La Contraloría General de la República (CGR) recomendó a la comuna rescindir el contrato con la empresa, debido al rosario de irregularidades que hallaron en la auditoría. Una de las más graves es la presentación de certificados de cumplimiento tributario falso para poder seguir cobrando y operando en Asunción.

“Hace un año y medio desde el Ministerio de Hacienda presentamos una demanda por falta de pago de tributos, por su parte la Municipalidad presentó una denuncia penal por la supuesta falsificación, nosotros iniciamos el proceso administrativo junto a la Abogacía del Tesoro“, informó el titular de la SET.

Luego de la denuncia de Tributación, Orué confirmó que representantes de la empresa se presentaron ante la Abogacía del Tesoro y acordaron un plan de pago sobre el monto total de impuestos adeudados, las multas que fijamos y los intereses por mora. Esto fue homologado por la justicia ordinaria y la CGR dispuso que un la conformación de un nuevo equipo de Fiscalizaciones Especiales Inmediatas (FEI) que realizará una auditoría al contrato de la Municipalidad de Asunción con Empo para aclarar qué pasó con la rescisión del contrato que había recomendado.

El argumento de la Contraloría para recomendar la rescisión del contrato es el art. 42 del pliego de bases y condiciones que establece como motivos para cancelar la contratación los incumplimientos de disposiciones legales, reglamentarias, y/o contractuales en forma constante y reiterada, así como la grave negligencia o fraude en la ejecución del contrato.

El informe también menciona que la empresa habría modificado la integración del consorcio adjudicado, lo que sería una violación al contrato. El director general de Medio Ambiente de la CGR, Humberto Franco, manifestó que se hará una fiscalización puntual del contrato con Empo, para determinar si la empresa continúa trabajando mediante decisión arbitral o si es que la Municipalidad hizo caso omiso a las recomendaciones y no dio el seguimiento correspondiente al caso.

Otra de las irregularidades es la recepción de desechos de ciudades aledañas a la capital. El contrato con la empresa establece que solamente se podrán depositar allí los residuos de Asunción.

Pese a las numerosas denuncias ciudadanas, la fiscal María Elena Álvarez solicitó a fines del año pasado, el sobreseimiento provisional en la causa que enfrentan los propietarios del vertedero “Cateura” de la firma Empo S.A, por los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos.

En tanto, el juez penal de Garantías Alcides Corbeta dio trámite para que el requerimiento sea revisado nuevamente por la Fiscalía General.

Recientes publicaciones periodísticas dan cuenta de que la empresa también habría participado del esquema de coimas que operaba en la Municipalidad de Asunción. Hasta el momento, el actual intendente, Oscar “Nenecho” Rodríguez no se pronunció respecto a esta situación, a diferencia de cómo actuó con la empresa TX y la desvinculación de funcionarios de la comuna.

El fiscal Rusbell Benítez imputó a dos hombres por homicidio doloso en el marco de dos investigaciones independientes abiertas luego de sucesos registrados durante el Día de los Trabajadores en la referida localidad.

En el primero de los casos, el imputado fue identificado como Juan Ramón Giménez García, de 26 años, quien se encuentra prófugo de la justicia y con orden de detención en su contra. Los hechos se habrían registrado a las 03:30 horas de este miércoles al costado de la plaza Mariscal López. Resultó víctima fatal Richard Barreto Fernández, de 22 años.

La imputación señala que el fallecido presuntamente recibió una estocada con un arma blanca (cuchillo), a la altura del cuello, lado izquierdo, herida que le produjo hemorragia y su posterior deceso.

La segunda imputación fue presentada contra Esteban Daniel Cano Galeano, de 23 años, quien fue aprehendido y guarda reclusión en la sede de la Comisaría 8va, a disposición del juzgado. Los antecedentes refieren que el sospechoso presuntamente, en una casa ubicada en el barrio Inmaculada de Villa del Rosario atacó a Mauricio Andrés Blanco Salinas, de 24 años.

La víctima, domiciliada en el barrio Santa Teresita, habría sido atacado con con golpes en el tórax y cabeza, causaron su muerte debido a un traumatismo de cráneo.

Igualmente, se registró otro caso de homicidio doloso en la vía pública en Itacurubí del Rosario. El suceso se registró anoche, siendo cerca de las 23:15 horas sobre la Ruta N° 22. a la altura de la compañía Ríos Rugua, resultando víctima fatal Juan Ramón Arévalos, de 40 años.

Por el momento se desconoce al autor del hecho. La víctima falleció debido a las lesiones que sufrió en la cabeza, específicamente en la región occipital. Los informes médicos rebelan que Arévalos falleció de traumatismo de cráneo.

“Estimamos que en breve vamos a comunicar de manera conjunta con las autoridades del Brasil sobre los resultados. Hay un trabajo interior que necesita ir terminando”, dijo en conferencia de prensa el canciller nacional.

La tarifa acordada regirá por dos años, periodo en el que se pretende tener las condiciones óptimas para negociar el Anexo C. También se conversa sobre el plan operativo de la binacional.

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Los principios sobre los que se administrará el Anexo C son otro aspecto sobre mesa. El trabajo técnico está liderado por los ministros de Energía de Brasil y de Industria y Comercio de Paraguay.

La revisión también consta de una arista diplomática, la cual, por ende, es función de los cancilleres de ambos países.

“Estamos en una proximidad de alcanzar ese acuerdo, apenas concluya y se suscriba, vamos a compartir los resultados. Para nosotros, lo urgente no tiene que matar lo importante”, afirmó el ministro.

El Anexo C del Tratado de Itaipú establece las bases financieras del funcionamiento de la entidad. El 13 de agosto del 2023 se cumplieron 50 años de la firma y con esto, el plazo para el inicio de la revisión de ese aspecto.

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Desde las 5 de la mañana de este viernes el túnel Itapúa, que anoche había sido clausurado debido a la gran acumulación de agua, se encuentra nuevamente habilitado al tránsito.

Según los encargados del área del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el incidente fue a causa del robo del tablero y de otros componentes del sistema que acciona la bomba en la fosa, entre ellos las llaves termo magnéticas, cables y conectores.

El Ing. Carlos Casati, jefe de Conservación de Rutas, lamentó que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos delictivos en la zona, que son ya como 20 denuncias que se hicieron por distintos motivos, siendo esta la tercera vez que afecta la bomba del túnel.

“Si vamos a contar desde cero, ya tenemos como 20 denuncias policiales aproximadamente, dos a tres veces ya nos llamó la Fiscalía para testificar sobre algún caso, pero robos grandes, así como tuvimos ahora y que afectaron el funcionamiento de la bomba, son como tres veces desde el 2022″, agregó.

Indicó que el robo pudo haberse perpetrado el feriado del miércoles, y que una posible solución que están evaluando, es aprovechar la licitación de túneles y viaductos para adaptar algunas casas que se tienen en el lugar y armar una oficina de guardia de la Policía, que funcione como una especie de sub comisaría.

Por su parte, el ingeniero Ing. Roberto Zalazar del MOPC, destacó el apoyo técnico brindado por la ESSAP (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay) para poder sacar toda el agua y habilitar nuevamente el túnel.

“Esto fue posible mediante un tablero provisorio que hicimos y una bomba Flygt que la ESSAP tiene. Estuvimos trabajando en el desagote desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ahora seguimos sacando agua, pero de la fosa para ver la situación de la bomba, si sufrió daños o no, porque el motor fue violentado, así como el tablero de accionamiento y la caja de conexión, más todo el cableado que también fue sustraído”, explicó finalmente.

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