“Es imposible que haya una condena, y si la hay será arbitraria y errónea, parcial como lo fue la investigación, para condenar a personas inocentes, con el fin de evitar que los campesinos continúen con sus luchas sociales”, declaró Sisco.

La Fiscalía pide penas de entre 5 y 30 años de prisión contra once campesinos acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso.

La acusación se refiere a los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, cuando centenares de policías desalojaron a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty para pedir que se unieran a la reforma agraria.

Durante el desalojo, se produjo un tiroteo en el que fallecieron seis policías, por cuyas muertes hay once personas acusadas, y once campesinos, cuyos fallecimientos no fueron investigados por la Fiscalía.

Sisco, que participó este miércoles de los alegatos finales de la defensa, declaró que “no existen pruebas” para sostener las acusaciones contra los campesinos, sino solamente “las alegaciones confusas de los policías” que participaron en el desalojo, y las “conclusiones ilógicas de la Fiscalía”.

Sisco explicó que, en el cargo de homicidio, la acusación se basa en que algunos testigos declararon haber visto a una persona con remera roja, que llevaba también gafas de sol, tapabocas y capucha, empuñando un revólver contra Erven Lovera, comandante del desalojo que falleció en el tiroteo.

La Fiscalía concluyó, con base a los testimonios pero sin disponer de pruebas, que la persona del revólver era Rubén Villalba y solicitó una pena de 30 años de prisión y 10 años de medidas de seguridad contra él, explicó el abogado.

Para otro de los acusados, Luis Olmedo, la Fiscalía pide 25 años de prisión argumentando que durante una pericia se encontraron rastros de plomo en una de sus manos, lo que según los fiscales demuestra que disparó un arma.

Sin embargo, el abogado detalló que la pericia no permitió determinar si la cantidad de metal encontrada en las manos corresponde con el disparo de un arma, y dijo que en los trabajos de mecánica o manipulación de químicos agrícolas que realizaba Olmedo también pueden quedar rastros de plomo en las manos.

Agregó que las escopetas caseras calibre 28 incautadas por la Fiscalía y que supuestamente pertenecían a los campesinos dieron negativo en las pericias, por lo que no fueron disparadas.

El abogado detalló además que la acusación de inmueble ajeno carece de sentido, ya que los campesinos contaban con autorización del Estado para permanecer en las tierras, que según un decreto iban a ser destinadas a la reforma agraria.

El cargo de asociación criminal, por su parte, se basó en que los nombres de los campesinos acusados se encontraban presuntamente anotados en un cuaderno incautado por la Fiscalía, donde figuraban aportaciones de dinero de entre 1.000 y 5.000 guaraníes, reveló Sisco.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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La entrega de equipos informáticos incluyó 58 PC, 58 UPS y 30 tablets, así como 110 licencias de visualización TABLEAU, válida hasta finales de 2024.

Cabe recordar que en el mes de abril, 27 servicios de salud en 18 regiones sanitarias del Paraguay se unieron al HIS y a la fecha, ya suman más de 400 establecimientos que implementan esta herramienta, para una mejor eficiencia de recursos humanos, insumos y administración.

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La implementación del HIS en los establecimientos sanitarios a nivel país permite la organización eficiente de recursos humanos, gestión integrada de datos y la construcción gradual de la transformación digital que, sin duda, será́ el motor del cambio en la provisión de atención de calidad a los ciudadanos.

Esta transformación digital es encarada de forma conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y la Misión Técnica de la República de China (Taiwán), a través del “Proyecto para la Mejora de la Eficiencia en la Gestión de la Informática en Salud (Fase II)”, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), KOICA, Itaipú, el Banco Mundial y el BID.

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“Brasil y Paraguay concluyeron un importante entendimiento sobre Itaipú, atendiendo a antiguas demandas brasileñas y paraguayas, al establecer las directrices para la revisión del Anexo C. Este es un avance importante hacia un acuerdo que satisfaga a ambas partes”, informó Itamaraty.

El Ministerio señala que de la reunión en Paraguay participaron la ministra interina de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha y el ministro de Minas y Energías, Alexandre Silveira.

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Al respecto de la reunión, el presidente de la República, Santiago Peña, destacó también el avance positivo de las negociaciones con el gobierno de Brasil sobre la tarifa de Itaipú.

“Con determinación damos pasos firmes hacia el desarrollo. Con representantes de Brasil avanzamos en las negociaciones referentes a Itaipú, que fortalecerán nuestras relaciones y el desarrollo de ambos países”, escribió el presidente Santiago Peña en sus redes sociales.

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Cabe mencionar que este martes, autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron un avance sustantivo entre Paraguay y Brasil respecto a la tarifa por la energía eléctrica generada en la hidroeléctrica binacional Itaipú.

En conferencia de prensa, posterior a la reunión del presidente Santiago Peña con la delegación brasileña, ministros del Ejecutivo paraguayo confirmaron el arribo a acuerdos preliminares sobre la tarifa energética, el plan operativo de la Itaipú, así como las bases para la negociación del Anexo C de la binacional.