El coronel Luis María Belotto es un militar de alto rango que está envuelto en el escándalo. Este era uno de los directores del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, y ahora se encuentra recluido en el Comando del Ejército tras ser imputado por el Ministerio Público bajo la sospecha de intentar facilitar un celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, procesado por la supuesta comisión de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero en asociación criminal, en calidad de autor.

El uniformado fue sindicado de haber pretendido sobornar por la suma de G. 10 millones a un subalterno en la cárcel de Viñas Cue para proveer el dispositivo electrónico al señalado como el líder del clan Insfrán, que fue desbaratado tras el operativo A Ultranza Py.

También la esposa del alto militar, Alba Lidia de Belotto, está implicada en el caso y cuenta con una orden de detención. Según la Fiscalía, supuestamente al no prosperar el primer intento de Belotto a través del uniformado de menor rango, su esposa pretendió introducir el celular con una encomienda para Tío Rico.

Este coronel detenido e imputado está ligado a altos exponentes del oficialismo actual, ya que figura como ayudante del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, cuyo cargo está ocupado desde octubre de 2022 por el general de División, Aldo Daniel Ozuna Recalde, quien anteriormente estaba al frente de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) y fue premiado por el presidente Mario Abdo Benítez con el ascenso.

La promoción de Ozuna se dio pese a los serios cuestionamientos que surgieron en su contra por los acuerdos y negociados que realizó durante su gestión, tales como la entrega de la fábrica de municiones de la institución a una empresa brasileña y el encubrimiento sistemático en un grave caso de tráfico de armas en el que se había favorecido a una empresa que tendría vínculos con el crimen organizado y que recusó al fiscal Marcelo Pecci antes de su asesinato. Además, se descubrió que en el atentado que sufrió la hija del exgobernador de Amambay Ronald Acevedo, quien fue acribillada a la salida de una fiesta en Pedro Juan Caballero en la madrugada del sábado 9 de octubre de 2021, las balas disparadas pertenecían a la Dimabel.

OTRO SALPICADO EN A ULTRANZA PY

Coincidencia o no, el general Ozuna también apareció vinculado al coronel Gustavo Dávalos Insfrán, un militar que fue investigado en el marco de A Ultranza Py por supuestos vínculos con narcotraficantes, ya que bajo su presidencia el club Rubio Ñu había recibido auspicio de la firma Total Cars, de Sebastián Marset, quien sería cabeza del millonario esquema de narcotráfico que se asoció con el clan Insfrán en Paraguay.

Este uniformado en cuestión apareció en reuniones oficiales realizadas por la Dimabel cuando Ozuna era su director. Según llegó a mencionar el propio Gral. Aldo Ozuna, Dávalos estuvo participando de los encuentros en carácter de asesor de los asesores jurídicos de la Dimabel.

Así también, de acuerdo con los antecedentes, el general Ozuna participó de los encuentros entre el presunto narco Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua y el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien fue destituido del cargo por sus vínculos con el narcotráfico.

En definitiva, el largo historial del general Ozuna y la ahora caída de su mano derecha por pretender dar un celular a Tío Rico en la cárcel dejan muy mal parada a la institución castrense y también al gobierno de Mario Abdo Benítez, quien mantiene en el alto cargo a su militar predilecto.

ESPOSA DE MILITAR SE PRESENTÓ AYER

Alba Lidia Ale de Belotto, imputada por soborno agravado junto a su marido, el coronel Luis María Belotto, se presentó ante el Ministerio Público ayer por la tarde ante la Justicia. Ambos son investigados tras intentar introducir un teléfono celular a la celda de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, en la cárcel de Viñas Cué.

Según la Fiscalía, Alba Lidia habría ofrecido en varias oportunidades al encargado de seguridad de la cárcel de Viñas Cué dinero y otros beneficios, mientras que el militar está procesado y privado de su libertad por haber intentado sobornar a uno de sus colegas con la suma de G. 10 millones a cambio de proveer un teléfono móvil al supuesto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán.

Cabe recordar que el juez Humberto Otazú decretó este fin de semana la prisión preventiva tanto del militar como de su esposa. Por lo que les convocó a declarar y la aplicación de medidas preventivas a la esposa del militar, Alba Lidia de Belotto, para el próximo 14 de junio, pero ella optó por presentarse ayer.

Ambos gremios dejaron en claro a la opinión pública que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución.

Además, subrayan que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores de la Fiscalía.

El comunicado enfatiza que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.  

Este pronunciamiento surge en respuesta a las publicaciones, en los medios de prensa y en redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley, generando preocupación y especulaciones en la opinión pública.

En la tarde de este jueves se compartieron las imágenes del circuito cerrado que captaron el momento exacto en el que Bazán fue emboscado y luego recibió los nueve balazos que acabaron con su vida.

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El video revela que el ex director penitenciario antes de ser asesinado, disparó contra los sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

En el primer ataque, logró repeler a los dos hombres y resultó herido. Quedó sin proyectiles y se vio obligado a escapar a pie, sin embargo, fue perseguido hasta que, finalmente, lo asesinaron en una propiedad privada.

El antecedente más inmediato de amenaza se remonta al año 2021, cuando un integrante del clan Rotela envió una nota de voz y pidió un pabellón para todos sus secuaces.

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La denuncia fue realizada por Carolina Mareco Villalba, de la localidad de Capiibary, quien acusa al personal policial Julio Escobar de trabar un proceso judicial por filiación en el caso de una menor de 2 años de edad.

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Escobar, a través de su nueva pareja, Elsa Vargas, una funcionaria del Poder Judicial de Santaní quien se encuentra ternada para Jueza de Paz, estaría incurriendo en un hecho de tráfico de influencia para trabar la causa de filiación que se encuentra sin avances desde hace 8 meses.

#INFO➕ | Tráfico de influencia y amedrentamiento traba filiación de una menor en Santaní.

🖥️ Carolina Mareco Villalba, madre denunciante.

👉 El padre sería policía, involucrado en el supuesto apriete a secretario de "Macho" y posterior rescate hecho por el propio capo narco… pic.twitter.com/onbqmPM6Lz

— GEN (@SomosGEN) November 30, 2023

Por otra parte, el personal policial es acusado de haber participado en el confuso episodio de supuesto apriete y posterior rescate del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

Escobar se desempeña como subjefe de Automotores Policía Nacional de Coronel Oviedo.

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“Él nunca se quiso hacer cargo de mi hija y tuve que salir a reclamar el derecho de ella. Inicié el juicio de filiación y su actual señora que trabaja en el Poder Judicial tiene amistades y empezaron a recusar el caso. Incluso, me dijeron que si no me muero en un accidente de tránsito, ella misma me va a matar, me tienen amenazada”, comentó la denunciante, Carolina Mareco, en conversación con el canal GEN de Nación Media.