En el orden del día de este miércoles figuraba el proyecto de ley que establece un régimen de indemnización de los soldados conscriptos que prestaron servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989.

La propuesta no contaba con dictamen para su estudio, por lo que, el senador liberal José Pakova Ledesma solicitó que el pleno se constituya en comisión para así dictaminar y habilitar el tratamiento.

La votación nominal dio como resultado 21 votos a favor, 6 en contra, dos abstenciones y 16 ausencias. El proyecto quedó postergado por no reunir los 23 necesarios.

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“Esta fue la última extraordinaria y en la última ordinaria de mañana, ya no figura este proyecto. Queda para el siguiente periodo”, detalló el senador Hugo Richer, quien ya no estará en el siguiente periodo.

El proyecto inicial habla de una indemnización única de 3.500 jornales mínimos a los soldados, aunque a lo largo de los tratamientos y modificaciones bajó a 2.000 y luego a 750 jornales mínimo.

Serán beneficiarios todos aquellos soldados conscriptos de las unidades de las Fuerzas Armadas Paraguayas y de las Fuerzas Policiales que prestaron sus servicios durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989 y hayan sido dados de baja sin haber percibido ningún tipo de indemnización o resarcimiento.

Entre los requisitos para la acreditación se mencionan:

1. a) Copia autenticada de la Libreta de Baja. Que serán admitidas solo de las unidades de cuarteles citadas en la ley.
2. b) Copia autenticada de Cédula de Identidad Civil del solicitante.
3. d) Certificado de Nacimiento del beneficiario.
4. f) Copia autenticada de la Sentencia Declaratoria de Herederos, en el caso de que la persona solicitante sea heredera/o del victima fallecido en combate o posterior al mismo.

Además, se podrá acompañar a su solicitud fotocopias de actas de las Fuerzas Armadas de la nación y Policial, diarios, revistas, relatos, boletines, listado oficial de fallecidos relacionados al caso para determinar la indemnización.

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Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.