En charla con radio Cáritas, el decano de la Facultad de Ingeniería, Éver Cabrera, indicó que ya está cansado del “patoterismo” que llevan a cabo los estudiantes que exigen su salida de la casa de estudios.

El entrevistado aseveró que tanto los funcionarios que desean trabajar como los alumnos que quieren estudiar, son escrachados por los estudiantes.

La autoridad de la institución reveló que el foco central del conflicto en el lugar se trata de una lucha por el poder. “Los del Centro de Estudiantes ya tienen mandato vencido. Aquí la cosa es por el poder no por una mejor facultad. Estos estudiantes manejaban la facultad con el anterior Decano (Cirilo Hernáez) teniendo varios beneficios”, lanzó.

A través de una cuenta en Twitter, de FIUNANoTeCalles, se expusieron fotografías de las aulas cerradas con sillas y piedras, portones soldados, sillas tiradas, cámaras tapadas y cerraduras obstruidas.

“Destruir bienes de la facultad, no permitir que funcionarios trabajen en sus oficinas. No luchan por mejor educación, luchan por poder. Dicen que quieren lo mejor y no dejan estudiar a los compañeros que queremos entrar a las clases, eso es agresión señores”, indicaron los alumnos que no están a favor de la medida de fuerza.

MANIFESTANTES RESPONDEN

Consultada al respecto, Liz Díaz, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería, manifestó a HOY que rechazan las acusaciones lanzadas en contra de los movilizados, al asegurar que no existe ninguna injerencia política alguna.

Así también, la joven indicó que “no puede estar acusando de una guerra de poderes, que él mismo está haciendo al no dejar de que se realicen las clases, al no renunciar”. Agregó que el Éver Cabrera no responde al rechazo de los estudiantes.

La universitaria, con relación al mandato fenecido, respondió que la asamblea estudiantil es por estatuto la mayor autoridad de los estudiantes e indicó que esta decidió que se posponga la mesa electoral para evitar la rivalidad entre los alumnos, justamente en este momento de crisis.

En cuanto a la aceptación de la medida de fuerza, Díaz afirmó que solamente un porcentaje ínfimo es el que desea tener clases, y aseveró que sí lo están pudiendo realizar en algunas aulas habilitadas para el efecto. “Dos o tres estudiantes por aulas van a estudiar”, acotó.

La vice del Centro de Estudiantes aseveró también que no destruyeron elementos de la casa de estudios y que desde el principio se comprometieron a arreglar de concretarse algún daño al patrimonio de la facultad. Puntualizó por último que fueron los propios trabajadores enviados por el Decano quienes realizaron ayer destrozos al intentar destrabar el paro por la fuerza.

De frente y con las fuerzas de seguridad peleando la guerra. Así describe el comandante en jefe de Santiago Peña al modo de combate a las estructuras criminales en nuestro país.

La configuración utilizada es la del Consejo de Defensa Nacional, que reúne a todas las agencias de seguridad y no deja espacio para individualidades y ni conquistas personales.

La premisa parte de la base de que, la facilidad con que opera el crimen organizado se debe a que encuentra un Gobierno desorganizado. Por ejemplo, el problema penitenciario tuvo una primera ofensiva con el operativo Veneratio. Además, el tráfico de armas con la operación Dakovo, que permitió el desmantelamiento de una estructura.

Otra medida implementada en el marco de esta lucha fue la reglamentación de la ley de tráfico de armas, una legislación que llevaba 14 años sin este paso. “A nadie le llamó la atención que hace 14 años no se reglamenta, que se ingresaban armas con una facilidad tremenda”, expresó Peña, en una entrevista con Telefuturo.

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Como otra acción reciente mencionó la expulsión de 25 criminales buscado en el Brasil y pertenecientes a peligrosas facciones criminales del Comando Vermelho y del PCC y la proyección de enviar a más delincuentes.

A FUTURO

La próxima semana se prevé la inauguración de la cárcel de Minga Guazú en Alto Paraná y, en pocas semanas, otras dos en Emboscada. La idea es descomprimir a la población penitenciaria.

Consultado sobre cómo enfrentar la infiltración política en el crimen organizado, contestó: “Son pequeños actos de coraje, nombrar un comandante que es el primero de su promoción y tiene una foja impecable. Donde encontramos debilidad estamos haciendo los cambios”.

El reporte policial señala que la víctima fue una joven comerciante y su acompañante, que llevaban dicha suma para depositarla en el banco de plaza. El dinero era la recaudación del negocio propiedad de su padre, un supermercado ubicado en el centro de esa ciudad.

Una vez más, los atracadores desvelaron el detalle de que manejaban información precisa de la operación que iban a realizar en la entidad bancaria.

“Lo que queda claro es que los delincuentes manejaban información privilegiada, porque se comprobó (por circuito de cámara) que ya estaban esperando la víctima”, dijo el Comisario Juan Ferreira a medios de comunicación.

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En las imágenes que se observa, se comprueba que el vehículo en el que estaban los criminales, estuvo varios minutos estacionados, y ni bien los que llevaban el dinero subieron a la camioneta, bajaron dos hombres que, armas en mano, intimaron a la entrega del bolso de plata. Incluso realizaron disparos intimidatorios.

Tras cometer el ilícito, los marginales huyeron en el mismo vehículo que después abandonaron, totalmente incinerado.

“Se está levantando imágenes de circuitos para juntar elementos que puedan ayudar a llegar hasta estos delincuentes”, acotó el Comisario Ferreira.

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El agente fiscal Juan Ramón Olmedo, de la Unidad Zonal de San Pedro de Ycuamandyyú, representó al Ministerio Público en el juicio que derivó en la condena de un hombre a 20 años de pena carcelaria, tras ser hallado culpable de abuso sexual en niños.

Los antecedentes de la causa refieren que en fecha 15 de mayo de 2022, en la localidad de Isla Sola, distrito de Nueva Germania, el hoy condenado cometió el hecho resultando víctima una niña que entonces contaba con 3 años de edad.

Considerando todos los elementos probatorios producidos en ocasión del juicio, el Tribunal de Sentencia presidido por Guido C. Marecos y conformado por Rodney R. Rejalaga y Norma Mabel Fleitas emitió la condena de 20 años de pena privativa de libertad.