Miles de policías como guardias "privados" de políticos y entes: planean ley para reducirlos

El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR) presentó un proyecto de ley que busca limitar la cantidad de policías comisionados en entidades públicas y privadas. Según reveló el propio ministro del Interior, actualmente existen cerca de 3.000 uniformados encargados de custodiar a políticos.

El diputado colorado Basilio Núñez junto con otros de sus colegas presentó este martes el proyecto de ley “Que establece normas para el comisionamiento de personal policial a los organismos y entidades del Estado y entidades privadas para cobertura de seguridad”.

Según explicó, esta propuesta legislativa trata de dar solución a una necesidad existente en lo que respecta a la cantidad de agentes policiales encargados de velar por la seguridad en las calles.

La normativa pretende limitar la cantidad de uniformados comisionados a entidades tanto públicas como privadas, fijando un límite del 0,8% del total del Cuadro Permanente de la Policía Nacional, lo cual equivaldría a menos de 2.000 policías, según los cálculos.

Igualmente, se establece que ningún policía podrá ser comisionado a alguna institución que ya cuente con personal de seguridad privada contratado para el resguardo de edificios, inmuebles, oficinas públicas y otros de naturaleza similar.

A fin de evitar que un agente policial “se eternice” en un lugar o con una misma persona (parlamentario, político, autoridad nacional, etc), se propone que el mismo sea comisionado solo durante un año y que no pueda renovar dicho comisionamiento hasta pasados dos años.

Núñez indicó que este proyecto de ley ya había sido acordado previamente con el ministro del Interior y el Comandante de la Policía Nacional, ya que consideraron que “era lo más conveniente”.

El diputado colorado sostuvo que de los más de 3.000 policías comisionados que existen hoy día, cerca de 300 están en el Poder Legislativo, entre el Senado y la Cámara de Diputados. “La idea es disminuir hasta de los propios colegas”, refirió.

El proyecto deberá ser estudiado primeramente por las respectivas comisiones de la Cámara Baja antes de ser tratado por el pleno.

 

Acta entreguista: un abogado de Leros ignora a Joselo y siembra dudas en Congreso

¿A quién representaba ‘Joselo’? Esta pregunta pisa cada vez más fuerte, ya que el abogado de la empresa brasileña Léros declaró que José Rodríguez no era su representante, contradiciendo la versión que había dado el abogado en su testimonio ante la Comisión Bicameral de Investigación. Para los miembros del órgano investigador, la declaración del jurista dejó más preguntas que respuestas.

La comercializadora de energía es acusada de buscar ventajas en la adquisición de potencia de la Itaipú Binacional a través de Paraguay y su presidente, Kleber Ferreira fue condenado a una acción por más de US$ 1.700 millones por dos tribunales de Sao Paulo por el incumplimiento del mercado de energía libre en Brasil.

Según la denuncia que realizó el expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, ambos lo habrían presionado para que firme el acta bilateral de compra de energía, excluyendo un apartado sobre la venta de la misma al mercado del Brasil.

“No puedo referirme a cuestiones personales de terceros ni tengo autorización o poderes para hablar sobre personas físicas o accionistas de la empresa. Léros Comercializadora tiene por objeto la comercialización de energía eléctrica con trayectoria, es independiente y no tiene vínculo con gobiernos ni políticos. La empresa se presentó a un llamado público de la ANDE y buscó realizar la mejor oferta posible y no fue la única en presentar una respuesta al llamado”, explicó José Octavio Araujo, abogado de Léros Comercializadora.

El abogado aclaró que anteriormente no habían realizado negocios con la ANDE y las reuniones previas a la presentación al llamado fueron solamente técnicas, no comerciales. Al ser consultado respecto a ’Joselo’, Araujo manifestó no tener información concisa y desconoce la participación del mismo en representación de su cliente.

 

Diputados se ratifica en su versión del PGN 2020 y proyecto regresa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó la versión original del proyecto de Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN 2020). La propuesta -que contempla el aumento para los docentes a partir de abril- vuelve nuevamente al Senado para su respectivo tratamiento.

Durante una sesión extraordinaria desarrollada este martes, con 49 votos la Cámara Baja decidió ratificarse “in totum” en su sanción inicial con respecto al Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2020.

Luego de realizar un cuarto intermedio que duró alrededor de una hora, finalmente la mayoría de los diputados optó por mantenerse en su versión del proyecto, descartando así los dictámenes de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cámara de Senadores.

El punto de discusión principal se centró en el aumento salarial del 16% para el sector de los docentes, el cual entraría a regir recién a partir del mes de abril.

Esta versión del proyecto de PGN 2020 contempla ciertos reajustes para la ANDE, el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa Nacional y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), por citar algunos.

El proyecto vuelve nuevamente al Senado, que tiene dos opciones: mantenerse en su versión o aceptar la propuesta aprobada en Diputados. En caso de que la Cámara Alta quiera ratificarse en su versión, necesita de una mayoría absoluta de 23 votos.

 

TSJE abre sumario a funcionario que hizo alarde de dinero para su candidatura

La Justicia Electoral abrirá un sumario administrativo al jefe de la oficina del Registro Electoral de Karapaí y precandidato a intendente de esa localidad, Adalberto Deniz Ortiz, tras alardear de tener millones para su candidatura.

El director de Recursos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Luis Salas, confirmó a ABC TV que abrirán un sumario administrativo a Adalberto Deniz Ortiz, quien es jefe de la oficina del Registro Electoral de Karapaí. El mismo anunció a través de las redes sociales su intención de ocupar la intendencia de su comunicad y alardeó de haber recibido 300 millones de guaraníes de una persona anónima para su campaña política.

“Es preocupante (...) Es funcionario y jefe de la oficina del Registro Electoral de la comunidad de Karapaí. La ley establece claramente que tiene que reservar su sentido de parcialismo, parcialidad; debe ser una persona imparcial”, indicó Salas y mencionó que el juez sumariante determinará qué tipo de sanción dar en caso de que corresponda; puede ir desde una amonestación o suspensión hasta la desvinculación.

Por su parte, César Rossel, director de Financiamiento Político del TJSE, comentó a la radio Abc Cardinal que deben intervenir de oficio la Seprelad y el Ministerio Público para saber el origen del dinero.

Señaló en otro momento que la clave para evitar el dinero sucio en la política está en las internas de los partidos políticos. Es allí donde se debe controlar antes, durante y después, según remarcó el entrevistado. Actualmente, la ley faculta al TSJE controlar solo una vez culminado el sufragio.