En entrevista con ABC Cardinal, el titular de la cartera de Hacienda indicó que los recursos disponibles para el próximo año son los que están previstos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2019.

Así también, sostuvo que muchos creen que esta postura es una negación a un derecho que varios alegan tener y que todo se trata de una cuestión de voluntad del Ministerio de Hacienda o del Congreso, cosa que desmintió.

“Esos recursos que se presentaron a la hora de financiar el presupuesto es lo que hay”, indicó López a la 730 AM, al tiempo de recordar que con la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso lograron sumar cerca de US$ 400 millones más en reclamos salariales, pese a que no hay financiamiento para cumplir estos pedidos.

Sobre este mismo punto, el ministro afirmó que “no es que se negó lo que se pidió, sino que no se encontró la forma de financiar”. Por ello, considera que para el próximo año no será factible concretar los aumentos presupuestarios en diversas instituciones públicas.

López también habló de la necesidad de reformular el gasto público, mejorar el proceso de compra poniendo como ejemplo la economía de escala. De igual forma, mencionó que el otro punto donde está identificado el malgasto es en las transferencias condicionadas de los gastos sociales.

A su criterio, en algunos puntos de la cadena salarial “se paga muy mal” mientras en otros puntos sí existe una buena remuneración, por lo que considera que cada entidad que está reclamando mayores salarios debería revisar su escala de sueldos.

Finalmente, el titular de Hacienda resaltó la importancia de contar con una Ley de Responsabilidad Fiscal y la calificó como “un bien jurídico muy importante”. “Ser un país responsable fiscalmente nos va a permitir soportar la situación que se da en la región”, puntualizó.

RECORTAN GASTOS EXTRAS DE FUNCIONARIOS

El senador Stephan Rasmussen, integrante de la Comisión Bicameral de Presupuesto, mencionó que ante la avalancha de ampliaciones presupuestarias, decidieron respetar el déficit fiscal, bajar bonificaciones, pasajes y viáticos, no pagar aguinaldos extras y priorizar gastos en medicamentos y en educación.

Finalmente la propuesta será debatida por ambas cámaras del Congreso, para saber cuál será la hoja de ruta en el siguiente ejercicio fiscal, respecto al desembolso de dinero a las instituciones públicas.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.