En conversación con la radio 730 AM, el abogado José Casañas Levi indicó que con el fallo a favor de María Esther Roa, acusada por violación de la cuarentena sanitaria, se puso fin a un debate social sobre la legalidad o no de las restricciones de las libertades de los ciudadanos durante la pandemia del Covid-19.

“No fue una decisión cualquiera, sino que un caso que afectó a todos porque se aplicó a rajatabla y de manera inconstitucional la restricción de los derechos de los ciudadanos”, indicó.

El letrado destacó que los jueces consideraron que la conducta no está tipificada como delito, más aún porque solo estaba en un decreto presidencial. “Si el Estado no me pone en una Ley esto no podés hacer, entonces estoy habilitado a poder hacerlo. Así funciona un Estado de Derecho”, agregó.

Casañas Levi subrayó que por primera vez un Tribunal de Sentencia expuso que “todas las personas imputadas fueron mal imputadas”.

Por todo lo anterior, cuando quede firme la absolución de la activista, todos los imputados que tuvieron que pagar multas pueden presentar un recurso extraordinario de revisión y pelear por una indemnización, de acuerdo con el entrevistado. “Para que eso ocurra tiene que haber un fallo de la Cámara de Apelación que confirme esa resolución. Pueden plantar el recurso extraordinario a la Corte para que revise el caso cuando hay una posición distinta a la condición que le afectó como condenado”, dijo.

El Tribunal de Sentencia integrado por Carlos Hermosilla, Sandra Farias y Héctor Escobar absolvió ayer de culpa y reproche a la abogada María Esther Roa.

La abogada fue procesada por violación de la cuarentena sanitaria y la fiscalía solicitó la condena y que se aplique una multa de 300 jornales que equivale a G. 8.035.690.

Este proceso inició el año pasado cuando Roa fue procesada por supuesta violación de la cuarentena sanitaria, cuando en plena pandemia organizó una movilización con aglomeración de personas infringiendo las normas sanitarias dispuestas por la pandemia del Covid 19, sin embargo, para el Tribunal de Sentencia no se dieron hechos punibles en esa ocasión.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.