El proyecto «Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas», presentado bajo la necesidad de apagar un incendio de 600 millones de dólares adeudados a farmacéuticas y vialeras, no pretende desconocer las deudas con otros sectores, pero sí conseguir financiamiento para las de mayor volumen.

“Estos sectores no van a ser los únicos, cada ministerio tiene su presupuesto y con ese manejo van a ir resolviendo, pero una deuda de 350 millones es inmanejable si uno quiere utilizar su presupuesto actual”, comentó el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, en contacto con Gen- Nación Media.

Como ejemplo mencionó que el Plan de Gastos de Salud Pública del año que viene, en lo que refiere netamente a medicamentos, es de USD 300 millones de dólares, es decir, ni si utilizara el 100 % de esos recursos, no alcanzaría para cubrir el pasivo, por lo tanto, al tratarse de sumas siderales, la única salida es la búsqueda de un financiamiento.

Sobre este punto, detalló que, el 87 % del Presupuesto General de Gastos de la Nación va destinado a gastos corrientes, entre ellos, salarios, deudas y prestaciones. El 13 % restante para los demás tipos de gastos, por lo tanto, no hay margen de maniobra que alcance para cubrir las deudas atrasadas.

En cuanto al cuestionamiento de las medidas extraordinarias y de los supuestos superpoderes concedidos al Ejecutivo a través de esta ley, el ministro explicó en qué consisten las autorizaciones contempladas en los artículos 5 y 6.

Puede interesarle: Lo que implica para Argentina que Paraguay retire el total de energía

Por ejemplo, existe un financiamiento de USD 120 millones de dólares para una obra de infraestructura, pero el límite de lo que se puede gastar este año es de 100 millones. Es decir, esa obra dispone de los 120 millones en los papeles, pero carece de lo que denominan créditos presupuestarios para completar el total.

Lo que la legislación plantea es habilitar a que el Ministerio de Economía conceda ese dinero que ya está presupuestado y que no implica sacar recursos de otros rubros, sino,-de ser necesario- permitir la ejecución del 100 % previsto, en lugar de limitarlo.

“Los recursos están, lo que se necesita son los créditos presupuestarios para que se pueda gastar en esa línea, una reasignación de los créditos presupuestarios”, indicó.

Lo mismo sucede con Tekoporä Mbarete, donde se dispuso un incremento del 25 %, pero el presupuesto actual no contempla esa diferencia.

Lea también: Hasta 45 días para lograr acuerdo en la hidrovía y pedido de no cobrar mientras tanto

LA LEY

El proyecto otorga autorización para la contratación de empréstitos hasta US$ 600.000.000, para lo cual,  faculta al Ministerio de Economía a la emisión y colocación de Títulos de Deuda del Tesoro Público en el mercado local o internacional, que permitan captar recursos hasta el monto mencionado.

También se podrá suscribir contratos de préstamos con organismos financieros internacionales, multilaterales, bilaterales y de ayuda oficial hasta dicho monto

A través de una intensa campaña por parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), lograron vacunar a más niños en todos los departamentos del país, siendo Canindeyú el que lidera el proceso.

Según el Ministerio de Salud, para lograr este progreso, se implementó un sistema de monitoreo basado en tableros dinámicos, que integran los registros nominales del Registro de Vacunación Electrónico (RVE).

Esta herramienta permite visualizar en tiempo real el avance de la vacunación infantil, además, identificar barrios, distritos o regiones con brechas, y reforzar rápidamente las acciones donde más se necesita.

Desde octubre se inició el envío de recordatorios por WhatsApp a madres, padres y tutores de niñas y niños de 12 a 23 meses con dosis pendientes. Los mensajes, personalizados con el nombre del niño o niña y la vacuna requerida, orientan a las familias a acudir al vacunatorio más cercano del sistema público.

El objetivo es facilitar la vacunación en tiempo y forma, proteger contra sarampión, paperas y rubéola y reducir el riesgo de brotes.

Una paciente de 70 años de edad, proveniente de la ciudad de San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú, fue sometida a una cirugía de reemplazo de las válvulas aórtica y mitral en el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Nacional, convirtiéndose en la primera intervención de este tipo realizada en el lugar.

La paciente presentaba un problema en las válvulas del corazón que le dificultaba bombear correctamente la sangre, y debían reemplazarse.

Durante la cirugía se colocaron válvulas artificiales que reemplazan a las dañadas y permiten al corazón volver a trabajar con normalidad.

El Dr. Sergio Cabral, del servicio de cirugía cardiovascular, informó que ya se han realizado intervenciones complejas, incluso con reemplazo simultáneo de tres válvulas. La novedad en este caso fue la implantación de la primera válvula cardíaca sin suturas, conocida como Perceval.

En esta intervención, la paciente recibió el reemplazo valvular sin necesidad de suturas.

La paciente aguardaba este procedimiento desde hacía seis meses y contaba con una buena función del corazón antes de la operación.

La agente fiscal Ruth Benítez dispuso la intervención en la oficina situada sobre la Avda. General Santos casi Concordia, en la ciudad de Asunción.

Durante la verificación preliminar se constató que documentos confidenciales vinculados con al menos 14 agencias de turismo se encontraban publicados en un sitio web sin ningún tipo de autenticación ni medidas de seguridad.

Entre los archivos expuestos figuraban datos personales de clientes, información de tickets aéreos, reservas de hoteles y traslados, además de facturas, contratos, transferencias de montos, movimientos financieros y datos asociados a cuentas bancarias.

La información estaba disponible para cualquier persona con acceso a internet, lo que constituye una posible violación grave de seguridad y protección de datos.

De acuerdo al Ministerio Público, durante el procedimiento fueron asegurados elementos de interés investigativo, incluyendo la copia forense de los datos expuestos, con un volumen aproximado de 200 GB, y la descarga íntegra del sitio web donde se encontraban alojados los archivos.