De USD 22.60 Kw/mes a USD 20.75 en el 2022 y de 20.75 a USD 16,71 Kw/mes en el 2023, en las puertas de la revisión del Anexo C, son las últimas modificaciones de la tarifa de Itaipú.

En el primer caso, Paraguay tuvo una postura tibia y no supo encontrar los argumentos ni presentarlos para mantener la tarifa en 22.60. Paralelamente, el vecino mostró una posición mucho más contundente, reduciendo unilateralmente la tarifa para su mercado a USD 18.90, hasta que en agosto se llegó a la “posición intermedia” de 20.75, denominada así, por encontrarse en el medio de las propuestas de ambos países.

Para el 2023, ni siquiera se conoce qué fue lo que defendió Paraguay, más allá de algunas declaraciones del presidente de la ANDE, Félix Sosa, quien decía que se buscaría la tarifa más competitiva, que permitiera financiar las inversiones en infraestructura eléctrica, que forman parte del plan maestro de la institución.

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Sin embargo, ayer se dio a conocer que, la nueva tarifa es de USD 16,71 Kw/mes y que vuelve a llevar el rótulo de intermedia. Como enfoque institucionalista, alegan que cada país recibirá más de 400 millones de dólares para obras y programas de alto impacto.

Lo que no mencionan es lo que Paraguay dejará de recibir. Unos 290 millones de dólares adicionales que hubieran significado mantener la tarifa. Además, la posibilidad de pretender un precio más justo por la cesión de energía.

Así lo analiza el experto en materia energética, Victorio Oxilia, quien indica que, lo malo no es que baje la tarifa, sino una nueva pérdida de oportunidad para exigir lo que nos corresponde.

Este es el escenario que se deja al próximo Gobierno, de cara a la revisión del Anexo C, prevista a partir del 13 de agosto, pero que, por ende, quedará  en manos del nuevo presidente. El Anexo C sienta las bases financieras de la entidad y aquí, Paraguay podría negociar la venta de su energía excedente a otros mercados y el mejoramiento de lo que recibe de Brasil por cesión de energía, entre otros ítems.

El abogado Enrique Berni, integrante del Consejo de la Magistratura, presentó una acción ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo por presuntas irregularidades en el padrón electoral de abogados habilitados para los próximos comicios del órgano extrapoder.

Según el planteamiento, más de 1.600 profesionales matriculados no figuran en el listado provisional, por lo que se solicitó su inclusión a fin de corregir el registro y asegurar un proceso electoral justo y transparente.

Berni argumentó que, en su calidad de miembro del organismo, tiene la responsabilidad de velar por la integridad del padrón, evitando distorsiones que puedan afectar la representatividad del estamento de abogados dentro del Consejo.

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El escrito también señala una diferencia entre el padrón utilizado en 2023, que contaba con 37.831 electores, y el actual, que registra 37.284. Esta variación evidenciaría la exclusión de un número significativo de profesionales, lo que impacta directamente en su derecho al voto.

Ante esta situación, se pidió a la Corte Suprema revisar el listado y contrastarlo con la base oficial de abogados matriculados, con el objetivo de incorporar a quienes fueron omitidos. Asimismo, se advierte que la exclusión injustificada de electores podría debilitar la confianza en las instituciones y afectar la representatividad del gremio.

Este jueves se dio a conocer el fallo del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Quinta Sala, integrado por los camaristas Rocío González, Linneo Ynsfrán y Alejandrino Cuevas.

Los mismos resolvieron confirmar una sentencia mediante la cual se rechazaba la demanda de indemnización promovida por José Daniel Zaván Vaccari contra el Estado paraguayo, bajo patrocinio del abogado Carlos Abadíe Pankow.

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En dicha demanda, el joven sobreviviente al accidente aéreo ocurrido en el 2021 en el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya exigía un resarcimiento económico por la suma de G. 16.000 millones, en concepto de daños, perjuicios y gastos devenidos de aquel fatídico episodio.

En ese siniestro, perdieron la vida siete personas, en su mayoría efectivos militares, siendo el único que logró salir con vida José Zaván, quien había viajado desde el Chaco para ir a la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El rechazo a este pedido de indemnización se basa en el hecho de que la demanda fue promovida más de un año después de ocurrido el accidente aéreo, lo que derivó en su prescripción.

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“No nos esperábamos menos, es lo que se escucha todos los días, que la justicia pronta y barata no existe en nuestro país”, expresó Blanca Vaccari, madre de José, en entrevista con el SNT.

La misma recordó los numerosos gastos que realizó la familia todos estos años para costear su tratamiento, al tiempo de mencionar que aún quedan otras cirugías a las que debe ser sometido próximamente como parte de su recuperación.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y mantener la circulación, el tránsito será redirigido por las calles Capitán Ávalos y Mayor Tomás Rufinelli. En tanto, la calle Adrián Jara permanecerá cerrada durante ambas jornadas, habilitada únicamente para el acceso de los residentes.

De acuerdo al informe del MOPC, el operativo será coordinado por la Patrulla Caminera, que se encargará de la regulación del tránsito en la zona. Se recomienda a los conductores circular con precaución, disminuir la velocidad y acatar la señalización y las indicaciones del personal en pista.

Para consultas relacionadas con el proyecto, está habilitada la línea de atención ciudadana: 0985 203 381.

Los trabajos están a cargo de la contratista Benito Roggio e Hijos S.A., con financiamiento de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay y la supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).