La versión de la madre fue puesta en duda desde el principio, cuando el pequeño llegó prácticamente sin signos de vida hasta el Hospital Regional de Villarrica donde fue reanimado por 30 minutos, pero nada se pudo hacer.

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El cuerpo del pequeño fue trasladado hasta la Morgue Judicial de Asunción donde se le practicó la autopsia y reveló que su muerte nada tiene que ver con la patada de un burro.

De acuerdo a la abuela de Ángel, Marlene Villalba, el médico forense confirmó que existen otras cuestiones que se estarán dilucidando con el paso de la investigación.

Supuestamente, la Policía Nacional recogió testimonios de vecinos y conocidos quienes confirmaron que el niño sufría maltratos por parte de su madre y de su padrastro, este último con paradero desconocido.

La mamá de Ángel, Liz Fariña, fue imputada por violación al deber del cuidado y se está en la mira de la investigación.

La mujer era encargada de la estancia donde ocurrió el hecho y, según su declaración, el pequeño estaba jugando cerca del animal cuando supuestamente recibió la patada.

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Al ser consultados sobre el pedido de interpelación al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), los principales voceros del movimiento Honor Colorado expresaron su posición en contra de dicha propuesta.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada en la Cámara Alta, adelantó que solicitarán la postergación del proyecto de resolución que cita a interpelar a Francisco Ruiz Díaz.

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A su vez, su colega Basilio Núñez, presidente del Senado, confirmó que desde la bancada plantean ya sea postergar o, en todo caso, rechazar la interpelación al actual titular del Indert. “Faltan más elementos”, sostuvo.

“Bachi” recordó que, durante una conferencia de prensa convocada ayer, Ruiz Díaz expuso una serie de evidencias que, a su criterio, deben ser objeto de análisis antes de tomar una decisión.

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Dichas evidencias guardan relación con presuntas irregularidades en la adjudicación de unas 10.000 hectáreas en el área de influencia del Corredor Bioceánico, en la localidad de Carmelo Peralta, Chaco paraguayo.

El pedido de interpelación al presidente del Indert figura en el punto 12 del orden del día de la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, que se desarrolla este miércoles.

Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, confirmó que hace aproximadamente un año o más, se presentó ante él un abogado paraguayo de Sebastián Marset para plantear la posibilidad de que el uruguayo se presente ante la justicia paraguaya, pero bajo ciertos condicionamientos.

“Pidió que se le deje fuera de todo trámite judicial a la esposa y pidió algunas concesiones o beneficios carcelarios y la respuesta nuestra es que no podemos emprender una salida negociada hasta tanto no se presente en forma efectiva”, relató el fiscal Rolón, en un contacto con el canal Gen.

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Si bien admitió que, efectivamente recibió a un abogado de Marset, aclaró que lo hizo en el marco del derecho constitucional que tiene todo abogado de hacer peticiones formales.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset permanece prófugo de la justicia, aunque ayer mantuvo una comunicación con un medio radial paraguayo. De haberse sabido con antelación, se habría podido utilizar la tecnología para rastrearlo, explicó Rolón.

En la sesión extraordinaria celebrada esta mañana, el Senado trató en el primer punto del orden del día el proyecto de “Modernización del Transporte Público de Pasajeros”.

Luego de un amplio debate respecto a la propuesta legislativa, presentada por el Poder Ejecutivo, por mayoría se resolvió la aprobación del documento, en la versión remitida por la Cámara de Diputados.

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La Cámara Baja había incorporado una serie de modificaciones al texto original, las cuales finalmente acabaron siendo aceptadas por los senadores.

El proyecto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones referente a las obras públicas y el transporte.

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De igual manera, se prevé la creación de un consejo asesor como instancia consultiva, integrado por autoridades, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.