El coronel Luis María Belotto es un militar de alto rango que está envuelto en el escándalo. Este era uno de los directores del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, y ahora se encuentra recluido en el Comando del Ejército tras ser imputado por el Ministerio Público bajo la sospecha de intentar facilitar un celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, procesado por la supuesta comisión de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero en asociación criminal, en calidad de autor.

El uniformado fue sindicado de haber pretendido sobornar por la suma de G. 10 millones a un subalterno en la cárcel de Viñas Cue para proveer el dispositivo electrónico al señalado como el líder del clan Insfrán, que fue desbaratado tras el operativo A Ultranza Py.

También la esposa del alto militar, Alba Lidia de Belotto, está implicada en el caso y cuenta con una orden de detención. Según la Fiscalía, supuestamente al no prosperar el primer intento de Belotto a través del uniformado de menor rango, su esposa pretendió introducir el celular con una encomienda para Tío Rico.

Este coronel detenido e imputado está ligado a altos exponentes del oficialismo actual, ya que figura como ayudante del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, cuyo cargo está ocupado desde octubre de 2022 por el general de División, Aldo Daniel Ozuna Recalde, quien anteriormente estaba al frente de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) y fue premiado por el presidente Mario Abdo Benítez con el ascenso.

La promoción de Ozuna se dio pese a los serios cuestionamientos que surgieron en su contra por los acuerdos y negociados que realizó durante su gestión, tales como la entrega de la fábrica de municiones de la institución a una empresa brasileña y el encubrimiento sistemático en un grave caso de tráfico de armas en el que se había favorecido a una empresa que tendría vínculos con el crimen organizado y que recusó al fiscal Marcelo Pecci antes de su asesinato. Además, se descubrió que en el atentado que sufrió la hija del exgobernador de Amambay Ronald Acevedo, quien fue acribillada a la salida de una fiesta en Pedro Juan Caballero en la madrugada del sábado 9 de octubre de 2021, las balas disparadas pertenecían a la Dimabel.

OTRO SALPICADO EN A ULTRANZA PY

Coincidencia o no, el general Ozuna también apareció vinculado al coronel Gustavo Dávalos Insfrán, un militar que fue investigado en el marco de A Ultranza Py por supuestos vínculos con narcotraficantes, ya que bajo su presidencia el club Rubio Ñu había recibido auspicio de la firma Total Cars, de Sebastián Marset, quien sería cabeza del millonario esquema de narcotráfico que se asoció con el clan Insfrán en Paraguay.

Este uniformado en cuestión apareció en reuniones oficiales realizadas por la Dimabel cuando Ozuna era su director. Según llegó a mencionar el propio Gral. Aldo Ozuna, Dávalos estuvo participando de los encuentros en carácter de asesor de los asesores jurídicos de la Dimabel.

Así también, de acuerdo con los antecedentes, el general Ozuna participó de los encuentros entre el presunto narco Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua y el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien fue destituido del cargo por sus vínculos con el narcotráfico.

En definitiva, el largo historial del general Ozuna y la ahora caída de su mano derecha por pretender dar un celular a Tío Rico en la cárcel dejan muy mal parada a la institución castrense y también al gobierno de Mario Abdo Benítez, quien mantiene en el alto cargo a su militar predilecto.

ESPOSA DE MILITAR SE PRESENTÓ AYER

Alba Lidia Ale de Belotto, imputada por soborno agravado junto a su marido, el coronel Luis María Belotto, se presentó ante el Ministerio Público ayer por la tarde ante la Justicia. Ambos son investigados tras intentar introducir un teléfono celular a la celda de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, en la cárcel de Viñas Cué.

Según la Fiscalía, Alba Lidia habría ofrecido en varias oportunidades al encargado de seguridad de la cárcel de Viñas Cué dinero y otros beneficios, mientras que el militar está procesado y privado de su libertad por haber intentado sobornar a uno de sus colegas con la suma de G. 10 millones a cambio de proveer un teléfono móvil al supuesto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán.

Cabe recordar que el juez Humberto Otazú decretó este fin de semana la prisión preventiva tanto del militar como de su esposa. Por lo que les convocó a declarar y la aplicación de medidas preventivas a la esposa del militar, Alba Lidia de Belotto, para el próximo 14 de junio, pero ella optó por presentarse ayer.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, grupo conformado por numerosos afectados por esta mega estafa, realizó este martes una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia de Asunción.

