Las producciones de tomate de los distritos de Coronel Oviedo, R.I. 3 Corrales, y 3 de Febrero, del departamento de Caaguazú son las que llegarán a Asunción y Central para las ferias simultáneas de tomate.

Esta vez,  las ventas serán en la Plaza Juan E. O’Leary (microcentro capitalino); en Luque, en la Plaza del Ferrocarril (centro) y en San Lorenzo, frente a la Dirección de Comercialización (Mariscal Estigarribia casi Saturio Ríos).

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La organización de estas ferias se da en respuesta al pedido de los tomateros, quienes, tras el indiscutible éxito verificado el miércoles con esta misma actividad, que tuvo una recaudación de G. 90 millones, desean repetir la experiencia sin intermediarios.

Más allá de la recopilación de datos, la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), no tiene las facultades de intervenir o sancionar a los comercios que pudieran incurrir en una suba artificial de precios, sin embargo, sí remite todos los reportes a las instituciones que sí pueden hacer algo.

La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) es una de las instituciones con potestad para intervenir y para decir si un precio está ajustado o no a lo correspondiente, según explicaron desde Sedeco.

En tal sentido, ante el limitado marco de acción de la Secretaría de Defensa del Consumidor, cuyas funciones prácticamente se limitan a informar y comparar precios, desde Industria y Comercio consideran oportuno un cambio de la ley, a fin de otorgar facultades más prácticas a Sedeco.

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Según la Resolución SDCU N.º 1234/2024, la firma incurrió en una infracción a la Ley 1334/98 de Defensa del Consumidor, al ofrecer en redes sociales vehículos con una entrega inicial de G. 2.000.000 y cuotas mensuales de G. 750.000, sin dejar claro que dichas condiciones estaban sujetas a un contrato posterior con cláusulas poco accesibles para el consumidor.

El denunciante señaló que abonó los G. 2.000.000 en concepto de entrega inicial, pero nunca recibió el vehículo prometido. Al solicitar la devolución del monto, la empresa argumentó que se trataba de una “cuota de suscripción no reembolsable”, algo que no fue informado con claridad al momento de la contratación.

Tras el análisis del caso, SEDECO resolvió ordenar la devolución íntegra del dinero abonado por el afectado, imponer una multa de 100 jornales mínimos (G. 10.762.700) a la empresa, declarar a Auto Fácil responsable de violar el derecho a la información clara y veraz, además de ordenar medidas correctivas, como mejorar la redacción de contratos y brindar atención inmediata a los reclamos.

La institución recordó que toda publicidad debe ser clara, completa y comprensible. El uso de términos ambiguos o engañosos constituye una práctica abusiva sancionada por ley. “El derecho del consumidor a recibir información clara y veraz es irrenunciable. SEDECO seguirá actuando con firmeza ante abusos en las relaciones de consumo”, señala el comunicado oficial.

Los consumidores pueden presentar sus denuncias a través de este enlace.

“Hay un equipo multidisciplinario coordinando los esfuerzos, no es la primera vez que nos ocurre, ya hemos enfrentado, estoy seguro de que encontraremos empresas del sector privado que no se van a adherir”, contestó Santiago Peña en relación al anuncio del paro del transporte para el 21 de julio por 72 horas.

En caso de que no se pueda evitar la medida de fuerza, las instituciones del Estado saldrán a las calles con sus buses para cubrir los itinerarios más importantes y evitar que la ciudadanía se quede sin movilidad.

En cuanto al largamente anunciado proyecto de la reforma del transporte público, el presidente anunció que, si todo sale bien, lo presentará oficialmente la próxima semana. Dijo que el problema es estructural y que ninguna de las partes se siente conforme con el sistema actual que está colapsado.

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Una de las bases de la reforma será el método del subsidio, que, en lugar de ser por pasajero, pasará a pagarse por kilómetro recorrido, tal cual ocurre hoy con el bus nocturno Búho.

“Hoy se paga en función al pasajero, cuando hay muchos pasajeros, todos salen a buscar, cuando hay pocos, no salen”, reconoció.

En cuanto a los buses eléctricos de Taiwán, Peña contó que las licitaciones ya están en curso y que en este momento se encuentran en etapa de construcción de las estaciones de carga, tomando en cuenta que son eléctricos.

Respecto a la suba del precio del combustible, recordó que Petropar contuvo el impacto en el momento en que los emblemas privados alzaron sus precios, y que, en ese entonces, los usuarios se volcaron a las estaciones de Petropar, lo cual disminuyó el stock antes del tiempo estimado. Agregó que el reajuste dispuesto ahora es apenas la mitad que lo establecido por los demás, por lo tanto, la estatal sigue teniendo los precios más bajos del mercado.

Por otro lado, informó que el paquete de siete leyes económicas anunciado ayer por varios ministros del Poder Ejecutivo, también se presentará la próxima semana.

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El viceministro Emiliano Rolón indicó que la decisión tomada por los transportistas es innecesaria debido a que se está trabajando coordinadamente en cada ítems que los empresarios reclaman.

Para él, la medida solo perjudicará más a la ciudadanía, por lo que, ya adelantó que activarán un plan de contingencia en caso de que se lleve a cabo el paro.

“Si no da el resultado que queremos, ya estamos trabajando en nuestro plan de contingencia, que significa poner buses de distintas entidades del sector público a disponibilidad de la ciudadanía. He hablado con presidentes de dos gremios importantes ellos han manifestado a apoyar los días de paro con sus flotas también”, expresó a la radio 650 AM.

Fernández comentó que se trabajará con Asesoría Jurídica para determinar si la medida cuenta con sustento legal porque, de acuerdo a sus declaraciones, es desproporcional, injustificado y causa daño a la ciudadanía.

“Todo paro tiene que respetar todos los procesos y tiene que ser evidentemente un llamado que se justifique. No entiendo la lógica, ¿tres días a someterles a una amenaza de paro a la ciudadanía? Yo califico de desproporcionada, lastimosa, penosa e innecesaria a la medida", agregó.

Tras la asamblea que realizaron los gremios de transporte se determinó paro general para el 21 de julio.

La actualización de la tarifa técnica, el pago de subsidio y el subsidio al pasajero, son los pedidos principales de los gremios.