En la mañana de este lunes se llevaron a cabo las primeras audiencias públicas de los postulantes al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, a fin de suplir las vacancias dejadas por Alicia Pucheta y Miguel Óscar Bajac.

Uno de los primeros convocados para hacer su exposición fue el doctor Manuel Aguirre Rodas, quien se desempeña actualmente como juez de sentencia en el Poder Judicial.

En el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados, lugar en el que se desarrolló esta primera jornada de audiencias, también se presentó la señora Gloria Beatriz Miño de Aguirre (52), exesposa del magistrado, en compañía de su hija, Laura Correa.

La misma aprovechó la ocasión para volver a denunciar públicamente al juez Manuel Aguirre por haberla maltratado físicamente durante varios años, además de supuestamente haberla desalojado irregularmente de su vivienda.

En ese sentido, Miño indicó que hace un año atrás su exesposo la había echado de la casa en la que vivía sin siquiera permitirle sacar todas sus prendas de vestir. Asimismo, lo acusó de llevarse consigo a su hijo menor de 17 años sin su consentimiento y de juntarse con otra mujer que, supuestamente, ya tiene una denuncia por estafa.

“Durante 8 años hice denuncias y siempre desaparecieron”, afirmó la mujer a los medios de comunicación, lamentando que hasta el momento sus múltiples denuncias no hayan sido escuchadas.

HIJA DEL JUEZ CONFIRMA DENUNCIAS POR MALTRATO

Por su parte Laura Correa, hija de la denunciante, recordó que Aguirre tiene varias denuncias por violencia doméstica a raíz de los maltratos contra su madre quien, según mencionó, “vivió varios años sometida a él aguantando sus golpes y cuidando las apariencias para proteger a su familia”.

“Él es alcohólico, siempre iba con promesas de que iba a cambiar, de que iba a seguir un tratamiento para superar el alcoholismo. Muchas veces me daba pena porque el alcoholismo es una enfermedad. Él es misógino”, expresó.

Así también, Correa ratificó lo expresado por su madre al afirmar que las denuncias que fueron haciendo en los últimos años desaparecieron de la Fiscalía.

Según la hija, uno de los motivos por los que su mamá no hacía nada anteriormente era porque Aguirre se jactaba de su condición de juez y, valiéndose de ello, la manipulaba emocionalmente para hacerla sentir mal e impedirle acercarse a radicar la denuncia.

“SOY MUJERIEGO Y VOY A SEGUIR SIENDO HASTA EL DÍA QUE ME MUERA”

En un audio facilitado a periodistas se escucha decir a una persona (quien supuestamente sería el juez Aguirre): “Eso prueba que me gustan las mujeres, ¿entendés?, ni vos ni nadie me van a cambiar, soy mujeriego y voy a seguir siendo mujeriego hasta el día que me muera. Aceptalo o administralo, pero armando quilombo no me va a impedir hacer exactamente lo que estoy haciendo ahora. Lo siento, soy así y no pienso cambiar”.

DENUNCIAS POLICIALES POR MALTRATO, DESALOJO Y ABANDONO

El 26 de marzo del 2017, la señora Miño denunció que su exesposo la había maltratado físicamente, tomándola del cabello y arrojándola contra la pared, además de patearla en el muslo y golpearla en la cabeza. Según su declaración, no sería la primera vez que la había maltratado. Además, habría estado bajo los efectos del alcohol.

Según consta en una denuncia radicada en la Comisaría 19 Metropolitana y con fecha 7 de julio del 2017, Gloria Beatriz Miño de Aguirre había denunciado al juez Manuel Aguirre por violencia familiar. De acuerdo al acta policial, el magistrado había ido hasta la casa pidiéndole a su mujer que retire algunas cosas de la vivienda bajo el argumento de una supuesta reconciliación. Cuando ella se acerca para abrazarlo, Aguirre la agarra del cabello y, apretándole por el cuello, la tira al suelo burlándose de ella.

Otra denuncia anterior que data del 23 de junio del 2017, radicada en la Comisaría 9 Metropolitana, indica que el juez Aguirre también fue denunciado por su exesposa por abandono, dado que el mismo no regresaba a la vivienda luego de haberla maltratado.

El 14 de julio del 2017, se realizó otra denuncia en la que consta que el magistrado supuestamente ingresó al domicilio en compañía de una escribana pública para redactar un “acta de inventario” de todo lo que había en el domicilio. Posteriormente, Miño habría recibido un mensaje de texto de Aguirre en el que éste le solicitaba que desocupe la vivienda ya que “todo estaba inventariado” y que no toque nada, limitándose solo a llevar sus prendas de vestir.

LA VERSIÓN DEL JUEZ DENUNCIADO

Manuel Aguirre también habló con los medios de comunicación sobre estas denuncias de violencia familiar y afirmó que “nadie está ajeno a los altibajos que pueda presentar la vida”, por lo que indicó que como funcionario del Estado no puede andar respondiendo públicamente los ataques personales de su expareja.

