De acuerdo con la reglamentación concluida el jueves por la tarde, los trámites para la aplicación de la sanción por no votar pasarán por varias etapas antes del cobro propiamente dicho.

Una vez concluidas las elecciones, se abre un plazo de 120 días, para que la Dirección del Registro Electoral elabore una lista de ciudadanos que figuran en el padrón, pero que no fueron a votar el 30 de abril. La nómina incluirá departamento, distrito, zona, local y mesa de votación e incluso número de orden.

Quedarán excluidos, por estar exentos de esta obligación, las siguientes personas: mayores de 75 años, residentes en el extranjero en cuyas ciudades no se habiliten mesas, los privados de su libertad por orden judicial, los magistrados electorales y los funcionarios del TSJE que trabajen el día de los comicios. Antes de hacer estas exclusiones, se podrá solicitar un justificativo, en caso de ser necesario.

Una vez depurada la lista, será enviada, dentro del plazo mencionado, a la Fiscalía de Delitos Electorales, donde los agentes, a su vez, luego de una verificación “caso por caso”, solicitarán al Juzgado Electoral la aplicación de la multa prevista. El pedido incluirá el documento original de la Justicia Electoral y “demás pruebas”.

Una vez que el juez electoral tenga en sus manos la solicitud de aplicar la multa, se dará por iniciado el sumario y se ordenará la publicación de las listas en la página web del TSJE y también en cada oficina distrital del Registro Electoral o cualquier otro medio que considere pertinente.

Las publicaciones incluirán los detalles del lugar y la fecha límite para presentar los justificativos -si los hubiera- por no haber votado o en todo caso, el certificado de votación, si se tratara de un error. Los motivos de salud y de trabajo son razones válidas para no sufragar.

Un día después de la difusión de la lista, comenzará a contarse un periodo de 60 días corridos, para la presentación de los justificativos, según el artículo 12 de la reglamentación.

Una vez que pasen estos 60 días, de no existir ningún justificativo, el juez electoral dictará la sentencia definitiva que ordene el pago de la multa, la cual, deberá ser abonada (un jornal mínimo= G.98.000) dentro de los 30 días corridos de haber quedado firme la sentencia. Si el juez considera que hubo justificación para no votar, rechazará el pedido de la Fiscalía de aplicar la multa.

Nuevamente será publicada la lista de sancionados (con sentencia firme) en la web del TSJE. La medida podrá ser recurrida en el plazo de tres días desde su publicación. Superado ese tiempo, la nómina quedará de manera permanente en formato de datos abiertos. Se excluirá de forma inmediata al que abone la multa.

Si quedó corta esta serie de trámites explicados más arriba, que incluye al TSJE, la Fiscalía y el Juzgado con sus diversas instancias, la reglamentación incluye a una institución más: la Procuraduría General de la República. Con la sentencia firme, la Procuraduría podrá promover el procedimiento para el cumplimiento y el pago de dicha multa.

Se registra circulación viral de Influenza A (69 %), Rhinovirus (17 %) y Virus Sincitial Respiratorio (13 %), virus que se identifican entre los principales motivos de consultas en los establecimientos de salud, por lo que se insiste en acceder a la vacunación anual contra estos virus respiratorios.

Por otra parte, la Vigilancia Centinela muestra que, hasta la fecha, 4.115 pacientes fueron hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), de los cuales 311 corresponde a la cifra de internados de la última semana. Los más afectados siguen siendo los extremos de la vida: los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 60 años; a esto se suma el grupo de 5 a 19 años.

Entre los hospitalizados por infecciones respiratorias se identificó la circulación de rhinovirus (58 %), influenza A H1N1 (26 %) y, en menor circulación, influenza A no subtipificada. Además, se identifica circulación de virus sincitial respiratorio (VSR), parainfluenza, adenovirus e influenza B.

El reporte señala que ninguno de los pacientes internados contaba con la vacunación anual contra la influenza y el COVID-19 para la temporada actual. Igualmente, los niños pequeños afectados por VSR no estaban inmunizados con Nirsevimab.

A través del Decreto N° 3900, el Poder Ejecutivo este viernes oficializó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para el periodo 2025-2028.

Dicho plan gubernamental será implementado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), con el propósito de fortalecer la seguridad digital del país.

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La aprobación de esta iniciativa es el resultado de un proceso de trabajo extenso y colaborativo, que se intensificó en los últimos meses e involucró a diversos actores, incluyendo a la sociedad civil, el sector privado y la academia.

Entre los aspectos más destacados de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se encuentran: la protección de infraestructuras críticas, la mejora en la respuesta ante incidentes y el desarrollo de capacidades humanas y técnicas, entre otros.

Con una visión renovada, la nueva estrategia despliega un marco integral que actualiza y moderniza las líneas de acción. Asimismo, fortalece la gobernanza, promueve la cooperación nacional e internacional, y prioriza un enfoque centrado en las personas, con especial atención a los grupos más vulnerables.

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Esto marca un paso trascendental en el camino que sigue Paraguay hacia un ecosistema digital más seguro e inclusivo, consolidando el proceso de actualización iniciado en marzo de 2024.

Para ello, se tuvieron en cuenta los avances del Plan Nacional de Ciberseguridad 2017, en respuesta a la necesidad de adaptarse a un entorno digital en constante transformación.

Cerca de las 22:00 hs de este jueves se registró un hecho de robo agravado en un domicilio particular situado sobre las calles Teniente Juan Benítez y Guaraníes, en el barrio Nazareth de Asunción.

Resultaron víctimas Shyrlene Arasy Coronel de Samudio (47), su madre y sus dos hijos, quienes fueron visitados por una banda criminal en medio de la noche.

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Tres delincuentes irrumpieron repentinamente en el portón, aprovechando el momento en que una enfermera que fue para realizar un trabajo de curación se disponía a retirarse.

A punta de arma de fuego, los ladrones forzaron a esta trabajadora y a la dueña de casa a ingresar nuevamente dentro de la vivienda, donde hurgaron en busca de dinero. “Se subieron en mi dormitorio y sacaron todo, estaba patas para arriba”, afirmó Coronel en entrevista con el canal GEN.

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Fue así como se apropiaron de una suma aproximada de G. 15 millones, conforme a los datos preliminares. Posteriormente, se dieron a la fuga a bordo de un vehículo Toyota Allion de color bordó, el cual tenía una denuncia de robo y fue abandonado hacia Fernando de la Mora.

La víctima definió a los autores del asalto como personas jóvenes y “de buen pasar”. Los mismos iban con pasamontañas y solo se comunicaban en castellano.