Paraguay realiza la Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento, aplicando a todos los niños y a todas las niñas de 1 a 6 años una dosis adicional de la vacuna Sarampión, Paperas y Rubéola (SPR) y a los niños de 6 meses a 4 años la vacuna polio oral (OPV).

En 1998, se reportó el último caso de sarampión en Paraguay, este logro se debe a la vacunación masiva y al sistema de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Son años donde, desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones, se sigue promoviendo la vacunación oportuna como única forma de mantener al Paraguay sin casos de sarampión.

La OPS/OMS ha seguido de cerca el impacto de la pandemia sobre las coberturas de vacunación en la Región. Al respecto, comparando el periodo de enero a mayo de 2019 con el mismo periodo en 2020 y 2021, se observó una disminución de dosis de SRP1 administradas durante mayo 2020 (en 22 % en comparación con el 2019) y 2021 (en 18% en comparación con el 2020). Asimismo, en 2020, la notificación semanal de casos sospechosos de sarampión y rubéola disminuyó en un 73%, en comparación con el 2019. En 2021, entre la semana epidemiológica 1 y la 38, se registra una baja notificación de casos sospechosos, con una mediana de cuatro casos.

En este contexto, los logros como país se ven amenazados ante casos en la región. Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud. De acuerdo con los datos de la OPS/OMS, estos son los países que notificaron casos y defunciones por sarampión en 2020: Argentina (61 casos, incluida una defunción), Bolivia (2 casos), Brasil (8.448 casos, incluidas 10 defunciones), Canadá (1 caso), Chile (2 casos), Colombia (1 caso), Estados Unidos de América (13 casos), México (196 casos) y Uruguay (2 casos). El contacto de población susceptible (no vacunados) con personas portadoras de estos virus, puede generar brotes de gran magnitud, provocando no solo la enfermedad, sino la presencia de complicaciones y muerte por esta misma causa.

El Departamento de Prevención de Polución Sonora y Visual, dependiente de la citada dirección general, lleva adelante verificaciones en establecimientos, con el objetivo de evaluar las condiciones de infraestructura y el cumplimiento de la Ordenanza N° 162/24, que regula los ruidos molestos.

El jefe del Departamento de Prevención de Polución Sonora y Visual de la DGGA, Sergio Ariel Irala Bareiro, explicó que la labor municipal se centra principalmente en el ámbito administrativo y en el control del cumplimiento de la normativa local.

“Nosotros estamos trabajando arduamente desde la Dirección General de Gestión Ambiental, en relación a la ordenanza municipal que regula la polución sonora. Realizamos verificaciones en los locales para constatar si cuentan con las condiciones adecuadas, como sistemas de aislamiento acústico, que permitan evitar molestias a los vecinos”, señaló.

Indicó que los procedimientos incluyen inspecciones en los locales para verificar si las instalaciones cumplen con las exigencias establecidas para su funcionamiento, principalmente en lo referente a la adecuación estructural que permita contener el sonido.

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“Entramos al local, verificamos si está estructurado con algún tipo de aislamiento sonoro. El objetivo principal es que los establecimientos se adecuen para poder operar sin generar molestias a la ciudadanía”, recalcó.

En recientes intervenciones realizadas en distintos sectores de la ciudad, técnicos municipales efectuaron controles y labraron actas administrativas a establecimientos que no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa municipal.

Posteriormente, los antecedentes son remitidos a las instancias correspondientes, para el seguimiento de los procedimientos administrativos que pudieran derivar en sanciones, conforme a lo establecido en la reglamentación vigente.

Desde la Dirección General de Gestión Ambiental remarcaron que la participación ciudadana es fundamental para detectar y actuar ante situaciones de contaminación sonora.

En ese sentido, instaron a los vecinos a realizar sus denuncias a través del WhatsApp de Atención al Ciudadano de la Municipalidad de Asunción (0986 128 777), canal mediante el cual se reciben reportes que luego son derivados para su verificación.

Las jornadas serán del 17 al 19 de marzo, de 08:00 a 15:00, en el salón auditorio del ministerio, ubicada en Asunción.

Los interesados podrán realizar el registro en REPSE y recibir orientación sobre los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La inscripción se realiza en cumplimiento al Artículo 11 de la Ley N.º 7613/2025, que establece la obligatoriedad de registro para los prestadores de servicios de belleza.

La normativa tiene como objetivo regular las relaciones entre los propietarios de salones de belleza y los profesionales que prestan servicios en el sector.

La convocatoria está dirigida a prestadores de servicios de belleza y actividades afines, incluidos tanto dueños de salones como profesionales independientes del rubro. No obstante, se aclaró que los trabajadores que se encuentren en situación de dependencia laboral quedan exentos de la inscripción en el REPSE.

Uno de los puntos principales del acuerdo es que Petropar garantiza la Zafra Alcoholera 2026 y la compra del 100% de la caña de azúcar de los productores censados.

Asimismo, el ente se comprometió a brindar asistencia técnica, insumos agrícolas y trabajo conjunto para avanzar hacia una futura planta de molienda.

“Este acuerdo fue posible gracias al trabajo del Gobierno del presidente Santiago Peña, apostando al diálogo y a la tranquilidad de las familias cañicultoras”, indicó Petropar.

Al respecto del acuerdo, el gobernador de Guairá, César Sosa, dijo al canal GEN que también se habló del compromiso de destrabar el problema judicial que impide el avance del proyecto del Tren de Molienda en la planta de Mauricio José Troche.

“Queremos que se solucione lo más rápido posible y se tenga una mejoría. Estamos muy esperanzados”, subrayó el gobernador.

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Cabe mencionar que el proyecto quedó paralizado debido a una presunta sobrefacturación gigantesca registrada durante la administración de Mario Abdo Benítez.

La denuncia de Petropar busca esclarecer los hechos para evitar que la situación genere más pérdidas para el Estado, ya que la obra, tal como está, no puede funcionar por problemas de diseño al no prever consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña, además de la correcta gestión del subproducto: la linaza.