mantener varias reuniones con grupos empresariales interesados en invertir en Paraguay.

El mandatario viajó acompañado por la primera dama Leticia Ocampos, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

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Su agenda incluirá una serie de conferencias y reuniones con autoridades del sector de la academia y la sociedad del estado de Florida.

Peña será condecorado con una mención especial este viernes 31 de mayo durante uno de los encuentros, según mencionó el canciller Nacional.

Posteriormente, el jefe de Estado y su comitiva se trasladarán desde Miami a El Salvador para la asunción al mando del presidente Nayib Bukele, prevista para el 1 de junio. Peña retornará al país al concluir ese acto.

Che Róga Porã: implementan facilidades tributarias

En el marco del programa Che Róga Porã, el Gobierno dispuso implementar facilidades tributarias, de modo a estimular el acceso a la casa propia de los paraguayos.

El Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, estableció hoy un nuevo incentivo con el fin de que más paraguayos accedan a la primera vivienda. Es así que, mediante la Resolución General N°10/24, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) dispuso medidas de facilitación y simplificación de las obligaciones tributarias en favor de los Fideicomisos de Garantía que participan del programa Che Róga Porã.

Estos pasos importantes permiten aliviar la carga operativa en la gestión de cuentas fiduciarias para los emprendimientos de desarrollo inmobiliario, como también, reducir los costos financieros para los préstamos de la vivienda dentro del programa, beneficiando directamente a las familias de ingresos medios que sueñan con una casa propia.

Che Róga Porã se ha ido fortaleciendo con la participación de diversos actores de la sociedad a lo largo de tres fases de implementación y avanza para consolidarse como una política pública con capacidad para encarar el déficit habitacional a nivel país.

El Gobierno está incentivando decididamente al rubro de la construcción y las gestiones financieras para que más familias puedan tener acceso a un techo digno que mejore su calidad de vida y traiga bienestar a sus comunidades.