La Procuraduría General de la República recibió la notificación del laudo arbitral referente a la demanda entablada por Mota-Engil contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por la rescisión de contrato en el 2018 con el entonces ministro Arnoldo Wiens.

La condena al Estado paraguayo incluye los conceptos de: ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos y costas e intereses, según detalló el procurador Marco Aurelio González, en una conferencia de prensa

Al monto de 13 millones de dólares se suman los intereses acumulados a la fecha, por 2.400.000 dólares, con los que, el total llega a 15,4 millones de dólares.

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La Procuraduría analiza los recursos que se podrían interponer contra el laudo, de manera a reducir el impacto que, según indicó González, no fue evaluado por la administración anterior.

En honorarios de abogados contratados por el gobierno anterior para la defensa, cuyos resultados han sido negativos para el Paraguay, el costo es de dos millones de dólares.

ANTECEDENTES

El 13 de agosto del 2018, la firma portuguesa comunicó la suspensión de los trabajos de obra en virtud de la Cláusula 16.1 del Contrato, debido a que, cuando entonces, había podido acceder a menos del 40% del Lugar de las Obras y acumulaba Certificados de Pago Provisionales sin satisfacer por el Contratante por 45.857.83 USD y 183.124.553 Gs.

Esta situación, según el contrato, habilitaba al Contratista a suspender los trabajos con un preaviso de 21 días, tal cual se procedió en ese momento.

Con base en la Cláusula 2.1. resulta una obligación del Contratante conceder acceso a todas las partes del Lugar de las Obras al Contratista y poner a éste en posesión de estos

El entonces ministro, Arnoldo Wiens, había anunciado la rescisión de contrato ante los frentistas de la Avda. Eusebio Ayala en medio de lágrimas, sin mencionar esta notificación ni explicar qué medidas tomarían ante la inminente demanda a la que exponían al Estado por suspender la ejecución sin causal.

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Miguel Ángel Gaspar, director de Paraguay Ciberseguro, advirtió sobre el aumento de estafas virtuales y engaños telefónicos durante los últimos días. Las víctimas son contactadas por supuestos empleados de operadoras telefónicas que, bajo pretexto de realizar encuestas, solicitan información sensible como códigos de verificación.

El objetivo principal de estos delincuentes es apoderarse de las cuentas de WhatsApp de las víctimas. “Lo que hacen es engañar al usuario para que les proporcione el código que llega por SMS. Si la cuenta no tiene activada la verificación en dos pasos, el atacante puede instalar WhatsApp en otro dispositivo y bloquear el acceso del usuario original”, explicó Gaspar a la radio Universo 970 AM.

Además, señaló que aunque las cuentas pueden recuperarse en unas 24 o 48 horas, estas suelen venir vacías, ya que los delincuentes eliminan la información.

Recomendaciones para protegerte

Gaspar instó a los usuarios a activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y en otras aplicaciones. Este proceso agrega un segundo nivel de seguridad mediante un PIN adicional, haciendo más difícil que los ciberdelincuentes accedan a las cuentas.

Pasos para activar la verificación en dos pasos en WhatsApp:

1. Accede a los tres puntos en la esquina superior derecha.

2. Ve a Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos.

3. Activa la opción y configura un PIN.

Gaspar también enfatizó la importancia de usar contraseñas seguras y habilitar el doble factor de autenticación en todas las plataformas posibles, como Instagram, Facebook y TikTok.

Al respecto, el intendente Emigdio Ruiz Díaz Ojeda, expresó su dolor por el incidente y subrayó la importancia de tomar medidas más estrictas para prevenir situaciones similares.

“La ley es clara, pero muchas veces no se cumple, sobre todo en lo que respecta a los menores al volante”, comentó en entrevista con Gen/Nación Media, quien destacó que San Bernardino es una zona de esparcimiento popular, lo que aumenta la circulación de vehículos menores, especialmente en áreas no pavimentadas, como los terraplenes de tierra.

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El joven fallecido, oriundo de San José, perdió la vida tras impactar con su cuaci en una curva peligrosa del camino. Este tipo de accidentes, según el intendente, son una consecuencia de la falta de control sobre los menores de edad que manejan vehículos sin las debidas medidas de seguridad, como el uso de casco.

“La mayoría de los chicos que circulan en estos vehículos no usan protección alguna, y lo más alarmante es que muchos de ellos son menores”, afirmó.

En esa línea, dijo que el municipio comenzó a implementar medidas de control más estrictas, como la presencia de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en las entradas y salidas principales.

Sin embargo, el intendente reconoció que estos esfuerzos deben ser acompañados de una mayor conciencia por parte de los padres y la comunidad en general.

“No basta con aumentar el número de agentes de tránsito. Debemos trabajar en la educación y en la responsabilidad de quienes permiten que los menores conduzcan”, destacó.

Destacó que la ciudad de San Bernardino es conocida por su tranquilidad, y su destino turístico atrae a familias en busca de un ambiente relajado y seguro.

No obstante, el intendente enfatizó que el municipio necesita un esfuerzo conjunto entre las autoridades y los ciudadanos para evitar que se repitan tragedias como la ocurrida este fin de semana.

El fin de semana, un breve, pero fuerte temporal golpeó a San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú y dejó a muchas familias sin techo.

El ministro de Defensa, Óscar González, informó que son 37 viviendas las que necesitan una rápida reparación.

“Estamos poniéndonos a disposición de la SEN a través de un pelotón multirrol, porque, tenemos a electricistas, plomeros, albañiles, motosierristas que se necesitan para reconstruir los techos que volaron y las paredes caídas en dos o tres casos”, comentó González, en una entrevista con la emisora 1020 AM.

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La Secretaría de Emergencia Nacional se encarga de los materiales y el Ministerio de Defensa de la reconstrucción.

Por otro lado, la Armada también trabajó en los incendios del banco San Miguel, donde los militares hicieron los cortafuegos y evitaron así la propagación de las llamas.

Más de 40 hectáreas fueron consumidas por el siniestro provocado. Dos personas están identificadas como las supuestas autoras. Las fotografías de sus rostros ya fueron enviadas a la Fiscalía.