El percance sucedió a la altura del Km 192 de la ruta Carlos Antonio López, más conocida como Transchaco, en la zona de Montelindo, donde una camioneta Toyota Hilux clor plata chocó contra un tractor que supuestamente circulaba sin luces, según informaron los intervinientes a la 970 AM.

El vehículo guiado por el intendente de Loreto, Concepción, Rodolfo Insaurralde Gómez, sufrió los daños más severos en el lado del acompañante, donde precisamente viajaba su esposa, Ursulina Centurión de Insaurralde (47), quien desafortunadamente falleció en el accidente.

Por su parte el jefe comunal y su hijo de 15 años salieron prácticamente ilesos. Al mando del tractor iba Ramón Rodas, quien no pudo evitar la colisión frontal.

Amarilla presentó un escrito ante la sala penal de la máxima instancia judicial donde solicitó que se pida informe a la Fiscalía Gene­ral del Estado si las causas Carlos Arregui y otros sobre revelación de secretos de servicios y otros y Mauricio Espínola sobre revelación de secretos de carácter privado están acumuladas.

Ante el pedido, la sala penal de la Corte hizo lugar y en fecha 6 de mayo remitió un oficio a la Fiscalía General del Estado, quien tendrá que contestar la solicitud hecha por la máxima instancia judicial.

Debido a que dicha presen­tación, los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Die­sel no pueden resolver aún la recusación que presentó Amarilla contra los cama­ristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Flei­tas, quienes a su vez deben estudiar y decidir si con­firman la competencia de la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien fue recusada por el abogado Emilio Fúster, defensor del imputado Arnaldo Giuzzio.

CHICANAS PARALIZAN PROCESO

Los abogados de cada uno de los imputados han presen­tado hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera, quien tam­bién está recusada. La acti­tud de los profesionales del derecho denota la intención de no litigar o desvirtuar la imputación, sino más bien de dilatar el proceso penal.

Igualmente, los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kronaweter, defen­sor de Daniel Alberto Farías, habían presentado inicial­mente una reposición y ape­lación en subsidio contra la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emilio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Bení­tez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad. Al respecto, los involucrados en el esquema de filtracio­nes para el garrote político no quieren que esta prueba –que forma parte del acta de imputación– sea aceptada, pese a que la magistrada ya la admitió.

Así también, el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autorización judicial para la extracción de datos como acto investigativo, mediante la cual la Fiscalía tuvo ele­mentos de convicción para sostener su imputación con­tra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolabo­radores. Con esta medida, la defensa busca obtener la nuli­dad del acta de imputación.

La abogada Nenia Teresa Martínez, representante legal de la escribana fallecida, comentó al canal GEN que el pasado mes de abril se había formulado una denuncia contra Noemí Álvarez, exsuegra de la víctima, a raíz del hostigamiento que la misma venía sufriendo.

Además de ser hostigada por la madre de su difunto esposo, Ruiz Díaz también sufría de constantes amenazas y acosos, así como de violencia verbal, teniendo a Álvarez como principal acusada, refirió.

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“Se le fijó una entrevista psicológica recién para octubre de este año”, reveló Martínez, demora que se debe a la falta de suficientes profesionales en el Ministerio Público.

La profesional del derecho confirmó la realización de una “autopsia psicológica”, consistente en una serie de pericias y averiguaciones que ayudarán a determinar el estado emocional de la víctima previo a su fallecimiento.

En el marco de esta diligencia, varias personas que forman parte del entorno cercano de la escribana prestaron declaración ante la Fiscalía, a fin de brindar detalles sobre la situación por la que atravesaba.

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El hecho punible que está siendo analizado es el de “inducción al suicidio”, lo cual solo podrá determinarse a través de ciertos elementos de convicción que permitan confirmar la responsabilidad de determinadas personas, en este caso, de la exsuegra.

“Estamos en una etapa incipiente todavía”, sentenció Martínez.

El especialista en empleo, Enrique López Arce, explicó que al incrementar el monto del sueldo, indefectiblemente los precios se disparan y por ende, el asalariado sufre una pérdida del poder adquisitivo.

El director del empleo de la ANR expuso que entre 700 mil a 800 mil personas serán beneficiadas con el reajuste salarial. Sin embargo argumentó que el monto nominal sube, pero el valor real disminuye.

“Hay muchas denuncias de remarcados de precios, suba de alquileres y todavía no sube el salario mínimo. Hasta las medialunas ya subieron 10.000 guaraníes la docena. El análisis que hay que hacer en realidad es si sirven los aumentos, cuando muchos de los precios ya se disparan antes. Hay que estudiar en profundidad”, indicó.

Remarcó que un aspecto a no desconocer es que el salario solo aumenta para quienes perciben el mínimo y en muchos casos la suba equipara hacia abajo los salarios de los que ganan un poco más del salario mínimo. “Hay 400.000 personas que ganan menos del salario mínimo. La gran mayoría del trabajador asalariado gana hasta 3 salarios mínimos y solo 114.000 asalariados ganan más de 3 salarios mínimos”, acotó.

Otro de los desafíos, según resaltó, es que la mayoría de los trabajadores está en empresas de 2 a 10 personas, mientras que solo 140.000 trabajan en empresas de más de 100 personas y 170.000 están en empresas de mas de 500 empleados.

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