Solo con una orden judicial se puede impedir que una persona privada de su libertad reciba visita en “las privadas” ya que es un derecho establecido en el Código Penal, no ha otra manera de privar de eso a un recluso, aclaró Cecilia Pérez, ministra de Justicia.

En cuanto a seguridad, el control que realizan guarda relación con que no existan hechos de violencia entre recluso y visita, que no ingresen drogas ni armas y que el comportamiento o conducta sexual de ambos en el encuentro ya no les corresponde atendiendo el hecho que se comentó que una de las visitas de Bruno Marabel resultó embarazada.

“Nuestro nivel de control en cuanto a esto llega a que no haya hechos de violencia, que no se viole el régimen penitenciario ni que se meta drogas o armas, tiene más que ver con un régimen disciplinario hasta donde llegamos”, afirmó en contacto con la 1080 AM.

Pérez manifestó que en todo el contexto del pandemia y las restricción en las visitas, los mismos reclusos eligieron la visita íntima a la social. “Con todo esto de las restricciones la visita íntima calma a la población”, afirmó.

Destacó que en el caso de los embarazos en reclusas sí puede resultar complicado ya que el hijo o hija desde que nace hasta los 4 años pasa en prisión con su madre y eso significa la primera infancia, no es lo ideal pero es el derecho de ambos, aclaró la abogada.

“En eso sí trabajamos con la educación sexual y reproductiva pero las mujeres nos cuentan que sus parejas no quieren usar preservativos cuando las visitan y nuestro control no llega hasta saber si usaron o no preservativo, no podemos llegar a eso”, indicó.

Con relación a las visitas íntimas entre personas del mismo sexo, Pérez recordó que se llegó a una discusión judicial que finalmente fue rechazada. “A la hora de la verdad si en una celda hay más de una persona del mismo sexo no controlamos si tienen sexo entre ellos, esa es la realidad”, señaló.

Sobre las visitas que reciben los criminales y delincuentes como Marabel y otros, Pérez mencionó que ante la consulta hecha a una profesional de la Psicología esta mencionó que los reclusos resultan atractivos porque en cada encuentro “se esmeran más” y existen casos de personas privadas de libertad que se ponen en pareja con personas que están en libertad sin haber sido convivientes antes de ingresar a la penitenciaría.

“Lo lo tienen cualquier día ni a cualquier hora, te toca cuando te toca, no es como nosotros que si estamos en pareja hoy digo sí o digo no”, puntualizó.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.