El senador Jorge Querey (FG) indicó a la radio Universo 970 – Nación Media que no hay los números para rechazar la decisión del Poder Ejecutivo, el cual emitió ayer un veto parcial a la ley que exceptúa a proveedores extranjeros de combustible de presentar declaraciones juradas. El punto rechazado es el que exime a Petropar del control de Contrataciones Públicas.

“La gran Marito se llama este acto, es lamentable porque retorna con una orden del presidente, este proyecto no era la octava maravilla pero apuntaba al problema. Resulta tremendo lo del oficialismo, la actitud que van a tomar en el Senado, resulta patético lo que dicen los senadores que no entendieron lo que votaron. Me parece que los números no darán para ratificarse en la sanción inicial, se requiere suficiente cantidad para levantar el veto”, expuso.

Según esgrimió, no hay visión integral de encarar el disparo del precio del combustible, nadie habla de que este es un problema interno y que se debe transparentar todo el proceso en cuanto a las subas y bajas, para que no suban artificialmente. Ahondó que los emblemas privados no quieren transparentar la estructura de costos, porque existe una especulación histórica de los precios de los combustibles.

“La ley es inservible así como está, porque lo de las declaraciones juradas servirá para las compras oportunas. Arabia Saudita no vendrá a ofrecer su petróleo”, dijo. “Estamos con la autorquía de Petropar, hay fracaso porque está sometida a las intermediarias. Se debe dar competitividad a Petropar sin lastimar los mecanismos de control”, agregó.

Por otro lado se refirió a la visita de las autoridades venezolanas al país. En ese sentido mencionó que la delegación vino invitada por el senador liberal Blas Llano, mediante la Unión Interparlamentaria, de la cual es presidente actualmente.

“El objetivo es poner sobre la mesa la reincorporación al Mercosur y Parlasur, y la comunicación de la Asamblea Nacional para acordar una salida a la deuda con PDVSA y una negociación para el combustible. Siempre fuimos partidarios de que esto puede ser muy conveniente para nosotros. Ni en tiempos de guerra las oficinas consulares se han cerrado”, defendió sobre la posición de los venezolanos visitantes que desean restablecer las relaciones entre Paraguay y el régimen de Nicolás Maduro.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.