El proyecto «Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas», presentado bajo la necesidad de apagar un incendio de 600 millones de dólares adeudados a farmacéuticas y vialeras, no pretende desconocer las deudas con otros sectores, pero sí conseguir financiamiento para las de mayor volumen.

“Estos sectores no van a ser los únicos, cada ministerio tiene su presupuesto y con ese manejo van a ir resolviendo, pero una deuda de 350 millones es inmanejable si uno quiere utilizar su presupuesto actual”, comentó el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, en contacto con Gen- Nación Media.

Como ejemplo mencionó que el Plan de Gastos de Salud Pública del año que viene, en lo que refiere netamente a medicamentos, es de USD 300 millones de dólares, es decir, ni si utilizara el 100 % de esos recursos, no alcanzaría para cubrir el pasivo, por lo tanto, al tratarse de sumas siderales, la única salida es la búsqueda de un financiamiento.

Sobre este punto, detalló que, el 87 % del Presupuesto General de Gastos de la Nación va destinado a gastos corrientes, entre ellos, salarios, deudas y prestaciones. El 13 % restante para los demás tipos de gastos, por lo tanto, no hay margen de maniobra que alcance para cubrir las deudas atrasadas.

En cuanto al cuestionamiento de las medidas extraordinarias y de los supuestos superpoderes concedidos al Ejecutivo a través de esta ley, el ministro explicó en qué consisten las autorizaciones contempladas en los artículos 5 y 6.

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Por ejemplo, existe un financiamiento de USD 120 millones de dólares para una obra de infraestructura, pero el límite de lo que se puede gastar este año es de 100 millones. Es decir, esa obra dispone de los 120 millones en los papeles, pero carece de lo que denominan créditos presupuestarios para completar el total.

Lo que la legislación plantea es habilitar a que el Ministerio de Economía conceda ese dinero que ya está presupuestado y que no implica sacar recursos de otros rubros, sino,-de ser necesario- permitir la ejecución del 100 % previsto, en lugar de limitarlo.

“Los recursos están, lo que se necesita son los créditos presupuestarios para que se pueda gastar en esa línea, una reasignación de los créditos presupuestarios”, indicó.

Lo mismo sucede con Tekoporä Mbarete, donde se dispuso un incremento del 25 %, pero el presupuesto actual no contempla esa diferencia.

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LA LEY

El proyecto otorga autorización para la contratación de empréstitos hasta US$ 600.000.000, para lo cual,  faculta al Ministerio de Economía a la emisión y colocación de Títulos de Deuda del Tesoro Público en el mercado local o internacional, que permitan captar recursos hasta el monto mencionado.

También se podrá suscribir contratos de préstamos con organismos financieros internacionales, multilaterales, bilaterales y de ayuda oficial hasta dicho monto

En el transcurso de este viernes se confirmó la comparecencia de los procesados Marcelo Bordón Leiva, Verónica Alexandra Blanco Bogado, Hugo Enrique Aranda Noguera, José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López y Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz.

La mayoría de estos exfuncionarios del IPS fueron beneficiados con la libertad ambulatoria por disposición del juez Rodrigo Estigarribia, ante quien se presentaron para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

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Previamente, habían accedido a esta misma medida alternativa a la prisión el expresidente del IPS, Jorge Magno Brítez, y la exfuncionaria de la asesoría jurídica de la previsional, Rosa Concepción Colmán.

Todos los imputados por lesión de confianza presentaron inmuebles valuados en millones de guaraníes como caución real, a fin de poder acceder a una salida procesal por parte del juzgado.

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El Ministerio Público abrió una causa penal tras la denuncia por supuesto daño patrimonial al Instituto de Previsión Social (IPS), por una suma estimada de G. 61.000 millones, a raíz de la fallida instalación de quirófanos modulares.

El único de los procesados que aún sigue pendiente de presentarse ante la justicia es Vicente Bataglia, también extitular del IPS, quien se encuentra de viaje por Italia, conforme a lo manifestado por su representante legal.

El doctor Pablo Lemir, jefe de Medicina Forense del Ministerio Público, explicó que la autopsia fue bastante compleja, ya que primero tuvieron que hacer una reconstrucción del cuerpo y de cada una de las partes desarticuladas.

“Esta niña fallece por una asfixia bastante particular porque se da por un proceso de inhibición dentro del marco de una inmersión. No es que el agua haya entrado a todos los pulmones, sino que un líquido con un alto componente tipo térreo y pasto llega al tercio medio de la tráquea, eso provoca una inhibición de la laringe y hace que se cierre como acto reflejo, y eso provoca la asfixia”, relató Lemir.

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Esto significa que alguien la sumergió o que ella misma se sumergió, pero el agua no llenó los pulmones, sino que solo llegó al tercio medio de la tráquea (si trazáramos una línea recta desde el cuello hasta el pecho, este punto se situaría en el medio ). La violencia y el desmembramiento son postmortem. El cuerpo está totalmente desarticulado en cada una de las uniones.

La data de muerte es de siete días,lo cual impidió encontrar líquidos y sustancias; sin embargo, sí pudo descartarse el embarazo. Tampoco se pudo extraer orina porque la vejiga estaba vacía. Este procedimiento fue hecho como anticipo jurisdiccional de prueba.

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Este jueves volvió a ser suspendido el juicio oral y público contra un hombre de 42 años, acusado por un supuesto abuso sexual que tuvo como víctima a su sobrina de solo 9 años, ocurrido en el departamento de Canindeyú.

El episodio data del año 2019, cuando este hombre habría sometido sexualmente a la menor de edad, aprovechando que sus padres se encontraban en un centro asistencial por motivos de salud, de acuerdo a la denuncia.

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Su abogado defensor, Toribio Vázquez Bogado, ayer presentó una nueva recusación contra los integrantes del Tribunal de Sentencia a cargo de la causa, lo cual derivó en la postergación del inicio del juicio.

El abogado Saúl González Ayala, representante legal de la familia de la víctima, manifestó al canal GEN que esta situación viene arrastrándose desde hace más de dos años, con continuas postergaciones, producto de incidentes y maniobras dilatorias.

Hasta el momento, ya suman siete suspensiones al juicio oral por este caso de abuso sexual en niños, impidiendo que el principal acusado pueda sentarse en el banquillo de los acusados. El propósito sería que la causa prescriba, afirmó.

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El profesional del derecho considera que este y todos los casos en los que se produjeron abusos contra menores de edad deben ser atendidos con celeridad, sin excepción. “Hay toda una comunidad que está pendiente de esto y está pidiendo justicia”, agregó.

El juicio debe llevarse a cabo en el Palacio de Justicia de Saltos del Guairá, en Canindeyú.