En el marco de la demanda de Mota-Engil contra el MOPC, un laudo arbitral internacional, se determinó que el Estado paraguayo debe pagar una suma que superaría los USD 13 millones, más unos intereses que, a la fecha, suman aproximadamente USD 2.400.000.

A esto se agregan casi USD 2 millones en honorarios de abogados, contratados por el gobierno anterior para la defensa, que, finalmente no logró su objetivo. Con esto, totalizan 17,4 millones de dólares por el Metrobús.

El presidente Santiago Peña considera que, la discusión no pasa por el diseño del proyecto, sino por la decisión tomada una vez iniciados los trabajos.

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“El fondo es haber cancelado un contrato que estaba en ejecución y no reconocer las obras que venía haciendo la empresa, esa es la discusión”, respondió Peña, en una entrevista con Abc Tv.

Recordó que, el proyecto vino de varios gobiernos anteriores al periodo 2013-2018 y que, comenzó su ejecución bajo la administración de Horacio Cartes tras lo cual, se resolvió cancelar los trabajos, provocando una “consecuencia tremenda” para el país.

Respecto a la estrategia de defensa ante la demanda, indicó que, los abogados harán lo que esté a su alcance para hallar una solución, además de determinar quién es el responsable del hecho.

Las declaraciones las dio durante la apertura oficial de las actividades culturales realizadas en el Puerto de Asunción, en un evento que aglutina ferias de artesanía, arte contemporáneo y gastronómico.

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El proyecto fue presentado por el diputado colorado David Jara, explicó como fundamentación de motivos que el Estado paraguayo, como garante de los derechos ciudadanos, tiene la obligación constitucional de responder y reparar los daños causados por sus agentes en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

El legislador argumentó que el caso conocido como “mafia de los pagarés”, representa una situación excepcional de responsabilidad estatal, en la que múltiples personas fueron víctimas de sentencias judiciales abusivas y perjudiciales, pronunciadas en el marco de juicios ejecutivos tramitados en los juzgados de paz del distrito capital.

El documento establece que, por única vez y de manera excepcional, el Estado otorgará una indemnización económica a las víctimas, en reconocimiento al derecho a una compensación justa y adecuada, previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional.

Este principio consagra que toda persona tiene derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios que le cause el Estado, garantizando la tutela judicial efectiva y la reparación integral del daño.

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En su exposición, el proponente sostiene que el Estado no puede permanecer ajeno al sufrimiento de los ciudadanos perjudicados por actuaciones judiciales indebidas y que corresponde al Poder Legislativo adoptar las medidas necesarias para cumplir con la responsabilidad pública y moral.

El objetivo es restituir la dignidad de las víctimas y ofrecer una reparación que reconozca los daños patrimoniales y emocionales sufridos.

La propuesta detalla mecanismos de aplicación, estableciendo que la Defensoría del Pueblo será la autoridad encargada de recibir y tramitar las solicitudes, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas será la instancia responsable de efectivizar los pagos, con fondos provenientes del programa de obligaciones diversas que se halla contemplado en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

En la madrugada de este viernes se reportó un caso de feminicidio en una vivienda de la Comunidad Indígena Yvyra Jha, situada en la Colonia Capitán Herminio Mendoza de Yby Yau, departamento de Concepción.

Resultó víctima de este hecho María Gómez Romero, de 46 años, quien fue asesinada de varias puñaladas por su pareja sentimental, de nombre Cornelio Soria Duarte, de 42 años.

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Este fatídico ataque con arma blanca se habría producido a raíz de una fuerte discusión entre el presunto autor y la hermana de la mujer fallecida, según el reporte de medios locales.

Gómez sufrió múltiples heridas en el pecho y la zona cervical, las cuales le provocaron la muerte. De igual manera, su hija, Anselma Soria Gómez, de 26 años, resultó son severas lesiones tras ser atacada por su propio padre.

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Agentes de la Subcomisaría 24ª de Yby Yau acudieron al lugar tras recepcionar una llamada de vecinos. Al llegar al domicilio, los uniformados encontraron a las víctimas tendidas en el suelo, una de ellas ya sin signos de vida.

Luego de cometer el crimen, Soria decidió darse a la fuga y actualmente permanece con paradero desconocido, siendo buscado por la Policía Nacional.

La agente fiscal Lourdes Bobadilla, de la Unidad Especializada en Maltrato y Crueldad Animal de Ñemby, reiteró el pedido realizado a la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, solicitando que designe a funcionarios para proceder a la verificación del estado de salud y la esterilización de los gatos.

El oficio, remitido al representante del citado organismo, confirma que el problema persiste en la calle España casi Médicos del Chaco, en la localidad lambareña, donde se encuentran aproximadamente 20 felinos (gatos ferales), y solicita la presencia de los funcionarios en el lugar para evaluar la situación.

El documento está firmado también por el agente fiscal Eugenio Ocampos, de la Unidad Especializada en Maltrato y Crueldad Animal de la Fiscalía Zonal de Lambaré.