Respecto a las denuncias de supuestos maltratos y al desalojo, Aguirre refirió: “Eso no es cierto, uno puede hacer una revisión en el expediente y se va a percatar que lo que dijo es una flagrante mentira”.

Esta mañana se llevó a cabo el acto de inauguración oficial del nuevo Centro de Mando y Control de la Prefectura General Naval, ubicado en el Destacamento Naval “Héroes del Chaco”.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro de Defensa, Óscar González, contando también con la presencia del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, entre otras autoridades.

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Este nuevo espacio cuenta con una moderna infraestructura tecnológica diseñada para optimizar la vigilancia, coordinación y respuesta operativa en los ríos de nuestro país.

Tal es así que se disponen de drones, embarcaciones y personal especializado que tendrán a su cargo coordinar acciones de patrullaje, control y seguridad en tiempo real.

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El gobierno de los Estados Unidos realizó la entrega de 8 embarcaciones interceptoras fluviales que forman parte del Programa de Resiliencia Fluvial, con capacidad de carga de hasta 2,600 lbs entre personal y equipo.

Las embarcaciones cuentan con tecnología de alta velocidad y maniobrabilidad, con capacidad de superar los 45 nudos, autonomía de 270 millas náuticas y equipamiento especializado para operaciones de patrullaje, rescate y control, fortaleciendo significativamente la presencia del Estado en las vías navegables.

Enrique López Arce informó que, según datos relevados en al menos 50 empresas de la ciudad de Asunción, se detectó un incremento de parejas dentro del entorno laboral, situación que, si bien no está prohibida ni constituye causal de despido, preocupa por sus efectos posteriores especialmente tras las rupturas amorosas.

Señaló que constantemente recibe consultas de este tipo a través de WhatsApp (991 700370) y que en los últimos tiempos aumentaron significativamente, pasando de un promedio de entre 5 a 10 casos mensuales a cerca de 30 en lo que va del 2026.

Gran parte de estas consultas están vinculadas a conflictos tras el fin de relaciones sentimentales entre compañeros, hay trabajadores que solicitan cambios de sección o área para no verle más a su ex y así evitar situaciones incómodas o tensiones laborales.

En empresas grandes, predominan los pedidos de reubicación interna, mientras que en compañías pequeñas aumentan las denuncias relacionadas con posibles casos de acoso laboral de parte de las exparejas, según detalló.

El especialista recordó que mantener una relación con un compañero de trabajo no es motivo de despido ni debe ser objeto de sanción. Sin embargo, aclaró que los conflictos derivados, especialmente si escalan a situaciones de acoso, sí pueden tener implicancias laborales.

En ese sentido, recomendó no “normalizar” este tipo de vínculos dentro del entorno laboral sin considerar sus posibles consecuencias, sobre todo cuando impactan en el clima organizacional.

Sobre el aumento de relaciones en el trabajo, el experto mencionó las largas jornadas laborales, el cansancio acumulado y el menor tiempo destinado a la vida social fuera del ámbito laboral.

A esto se suman condiciones económicas como el aumento del costo de la canasta familiar, subas en alquileres y combustibles, que llevan a muchas personas a pasar más tiempo en el trabajo que en otros espacios.

“Hoy la gente pasa más tiempo en la oficina que en su casa”, explicó, al describir la “tormenta perfecta” que favorece este tipo de vínculos.

En charla con GEN, el fiscal Néstor Coronel señaló que existen múltiples oficios enviados tanto al IPS como a la entidad bancaria, algunos de los cuales ya fueron respondidos parcialmente, aunque otros puntos siguen pendientes.

En particular, el Banco Atlas no aclaró aspectos vinculados a la inclusión de una cláusula específica dentro del contrato de fideicomiso, que posteriormente permitió la reasignación de recursos.

Coronel explicó que la investigación se encuentra en etapa de análisis documental, con revisión de contratos, borradores y órdenes de pago, en coordinación con información remitida por el IPS.

De acuerdo con los antecedentes, el fideicomiso estaba inicialmente orientado a la financiación de cuatro obras de salud: la terminación del Hospital Ingavi, la construcción de una policlínica, un hospital de día y un hospital hemato-oncológico.

Sin embargo, en el documento final se incorporó un quinto punto denominado “otros centros de salud”, lo que habilitó la redistribución de recursos hacia proyectos distintos a los originalmente previstos.

Varias auditorías del IPS señalan que esa modificación contractual derivó en la utilización de una parte significativa de los fondos en obras no contempladas inicialmente, algunas de ellas inclusive fueron obras fantasmas.

