De acuerdo con la reglamentación concluida el jueves por la tarde, los trámites para la aplicación de la sanción por no votar pasarán por varias etapas antes del cobro propiamente dicho.

Una vez concluidas las elecciones, se abre un plazo de 120 días, para que la Dirección del Registro Electoral elabore una lista de ciudadanos que figuran en el padrón, pero que no fueron a votar el 30 de abril. La nómina incluirá departamento, distrito, zona, local y mesa de votación e incluso número de orden.

Quedarán excluidos, por estar exentos de esta obligación, las siguientes personas: mayores de 75 años, residentes en el extranjero en cuyas ciudades no se habiliten mesas, los privados de su libertad por orden judicial, los magistrados electorales y los funcionarios del TSJE que trabajen el día de los comicios. Antes de hacer estas exclusiones, se podrá solicitar un justificativo, en caso de ser necesario.

Una vez depurada la lista, será enviada, dentro del plazo mencionado, a la Fiscalía de Delitos Electorales, donde los agentes, a su vez, luego de una verificación “caso por caso”, solicitarán al Juzgado Electoral la aplicación de la multa prevista. El pedido incluirá el documento original de la Justicia Electoral y “demás pruebas”.

Una vez que el juez electoral tenga en sus manos la solicitud de aplicar la multa, se dará por iniciado el sumario y se ordenará la publicación de las listas en la página web del TSJE y también en cada oficina distrital del Registro Electoral o cualquier otro medio que considere pertinente.

Las publicaciones incluirán los detalles del lugar y la fecha límite para presentar los justificativos -si los hubiera- por no haber votado o en todo caso, el certificado de votación, si se tratara de un error. Los motivos de salud y de trabajo son razones válidas para no sufragar.

Un día después de la difusión de la lista, comenzará a contarse un periodo de 60 días corridos, para la presentación de los justificativos, según el artículo 12 de la reglamentación.

Una vez que pasen estos 60 días, de no existir ningún justificativo, el juez electoral dictará la sentencia definitiva que ordene el pago de la multa, la cual, deberá ser abonada (un jornal mínimo= G.98.000) dentro de los 30 días corridos de haber quedado firme la sentencia. Si el juez considera que hubo justificación para no votar, rechazará el pedido de la Fiscalía de aplicar la multa.

Nuevamente será publicada la lista de sancionados (con sentencia firme) en la web del TSJE. La medida podrá ser recurrida en el plazo de tres días desde su publicación. Superado ese tiempo, la nómina quedará de manera permanente en formato de datos abiertos. Se excluirá de forma inmediata al que abone la multa.

Si quedó corta esta serie de trámites explicados más arriba, que incluye al TSJE, la Fiscalía y el Juzgado con sus diversas instancias, la reglamentación incluye a una institución más: la Procuraduría General de la República. Con la sentencia firme, la Procuraduría podrá promover el procedimiento para el cumplimiento y el pago de dicha multa.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.

Santiago Peña destacó, a través de sus redes sociales, que el programa que busca cumplir el sueño de muchos paraguayos avanza a pasos a agigantados. La segunda fase del plan concluyó exitosamente y ya se puso en marcha la plataforma web.

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Esta plataforma servirá para la evaluación de las propuestas de viviendas a presentar por los desarrolladores inmobiliarios anotados para participar del programa. Estas propuestas serán evaluadas y calificadas por el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) antes de que estén a disposición de la ciudadanía.

“Trabajamos para que cumplas el sueño de la casa propia. Verificamos avances en Che Róga Porã y otros programas cuyas obras estamos próximos a inaugurar”, informó el mandatario en su cuenta de X.

El programa ofrecerá créditos de hasta Gs. 400 millones a familias con ingresos de entre 1 y 4 salarios mínimos. Los créditos serán hasta 30 años con una tasa de interés del 6,5%.

Con estas características, el pago de la casa propia será similar a un pago de alquiler, gracias a las tasas preferenciales que ofrecerá el Gobierno a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).