La Universidad Católica de Asunción no desactivó en ningún momento la titulación de 160 abogados que accedieron al egreso de la carrera de Derecho, recurriendo al esquema de comprar notas.

Esto lo denunció el abogado Martín Barba, representante de Belén Whittingslow, la joven que estaba en el exilio en Uruguay, tras la indefinición de su demanda por acoso sexual contra Cristian Kriskovich, miembro del Consejo Directivo de la UCA.

Borba remarcó que al margen del caso Belén, las autoridades de la universidad no cumplieron nunca la promesa de publicar la lista de 160 abogados que, en la actualidad, operan normalmente en juicios y expedientes, teniendo títulos con notas fraguadas.

“Esa matrícula no procedieron a sacar nunca, lo sacaron a Antonio Tellechea (interventor del caso, luego removido), se encaramaron con los alumnos y no con los que ya estaban ejerciendo la profesión, iban a picarse una fortuna. ¿Qué pasa con los abogados que ya ganaron y perdieron juicios? La Católica iba a tener que indemnizarlos”, declaró Borba en comunicación con la 1020 AM.

El profesional indicó que ante el escándalo del episodio de los compra notas, la UCA dispuso tomar medidas  contra los alumnos, pero no así contra los que vendieron las notas, lo cual determinó un escenario de ilegalidad al que procedieron a maquillar con  el silencio.

“En el caso de Belén ella no aceptó la imputación de haber comprado notas, ella fue víctima de acoso por parte de Kriskovich, quien curiosamente solo fue apartado temporalmente (del Consejo Directivo)… Lo más llamativo es que el propio Papa pidió disculpas en nombre de la iglesia por el mal momento que la hicieron pasar”,  agregó.

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Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.