El fiscal indicó que la investigación busca establecer responsabilidades dentro del proceso de estructuración y ejecución del fideicomiso, aunque aclaró que aún no es posible atribuir responsabilidades individuales de forma definitiva. “Sería irresponsable adelantar conclusiones mientras seguimos analizando la documentación”, señaló durante la entrevista.

Añadió que el equipo fiscal continúa reconstruyendo el circuito administrativo y financiero del contrato para determinar cómo se aplicaron los recursos y bajo qué decisiones se realizaron las modificaciones.

Coronel sostuvo que tampoco es posible establecer un plazo exacto para la conclusión del análisis, aunque afirmó que el objetivo es avanzar en el menor tiempo posible.

Hay siete razones para rescindir el acuerdo leonino con Atlas y garantizar que los recursos se utilicen de manera correcta y transparente.

1. Desviaron gran parte del dinero a obras no presupuestadas:

El contrato tenía como objetivo financiar la construcción del Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día (Buongermini) y el Hospital Hemato-Oncológico. Solo el 26 % del dinero se destinó a estos proyectos, mientras que el 74 % restante se desvió a obras y refacciones bajo el ítem “Otros Centros de Salud”, incluido sin autorización del IPS.

Como consecuencia, dos de los cuatro hospitales no se concluyeron: el Hospital Día quedó con avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera fue iniciado con fondos del fideicomiso, obligando al IPS a destinar recursos propios para continuar las obras. Miles de asegurados quedaron esperando servicios que deberían haberse concretado hace años.

2. Falta de control: Atlas no informó al Banco Central, pese a ser su obligación legal.

El banco tenía la obligación de orientar y asesorar al IPS sobre las mejores prácticas para cumplir las cláusulas del contrato, pero no remitió los informes trimestrales al Banco Central del Paraguay (BCP).

Aquí surge una pregunta clave: ¿Qué control real tenía el IPS sobre los fondos?

3. Hubo un millonario beneficio indebido para el banco:

Una auditoría interna del IPS detectó que el contrato operaba con cuatro cajas de ahorro, una de las cuales no generaba intereses, manteniendo un saldo superior a G. 5.000 millones fuera de lo pactado. Además, un informe externo concluyó que Atlas no pagaba intereses sobre parte de los fondos fiduciarios, lo que representó un beneficio indebido para el banco y un perjuicio patrimonial para la previsional.

De acuerdo con cálculos estimativos, existirían alrededor de G. 803 millones que debieron haberse acreditado en concepto de intereses en la cuenta de ahorro. Esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿Cuánto ganó realmente el banco con este fideicomiso?

4. Se hicieron pagos con firmas no autorizadas:

De acuerdo con la auditoría, varios certifica­dos de obras fueron firmados por funcionarios no autoriza­dos del IPS. En documentos enviados al banco Atlas para el desembolso de dinero a las constructoras, se observa la firma del director de Man­tenimiento, cuando debe­ría ser el de Infraestructura quien rubrique el Certificado de Cumplimiento de Obra y Orden de Pago. Pese a la irre­gularidad, la entidad bancaria hizo el desembolso de dinero a las constructoras contratadas por la previsional.

5. Inacción de organismos de control:

Al estar involucrada una entidad bancaria, el Banco Central del Paraguay (BCP), como entidad reguladora del ecosistema bancario, debe intervenir. El propio IPS le solicitó formalmente un informe técnico y jurídico sobre el cumplimiento del contrato administrado por el Banco Atlas, en el marco de un arbitraje millonario iniciado por una constructora por los pagos que estaban pendientes por la construcción del Hospital Ingavi, uno de los cuatro hospitales previstos en el acuerdo de fideicomiso. Sin embargo, el BCP nunca respondió.

Una pregunta que aún no se responde es: ¿Por qué el Banco Central no intervino ante las irregularidades detectadas en las distintas auditorías?

6. Se pagaron obras fantasmas:

Con la auditoría interna del IPS se detectaron falencias que hacen suponer el pago por obras fantasmas, al constatarse diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, por un monto de alrededor de G. 1.760 millones. De la verificación en 24 hospitales regionales y unidades sanitarias verificadas en forma aleatoria, se constataron irregularidades en 16 sitios.

7. Responsabilidad penal de directivos de Atlas:

De acuerdo con el contrato, el banco Atlas era responsable de la verificación documental, tal como se encargó en el contrato. La cláusula décimo primera establecía las obligaciones especiales del fiduciario, entre ellos: cumplir con todas las obligaciones que en virtud del Contrato de Fideicomiso se le imponen, realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad señalada en el Contrato de Fideicomiso, mantener actualizada y en orden la información y documentación relacionada con las operaciones realizadas para el cumplimiento de la finalidad señalada en el Contrato de Fideicomiso, entre otros.

En ese sentido, el banco Atlas debía velar por el buen uso de los recursos del IPS, sin embargo, lo que estaba expresamente presupuestado no se hizo y el dinero se esfumó.