Ante las instrucciones dadas por el presidente Santiago Peña, de defender la posición paraguaya, y tras haber agotando todas las instancias, la Procuraduría decidió presentar un recurso de nulidad contra el laudo arbitral del caso Metrobús.

Entre los argumentos esgrimidos para solicitar la anulación del fallo contra el Paraguay figura que se condenó al Estado a pagar intereses compuestos y eso implica capitalizar intereses, lo que está prohibido por la ley paraguaya y es anatocismo.

También se menciona que el tribunal otorgó indemnización de lucro cesante, a pesar de la expresa prohibición establecida en el contrato.

El Tribunal en cuestión no fundamentó cómo se acreditó el daño reconocido a Mota Engil ni justificó de manera alguna cómo llegó al monto de condena.

Tampoco reconoció al Estado paraguayo las costas, a pesar de ser ganancioso en mayor proporción y conforme está previsto en el reglamento del arbitraje y en la ley paraguaya. No se justificó el motivo del rechazo del recurso de rectificación que presentó Paraguay.

Finalmente, el tribunal arbitral dictó el laudo más de un año después de vencido el plazo para hacerlo.

Desde la Procuraduría General de la República del Paraguay aseguraron que seguirán trabajando en la defensa de lo que es de todos los paraguayos para colaborar desde esta misión con un país más próspero para todos.

Leé más: Millonaria condena al Estado por suspensión del Metrobús en la administración de Abdo

En el marco de la demanda de Mota-Engil contra el MOPC, un laudo arbitral internacional, se determinó que el Estado paraguayo debe pagar una suma que superaría los USD 13 millones, más unos intereses que, a la fecha, suman aproximadamente USD 2.400.000.

A esto se agregan casi USD 2 millones en honorarios de abogados, contratados por el gobierno anterior para la defensa, que, finalmente no logró su objetivo. Con esto, totalizan 17,4 millones de dólares por el Metrobús.

El presidente de la República, Santiago Peña, consideró anteriormente que, el fondo de la cuestión en la millonaria condena al Estado paraguayo en el caso Metrobús, es haber cancelado un contrato en ejecución.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

Puede interesar: ‘Elon Musk’ estafa 50.000 dólares a una surcoreana enamorada

Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

Puede interesar: Presentan propuesta de ley que crea una empresa de transporte público

Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.