​El hecho se registró anoche, cerca de las 23.30, cuando vecinos del barrio Cañada de San Rafael participaban de la serenata en honor al santo patrono del lugar.

Un transformador que se encontraba en la capilla del mencionado barrio explotó tras un corte de energía y posteriormente comenzó a incendiarse.

Marcelino Brítez, de la subcomisaría 3 de Luque, explicó a radio UNO que unas 13 personas resultaron con heridas. Del total, cinco son menores de edad que sufrieron quemaduras.

El policía detalló que uno de chicos está grave, en terapia intensiva del hospital del Quemado. El menor se encontraba muy cerca del transformador averiado.

Cristhian Javier Ayala Marecos fue el objetivo de la intervención. El mismo resultó detenido por los intervinientes. Según los datos colectados, el hombre era responsable de surtir a toda una red de microtráfico.

En los lugares intervenidos fueron incautados un total de 2.358 dosis de chespi y 100 gramos de cocaína, equivalentes a unas 300 dosis de la sustancia y 30 kilos de marihuana.

La comitiva se incautó además de una camioneta, celulares, proyectiles de varios calibres, dinero en efectivo, entre otras evidencias. El fiscal interviniente Juan Daniel Benítez dispuso la remisión del detenido y las evidencias a la Base Regional de la Senad en Concepción.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, Euclides Acevedo destacó que este convenio ofrece una oportunidad crucial para ambos bloques, pero subrayó la necesidad de que Paraguay planifique cuidadosamente su estrategia para maximizar los beneficios.

“Más vale tarde que nunca. Este acuerdo llega en un contexto en el que tanto la Unión Europea, debilitada por tensiones políticas y geopolíticas, como el Mercosur, necesitaban oxigenarse”, comentó. Sin embargo, advirtió que “el éxito de este pacto no dependerá solo de su firma, sino de cómo se administran las ventajas”.

Acevedo enfatizó la importancia de que el Gobierno, en conjunto con las fuerzas productivas y los expertos en geopolítica, definan una hoja de ruta clara. “Tenemos productos estrella, como la carne, que deben ser promovidos estratégicamente. No podemos repetir los errores del pasado con mercados como Rusia, donde hemos perdido terreno”, agregó.

Respecto a las críticas que el acuerdo enfrentó, Acevedo demostró que estas reflejan tensiones internas en ambos bloques. “La política aislacionista y proteccionista que se observa en algunos países europeos como Francia y Hungría podría haber frenado este avance, pero prevalece la necesidad de diversificar los mercados”, explicó.

Finalmente, subrayó el papel de los embajadores paraguayos en Europa para garantizar una implementación efectiva del acuerdo. “Deben estar atentos a las señales de la Cancillería y trabajar en sintonía con el aparato productivo nacional. Este es un momento histórico que no puede desperdiciarse”, concluyó.

Gisella Ramírez, una de las coacusadas en el operativo Berilo, presentó una recusación contra el juez de garantías, Miguel Palacios y con esto, la audiencia que debía realizarse a las 8:00 de la mañana quedó suspendida.

Cabañas está imputado por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, una pesquisa por la cual estuvo preso durante cinco años, tras lo cual, se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, medida que ya cumple un año.

Por estos delitos, las expectativas de penas van de 10 a 25 años de cárcel, algo que deberá definirse en un eventual juicio. De existir una condena, a Cucho se le deberá restar los años que ya compurgó.

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Por su parte, Ulises Quintana está procesado por lavado de dinero y asociación criminal. Su participación en el esquema saltó a la luz cuando Cabaña cayó en un operativo policial con USD 190.000, momento en que el entonces legislador habría intervenido para la “liberación”.

Además, la acusación fiscal sostiene que Cucho financió la campaña política de Quintana, quien además habría utilizado los bienes del narcotraficante.

Quintana se expondría a una pena carcelaria de 5 a 15 años, aunque por concurso de delitos, la sentencia podría llegar a 22 años.

El 15 de mayo del 2022, pese a la recusación de 40 fiscales, la Fiscalía presentó acusación contra 24 personas por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal.

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