Uno de los proyectistas de la ley que pretende multar a los ciudadanos que no acudan a las urnas establece como castigo la quita de un jornal y medio.

Eso, en el cálculo del sueldo mínimo actual corresponde a 40.000 guaraníes. Hasta el momento ello no quedó fijado porque se están puliendo aspectos atinentes a la ley y las atribuciones de la Policía Nacional.

Esta será la institución encargada de proceder a la multa, a través del Departamento de Identificaciones. El incumplimiento del pago acarreará dificultades en ciertos trámiets administrativos.

No obstante, esa infracción no será impedimento para gestionar la emisión de las cédulas de identidad. El proyecto fue aprobado hoy en Senadores y remitido a Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el ministro Juan Carlos Baruja explicó que 200 empresas se presentaron para formar parte del novedoso programa que encara el Gobierno De Santiago Peña, de las cuales 120 fueron habilitadas para presentar sus proyectos de desarrollo inmobiliario. Aclaró que estas propuestas deberán ser analizados técnicamente.

Sostuvo que una vez que las propuestas estén aprobadas, los interesados deberán presentar sus solicitudes a los bancos, los cuales nuevamente harán un análisis de la capacidad de pago.

Por todo ello, Baruja refirió que existen muchos mecanismos de control para garantizar que las viviendas sean de calidad.

Con Che Róga Porã, el Gobierno Nacional facilitará el acceso a créditos con una tasa histórica del 6.5% y a un plazo inigualable de 30 años.

Se prevé que, para mediados de mayo, se tenga a disposición de los interesados las primeras propuestas inmobiliarias a las que podrán acceder por medio de la plataforma web www.cherogapora.gov.py.

El programa se fue fortaleciendo y ya concretó beneficios a favor de las familias, como la exoneración de tasas e impuestos municipales por parte de la Opaci, la reducción de la tasa del IVA e importantes alianzas con otras instituciones públicas para la agilización de trámites para la construcción.

Mucho se discute sobre el rol de la milicia en el país. Algunos califican a los verdeolivos como fuerzas ociosas, otros consideran que no deben ser utilizados para la seguridad interna.

El Gral. Óscar González, ministro de Defensa Nacional, rechaza la versión de que los militares estén dando la espalda al Banco Nacional de Fomento al retirarle la custodia. Sin embargo, aclaró que esa cobertura es responsabilidad de la Policía Nacional.

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En su momento, 20 años atrás, fue una disposición del Comando en Jefe, pero de manera provisoria, con la acotación de que continuó durante dos décadas.

No obstante, el Ejecutivo está diseñando un plan sobre el uso de las Fuerzas Armadas. “Vamos a presentar un plan de empleo de las FFAA y de elementos de combate para casos en los que se presente un evento como el que ocurrió la última vez”, comentó el ministro de Defensa, en un contacto con la 730 AM.

Adelantó que el plan incluirá la seguridad no solamente del BNF, sino de otras instituciones financieras. El trabajo será en conjunto con las Fuerzas Armadas.

Respecto a resortes legales que habilitarán a los militares a intervenir ante ataques de la magnitud como el que se registró en Natalio, el general dio sus argumentos.

“Porque estos son grupos que tiene armamentos de guerra y porque con sus armamentos y, sobre todo, con la actitud que tienen pueden poner en peligro la facultad soberana del Estado paraguayo en un lugar”, indicó.

Aclaró que se actuará respetando la cadena de mando, con una habilidad que es la que se necesita para disuadir a estos grupos criminales.

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En el país vecino lo acusan por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de activos, en lo que se le sindica de formar parte de un esquema internacional de criminales.

Alvarenga ya había Sido acusado en el caso Cinthia Tarrago, a quien detuvieron y apresaron por 33 meses en EEUU, tras caer en una operación en la que agentes antidrogas estadounidenses se hicieron pasar como compradores de cocaína. Tarrago ofreció entonces una venta de droga por valor de US$ 2 millones. Fue procesada y luego le plantearon reducir su pena a cambio de “cooperación con la justicia de EEUU”.

El ahora requerido por la justicia brasileña, ingresó en el expediente de la ex diputada, presuntamente por sus conexiones con la misma, lo cual saltó tras los testimonios de la política ante autoridades norteamericana.

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Alvarenga también está señalado como acusado en el operativo Hinderland, llevado a cabo por autoridades antidrogas de Paraguay, Arabia Saudita y Europol.

En ámbito judicial dan por hecho que el acusado apelará la medida ordenada por la jueza Pedrozo, lo cual dilatara la ejecución del pedido de extradición. En ámbito local, Rodrigo Alvarenga cuenta con varias empresas a su nombre, ente las cuales se encuentran como principales, las dedicadas a cambio de divisas.