De acuerdo con la reglamentación concluida el jueves por la tarde, los trámites para la aplicación de la sanción por no votar pasarán por varias etapas antes del cobro propiamente dicho.

Una vez concluidas las elecciones, se abre un plazo de 120 días, para que la Dirección del Registro Electoral elabore una lista de ciudadanos que figuran en el padrón, pero que no fueron a votar el 30 de abril. La nómina incluirá departamento, distrito, zona, local y mesa de votación e incluso número de orden.

Quedarán excluidos, por estar exentos de esta obligación, las siguientes personas: mayores de 75 años, residentes en el extranjero en cuyas ciudades no se habiliten mesas, los privados de su libertad por orden judicial, los magistrados electorales y los funcionarios del TSJE que trabajen el día de los comicios. Antes de hacer estas exclusiones, se podrá solicitar un justificativo, en caso de ser necesario.

Una vez depurada la lista, será enviada, dentro del plazo mencionado, a la Fiscalía de Delitos Electorales, donde los agentes, a su vez, luego de una verificación “caso por caso”, solicitarán al Juzgado Electoral la aplicación de la multa prevista. El pedido incluirá el documento original de la Justicia Electoral y “demás pruebas”.

Una vez que el juez electoral tenga en sus manos la solicitud de aplicar la multa, se dará por iniciado el sumario y se ordenará la publicación de las listas en la página web del TSJE y también en cada oficina distrital del Registro Electoral o cualquier otro medio que considere pertinente.

Las publicaciones incluirán los detalles del lugar y la fecha límite para presentar los justificativos -si los hubiera- por no haber votado o en todo caso, el certificado de votación, si se tratara de un error. Los motivos de salud y de trabajo son razones válidas para no sufragar.

Un día después de la difusión de la lista, comenzará a contarse un periodo de 60 días corridos, para la presentación de los justificativos, según el artículo 12 de la reglamentación.

Una vez que pasen estos 60 días, de no existir ningún justificativo, el juez electoral dictará la sentencia definitiva que ordene el pago de la multa, la cual, deberá ser abonada (un jornal mínimo= G.98.000) dentro de los 30 días corridos de haber quedado firme la sentencia. Si el juez considera que hubo justificación para no votar, rechazará el pedido de la Fiscalía de aplicar la multa.

Nuevamente será publicada la lista de sancionados (con sentencia firme) en la web del TSJE. La medida podrá ser recurrida en el plazo de tres días desde su publicación. Superado ese tiempo, la nómina quedará de manera permanente en formato de datos abiertos. Se excluirá de forma inmediata al que abone la multa.

Si quedó corta esta serie de trámites explicados más arriba, que incluye al TSJE, la Fiscalía y el Juzgado con sus diversas instancias, la reglamentación incluye a una institución más: la Procuraduría General de la República. Con la sentencia firme, la Procuraduría podrá promover el procedimiento para el cumplimiento y el pago de dicha multa.

El ejemplar fue identificado durante un recorrido técnico realizado en el tradicional espacio verde de la capital, donde funcionarios de la Unidad de Árboles de la Dirección General de Gestión Ambiental, junto con especialistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), realizaron una evaluación del estado del arbolado existente.

Con un diámetro superior a los cinco metros, el árbol se convirtió en uno de los principales puntos de atención del relevamiento. Aunque todavía se realizará una estimación científica para determinar con mayor precisión su antigüedad, los técnicos estiman que supera ampliamente los 100 años.

El director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, destacó la importancia de preservar este ejemplar por lo que representa para el Parque Caballero y para la memoria ambiental de la ciudad.

“Queremos conservar este árbol por todo lo que representa para el Parque Caballero y convertirlo en un verdadero patrimonio natural y atractivo turístico para la ciudad”, expresó.

Como parte del plan de conservación, se prevé la instalación de un cercado protector alrededor del tarumá para evitar daños, además de un cartel informativo que permitirá a los visitantes conocer la historia de la especie y la importancia del ejemplar.

Durante la inspección también se detectó que el árbol presenta un gran hueco natural en su tronco, donde fueron encontrados materiales utilizados por algunas personas para descansar. Además, los especialistas hallaron indicios de un antiguo intento de quema, una práctica que puede afectar gravemente la salud del ejemplar.

