Ruíz Díaz, en contacto con la 1080 AM, expresó que solo con Asunción se tiene este inconveniente y que con los demás 253 municipios del país no existe este problema. Para explicar el origen del conflicto, indicó que los artículos 166, 167 y 168 de la Constitución Nacional hablan de la autonomía de las municipalidades, de que los gobiernos municipales deben ser ejercidos por el intendente y por la Junta Municipal y que solo estos dos organismos tienen la atribución de dictar leyes y ordenanzas.

Expresó además que en la ley orgánica municipal, la 39/66, establece en su artículo 51 que son deberes y atribuciones del intendente la representación legal del gobierno, además de la promulgación de ordenanzas mientras que en el 145 indica que el jefe de la Comuna promulgará resoluciones para aprobar lineamientos y fraccionamientos, sin posibilidad de que este trabajo sea delegado.

El director del Catastro Nacional explicó que Ferreiro, basado en un fundamento de exceso de carga de trabajo, quiere delegar a una instancia administrativa la firma de resoluciones de loteamiento y fraccionamiento que sí o sí deben pasar por el Gobierno y por la Municipalidad. “Estamos ante un problema legal. No estamos encontrando un argumento legal para que eso pueda tener validez. Uno puede realizar una operación inmobilaria millonaria y resulta que esa aprobación tiene visos de nulidad porque no cumple los requisitos”, manifestó.

Sostuvo que este inconveniente lo están sufriendo desde octubre del año 2017 y que el intendente es el único responsable, por Constitución Nacional para firmar las resoluciones. Expresó que es como si el Presidente de la República quiera delegar a otro funcionario la firma de decretos.

Consultado sobre la excesiva burocracia para realizar los trámites, Ruíz Díaz responsabilizó a que el que redactó esa parte de la Constitución Nacional pensó que Paraguay estaba al nivel de Holanda, porque ese mismo modelo se utiliza en los países bajos. Expresó que existe un grave déficit en las comunas ya que el 92% de los municipios no dispone de capital humano ni tecnología en las dependencias de catastro.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.