En entrevista con ABC Cardinal, el titular de la cartera de Hacienda indicó que los recursos disponibles para el próximo año son los que están previstos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2019.

Así también, sostuvo que muchos creen que esta postura es una negación a un derecho que varios alegan tener y que todo se trata de una cuestión de voluntad del Ministerio de Hacienda o del Congreso, cosa que desmintió.

“Esos recursos que se presentaron a la hora de financiar el presupuesto es lo que hay”, indicó López a la 730 AM, al tiempo de recordar que con la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso lograron sumar cerca de US$ 400 millones más en reclamos salariales, pese a que no hay financiamiento para cumplir estos pedidos.

Sobre este mismo punto, el ministro afirmó que “no es que se negó lo que se pidió, sino que no se encontró la forma de financiar”. Por ello, considera que para el próximo año no será factible concretar los aumentos presupuestarios en diversas instituciones públicas.

López también habló de la necesidad de reformular el gasto público, mejorar el proceso de compra poniendo como ejemplo la economía de escala. De igual forma, mencionó que el otro punto donde está identificado el malgasto es en las transferencias condicionadas de los gastos sociales.

A su criterio, en algunos puntos de la cadena salarial “se paga muy mal” mientras en otros puntos sí existe una buena remuneración, por lo que considera que cada entidad que está reclamando mayores salarios debería revisar su escala de sueldos.

Finalmente, el titular de Hacienda resaltó la importancia de contar con una Ley de Responsabilidad Fiscal y la calificó como “un bien jurídico muy importante”. “Ser un país responsable fiscalmente nos va a permitir soportar la situación que se da en la región”, puntualizó.

RECORTAN GASTOS EXTRAS DE FUNCIONARIOS

El senador Stephan Rasmussen, integrante de la Comisión Bicameral de Presupuesto, mencionó que ante la avalancha de ampliaciones presupuestarias, decidieron respetar el déficit fiscal, bajar bonificaciones, pasajes y viáticos, no pagar aguinaldos extras y priorizar gastos en medicamentos y en educación.

Finalmente la propuesta será debatida por ambas cámaras del Congreso, para saber cuál será la hoja de ruta en el siguiente ejercicio fiscal, respecto al desembolso de dinero a las instituciones públicas.

Tras el acto realizado en el Panteón de los Héroes, Riera conversó con la prensa el sobre le caso Dalia López, a quien colocaron la tobillera electrónica luego de ser beneficiada con el arresto domiciliario.

Destacó que, para la Policía Nacional, el monitoreo electrónico resulta más eficiente que el sistema tradicional, ya que permite un control en tiempo real y más riguroso de los procesados.

Actualmente, Paraguay registra unas 7.900 prisiones domiciliarias, las cuales requieren la presencia física de efectivos policiales para custodiar su cumplimiento. Según el ministro, esta situación “inmoviliza” a miles de agentes que deberían estar patrullando las calles en lugar de vigilar domicilios particulares.

“Estamos trabajando con la Corte para implementar las tobilleras en todos los casos de prisión domiciliaria o medidas alternativas, especialmente en hechos menores como accidentes de tránsito. Así logramos descongestionar las cárceles y devolver los policías a las calles”, expresó el secretario de Estado.

El panorama actual revela una subutilización de la tecnología: de los 1.000 dispositivos disponibles, solo 200 están siendo utilizados hasta la fecha.

La realidad del cobro de prestaciones alimentarias en Paraguay tiene dos caras. Por un lado, herramientas como el registro SARA (Sistema de Administración de Recursos de Alimentos) no están diseñadas para el cobro directo de dinero. Su función es que el deudor figure como “moroso”, lo que le impide transferir bienes o actualizar registros oficiales; si el deudor desea realizar estos trámites, la ley lo obliga a pagar primero.

Sin embargo, para una madre que enfrenta el día a día, la “muerte civil” del progenitor no siempre se traduce en leche o pañales de forma inmediata.

La justicia paraguaya abrió una puerta para garantizar el alimento de los niños. El Tribunal de Apelación de la Capital estudió un caso donde el padre soporta una deuda grande y enfrenta un proceso penal. Ante la falta de pago, la madre demandó a la abuela paterna por la prestación alimentaria.

CUANDO EL PADRE NO PAGA, LOS ABUELOS RESPONDEN

La primera instancia rechazó el reclamo, pero el Tribunal revocó esa decisión. Guillermo Trovato, presidente del tribunal, actuó como preopinante y votó a favor de la demanda. El juez señaló: “Abrimos una nueva vía de reclamo... muchas madres necesitan el mes a mes porque el niño come todos los días”.

Trovato explicó que registros como el SARA o el REDAM no buscan el cobro directo de dinero. Estos sistemas funcionan como medida de presión civil. El deudor moroso figura en una lista y pierde el derecho a transferir bienes o renovar su licencia de conducir hasta que pague su deuda.

El fallo tomó en cuenta que el padre cumple arresto domiciliario. Esta condición anula su operatividad comercial y su solvencia económica real para cumplir con sus hijos. El magistrado recordó que la obligación de los abuelos nace de la ley y de la solidaridad familiar. El Código de la Niñez establece que, si los padres faltan o incumplen, los parientes asumen la responsabilidad de forma subsidiaria.

Aunque este antecedente no obliga a todos los jueces, marca un camino importante. La resolución prioriza el interés superior del niño por encima de los ritos judiciales lentos. Según el abogado, este fallo significa una “vía de oxígeno” para las familias que no pueden esperar años para cubrir necesidades básicas de hoy.

El comisario Jorge Vidallet, jefe del Departamento de Investigaciones de Concepción, informó que el hecho ocurrió anoche en Capitán Giménez, distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

La víctima se disponía a cenar en compañía de un amigo. Minutos después de haber llegado aparecieron dos hombres en motocicleta, uno de ellos descendió y disparó durante varios segundos.

Orlando Villa falleció sentado en su lugar. El Departamento de Criminalística levantó 18 vainillas servidas de calibre 9 mm y de momento no se tienen pistas sobre los autores ni el trasfondo.

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Resultó herido Alcides Garay, quien acompañaba al blanco del ataque, pero ya se encuentra fuera de peligro y su condición no reviste gravedad.

En un contacto radial con la 730 AM, el comisario informó que en el año 2006, Villa había sido condenado por un homicidio que perpetró en Calle 9, Alfonso Cue. Tras cumplir su sentencia se fue a vivir a la Argentina y regresó hace aproximadamente 15 días, luego de 10 años fuera del país hasta finalmente lo ultimaron anoche. Este dato será tenido en cuenta en la investigación, pero no será lo único.

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