Ante esta situación, el tarumá será sometido a tratamientos de sanitación con el objetivo de favorecer su recuperación y extender su permanencia en el parque.

El relevamiento del arbolado también permitió determinar que la mayoría de los árboles ubicados en el acceso principal del Parque Caballero pueden conservarse mediante podas sanitarias y la aplicación de productos fitosanitarios.

Solo algunos ejemplares fueron considerados en estado irreversible y con riesgo para los visitantes. En esos casos, la remoción se realizará siguiendo la normativa vigente, que establece la plantación de diez nuevos árboles por cada ejemplar retirado, priorizando la recuperación del propio espacio verde.

Aunque aún no existe un censo definitivo del arbolado del parque, la estimación técnica indica que el lugar podría albergar más de 2.000 árboles, consolidándose como uno de los principales pulmones verdes de Asunción.

El tarumá centenario se suma así a los elementos naturales que forman parte de la identidad del Parque Caballero, con la intención de que su historia continúe acompañando a las próximas generaciones de visitantes.

Durante una entrevista en el canal GEN/Nación Media, el ministro Gutiérrez desglosó los principales motivos de asistencia atendidos por los operadores. Entre los reportes más recurrentes sobresalen 386 casos vinculados a la falta del deber del cuidado y 382 denuncias por maltrato físico o psicológico.

Además, 170 situaciones de riesgo social, principalmente vinculadas al consumo de sustancias estupefacientes en el entorno, 131 casos de menores en situación de calle, 98 alertas por presunto abuso sexual y 4 denuncias por explotación sexual.

Uno de los aspectos más graves expuestos señala que el 45% de los casos reportados provienen del círculo directo del menor, es decir, casi la mitad de los niños amenazados o abusados sufren la violencia en sus propios hogares, a manos de personas de su entorno familiar o cercano. Ante este panorama, Gutiérrez destacó la urgencia de romper el silencio.

Con el objetivo de hacer frente a esta demanda social, la secretaría de Estado encaró una reestructuración del servicio Fonoayuda. El ministro explicó que triplicaron la capacidad de respuesta de la línea telefónica mediante la contratación y despliegue de 32 profesionales capacitados.

La atención se mantiene operativa de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana, abarcando fines de semana y feriados.

Gutiérrez instó a la ciudadanía a recurrir a esta herramienta, recordando que la marcación directa al 147 desde cualquier teléfono es totalmente gratuita y confidencial para garantizar la protección del denunciante.

Tras la recepción de cada llamado, los operadores del MINNA activan un protocolo de respuesta rápida que incluye la intervención directa con dependencias como el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensoría Pública, las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) o los programas internos de protección del propio ministerio.

El gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón, reconoció que existe una precaución en el departamento ante las previsiones meteorológicas para los próximos meses vinculadas al fenómeno El Niño. Durante una entrevista en Universo 970/Nación Media, indicó que desde la administración ya están tomando todas las medidas preventivas que tienen a su alcance para mitigar los impactos de eventuales precipitaciones severas.

Como primera medida operativa, Fornerón confirmó la activación del Consejo de Gestión de Riesgos de la Gobernación, a través de la cual se coordinan las tareas prioritarias en terreno. El plan de contingencia se centra actualmente en el despliegue de maquinaria pesada propia y retroexcavadoras para la limpieza permanente de los canales naturales de drenaje en diversos puntos del departamento.

El gobernador explicó que, tras extensos periodos de sequía, muchos cauces suelen obstruirse con vegetación y sedimentos, por lo que su despeje es una exigencia continua solicitada por los propios productores de la zona.

Con el objetivo de reforzar las capacidades operativas ante la magnitud del evento que se avecina, el jefe departamental mantuvo una reunión con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), donde se planificaron más acciones y se estableció sumar más equipos viales mediante el Ministerio de Obras Públicas y el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas.

La principal preocupación para el gobernador es la infraestructura vial de la zona cuando sube el nivel de los humedales característicos de Ñeembucú, situación que deja a varias comunidades completamente aisladas. Fornerón anticipó que en 15 días llegarán nuevos equipos para realizar el drenaje en las rutas, mediante la colocación de tubos que permitan el flujo constante de los cauces e impidan que el agua quede estancada e inunde caminos.