La normativa propuesta establece que el senador vitalicio no será remunerado, no tendrá inmunidad más allá de sus opiniones, tendrá voz (excepto en temas de su administración) pero no voto, podrá presentar proyectos de ley, pedidos de informes y declaraciones, y podrá participar en sesiones ordinarias, extraordinarias y en las reuniones de comisiones.

La condición de senador vitalicio se adquiere inmediatamente luego de la culminación del mandato, salvo que se exprese lo contrario. En tanto que se prevé que los expresidentes de la República puedan perder la investidura por las mismas causales que los senadores electos.

Los mismos tendrán las mismas incompatibilidades que los senadores activos, tales como formar parte de empresas que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado. Además pueden ser amonestados, apercibidos y suspendidos por su inconducta en el Congreso.

El asesor jurídico de la Presidencia, César Trapani, indicó en conferencia de prensa que la reglamentación de la senaduría vitalicia para los expresidentes de la República intenta inaugurar ciertos mecanismos legales para poner en marcha esta figura de los senadores vitalicios.

Se estima que la normativa propuesta recién sería analizada cuando asuman los senadores electos, en el 1 de julio.

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El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley sobre la senaduría vitalicia.

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Esta propuesta sacó a relucir numerosas dudas, como por ejemplo si Fernando Lugo podrá acogerse a la senaduría vitalicia, al no haber sido reelecto en las elecciones generales. O si Mario Abdo Benítez podrá renunciar a su calidad de senaduría vitalicia para luego presentar su candidatura como senador activo.

El Dr. Miguel A. Ortiz Rodríguez indicó a radio Cáritas que, desde su punto de vista, la senaduría activa y la senaduría vitalicia no se contraponen y que el mandatario saliente puede renunciar a la senaduría vitalicia y presentar candidatura para ser senador activo. “Para mí no se contrapone”, el exmandatario puede renunciar a la Senaduría Vitalicia y “candidatarse para la senaduría activa”, dijo.

Por otro lado, el abogado constitucionalista Emilio Camacho sostuvo que no se puede limitar a los vitalicios en el derecho de la voz, como lo establece la propia Constitución Nacional.

Autoridades brasileñas y paraguayas se reunieron hoy en nuestro país y finalmente acordaron la nueva tarifa de Itaipú.

El canciller Rubén Ramírez dijo en conferencia de prensa que el anuncio lo darán “cuando haya firma”, lo cual ocurrirá en los próximos días.

“En todo este proceso de negociaciones hubo una serie de especulaciones, nosotros guardamos prudencia, no secretismo. La prudencia nos ampara en que, antes que nada, tenemos que formalizar los acuerdos alcanzados”, argumentó el ministro, ante el reclamo de que medios brasileños ya publicaban los detalles del acuerdo.

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El documento incluirá, no solamente la tarifa, sino el plan operativo y los principios de las negociaciones del Anexo C, precisó el canciller, quien, no obstante, adelantó que el acuerdo implica “buenas noticias para ambos países”.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, principal participante de las negociaciones, también se excusó de oficializar los nuevos números.

“El resultado no se celebra antes de que termine el partido, estamos en el minuto 90. Estamos siendo prudentes en el anuncio de la tarifa, porque no es la única cuestión, queremos anunciarle a la prensa cuando tengamos ya todo firmado”, indicó.

En el mismo sentido se pronunció el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien, en lo que compete a su materia, se mostró muy optimista.

“Es lamentable la decisión de la que nos enteramos”, afirmó esta mañana “Bachi” Núñez, haciéndose eco de las expresiones del titular de Cetrapam, César Ruiz Diaz, al anunciar un nuevo paro de varias empresas del transporte público.

En ese sentido, aseguró que quienes integran dicho gremio transportista “no ponen de su parte” al no dar el voto de confianza al gobierno para encontrar soluciones de manera conjunta y abrir un canal de diálogo.

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Catalogó esta decisión como “un chantaje y extorsión” al Poder Ejecutivo, aprovechando que se está hablando sobre el tema del subsidio al transporte público. A la par, pidió “mano dura” con los transportistas y no ceder ante sus pedidos bajo estas condiciones.

Por su parte, el presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, indicó que este es un problema que viene arrastrándose desde hace años. “Lo de Cetrapam no es nada nuevo, alguna vez un gobierno tiene que dar un corte definitivo”.

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El mismo plantea una pronta solución a esta problemática tan compleja para el usuario, que es el principal afectado y a quien -a su criterio- hay que darle respuestas antes que a los transportistas. “Más que nunca hay que tomar el toro por las astas”.

Otros legisladores tanto del oficialismo como de la oposición coincidieron en rechazar este paro de buses, anunciado para el próximo 20 de mayo, ya que generará graves consecuencias para los pasajeros que no podrán desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio.

En la sesión extraordinaria de este martes, la Cámara de Senadores le dio un no rotundo a la posibilidad de premiar a funcionarios corruptos, con el rechazo al proyecto que modifica el artículo 67 de la ley 1160/97 del Código Penal.

El proyecto iba a tener sanción ficta el 31 de mayo de no haber sido tratado para entonces, motivo que llevó a incluirlo en el orden del día de hoy, considerando los feriados de la próxima semana y la reducción del tiempo.

La propuesta conocida como devolución premiada estipula que los funcionarios corruptos podrán disminuir sus sentencias al 50 %, en caso de que devuelvan lo robado (una vez descubiertos).

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A criterio del senador colorado, Derlis Maidana, el proyecto ningunea el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional, sobre la igualdad ante la ley, al beneficiar a una persona por el simple hecho de estar en la función pública.

“No podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor”, opinó el legislador en la antesala del tratamiento y la confirmación de rechazo.