Con pancartas y carteles, las víctimas —entre las que se encuentran docentes, funcionarios públicos, enfermeros y jubilados, entre otros— exigen a las autoridades judiciales alguna solución a sus reclamos.

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Aprovecharon la ocasión para solicitar vía nota una audiencia con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a fin de abrir un canal de diálogo y plantearles una serie de inquietudes y pedidos de manera formal.

Los manifestantes representan a las miles de víctimas de esta rosca mafiosa, que involucra a jueces, funcionarios judiciales, abogados y hasta casas de créditos y empresas de cobranza, quienes utilizaron pagarés sin retirar para ejecutar embargos salariales.

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Exigen una respuesta inmediata a sus reclamos, sobre todo para frenar los descuentos compulsivos que sufren mes a mes, además de un severo castigo a los responsables y una investigación transparente. A la par, plantean la creación de un tribunal especializado para atender sus casos.

La Coordinadora de Víctimas convocó a una nueva manifestación para el 21 de julio, teniendo nuevamente como punto de convocatoria la sede del Poder Judicial.

En la tarde de este martes se reportó un atentado con arma de fuego en la Colonia Yvy Morotî de la ciudad de Nueva Toledo.

Los datos preliminares señalan que se trató de un intento de feminicidio, el cual tuvo como blanco a Sany Paola Cabrera Cabrera, de 24 años, siendo el autor su expareja, Derlis Alfredo Báez Iglesias, de 36 años.

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Según relató a Universo 970 AM el Crio. Juan Medina, esta mujer se encontraba vendiendo ropas en la comunidad indígena, en compañía de su hermana menor y una amiga, cuando fueron interceptadas por Báez, quien llegó a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabras, este sujeto abrió fuego contra las tres mujeres, quienes recibieron varios impactos de bala en diversas partes del cuerpo.

El hecho dejó como víctima colateral a Mirna Soledad Caballero Pereira, de 17 años, hermana de Sany Cabrera, quien falleció de un disparo en la cabeza. Por su parte, María del Rosario Brítez Duarte, de 58 años, quedó en grave estado.

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Cabrera también quedó gravemente herida y fue trasladada junto a su amiga al Hospital Distrital de Yhû para recibir atención médica. En estos momentos, ambas se encuentran entre la vida y la muerte.

Luego del ataque, Báez decidió darse a la fuga y refugiarse en su lugar de trabajo, un establecimiento ganadero de la zona, donde finalmente se autoeliminó de un balazo, según confirmó el agente policial.

La iniciativa, que tiene como denominación oficial “Que establece el protocolo especial para la búsqueda por medios digitales de personas desaparecidas”, propone obligar a las empresas telefónicas a proporcionar información de geolocalización de manera inmediata.

El diputado Saúl González (ANR-Central), proyectista del documento, dijo que uno de los principales obstáculos en las investigaciones de personas desaparecidas son las demoras de las compañías telefónicas para entregar información crucial.

“Los familiares de desaparecidos, frecuentemente, reciben de las autoridades la respuesta de que las compañías telefónicas demoran en dar la información requerida sobre la geolocalización y triangulación de antenas celulares”, expresó.

La exposición de motivos del documento sostiene que esta situación genera frustración en los denunciantes que perciben que la Policía Nacional, la Fiscalía General y los juzgados de garantías no actúan con la urgencia necesaria en estos casos críticos.

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DATOS EN TIEMPO REAL

El proyecto establece que las empresas públicas y privadas de telefonía celular deberán proveer datos de geolocalización y triangulación de antenas “en forma inmediata, es decir en tiempo real y en su defecto, en un plazo no mayor a dos (02) horas a partir de su solicitud”.

El proyecto designa al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional como la entidad principal encargada de estas investigaciones. Sin embargo, también otorga facultades a la Fiscalía General de la República a solicitar, directamente, a los juzgados de garantías cuando la Policía Nacional no active el protocolo de inmediato.

Los oficios serán tramitados mediante la figura del “anticipo jurisdiccional de pruebas”, garantizando un marco legal sólido para las solicitudes de información, según la propuesta.

Una de las disposiciones más exigentes del proyecto es la que obliga a las empresas telefónicas a “adecuar sus instalaciones técnicas e infraestructura de manera a dar la respuesta requerida en el tiempo establecido”.

Tras la media sanción, se dispuso que el proyecto sea remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.