Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho“, es sindicado como líder de la banda que atacó a seis policías, los mantuvo como rehenes, hirieron a un agente y amenazaron de muerte “si volvían a pisar su territorio”, en el departamento de Canindeyú.

“Macho” está acusado por varios crímenes, en uno de los cuales ya fue condenado a 25 años de prisión, específicamente en el caso del estanciero japonés Hiroyuki Arai, al que mató y enterró en su misma casa. En abril del 2005 fue condenado por el hecho.

En mayo del 2011 el delincuente huyó de la cárcel de Ciudad del Este, en un confuso episodio en el que se habló de una presunta coima que habría pagado a guardias de esa repartición penal. “Macho” fue recapturado en el 2015. En el 2017 volvió a huir, tras un más que sospechoso permiso médico, que le permitió una prisión domiciliaria y borrarse del mapa.

A Acosta Riveros se le atribuye en la actualidad, el montaje de un un negocio de plantación, acopio y comercialización de marihuana en el departamento de Canindeyú. Según reportes de los investigadores, tiene en la región una propiedad de 150 hectáreas, en donde a través de indígenas contratados, siembra cannabis.

Además de esa actividad ilícita, le adjudican participación en asaltos en rutas, principalmente a camiones transportadores de mercaderías. Anexo a esos crímenes, lo señalan como un emergente líder de sicarios que accionan a ambos lados de la frontera paraguayo-brasileña.

El despliegue de su poderío, en el que “presentó” a alrededor de 40 hombres con armas de uso de guerra, desató la decisión de la cúpula policial, de enviar a 150 hombres de operaciones (sumados a las de otras dependencias) a la zona en donde activan Macho y su banda.

A la par de esto, el comandante de la Policía, Carlos Benítez, destituyó al Crio. Princ. Reinaldo Delgado, tras conocerse que el criminal afirmó a los agentes a quienes retuvieron, que tienen comprados “a todos los policías del departamento”. Un informe sobre el episodio de los seis policías, en el que se omiten datos claves del hecho, refuerzan la teoría de que el alto jefe policial, cometió complicidad o ineficacia manifiesta.

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El comandante policial confirmó que 150 policías de diversos departamentos internos, sumados a otros que darán apoyo, fueron llevados al lugar donde operan los delincuentes.

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Este fin de semana se tuvo conocimiento sobre un hecho de hurto en un comercio ubicado en el distrito de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa.

El local comercial afectado se denomina “Amely Store”, el cual fue visitado por delincuentes cuando nadie se encontraba presente.

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Según menciona el portal Más Encarnación, los responsables de este robo sustrajeron una gran cantidad de productos que van desde cargadores para celulares hasta cuchillos artesanales y parlantes.

La propietaria del local, Mirian Susana Franco Centurión, mencionó que al llegar en horas de la mañana para iniciar su actividad comercial se percató que la puerta principal fue violentada.

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Al ingresar al negocio, descubrió que alguien había entrado allí entre la noche y madrugada para hurtar varias de las mercaderías que se encontraban en los escaparates.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría de Trinidad, a fin de impulsar las investigaciones pertinentes.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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