El proyecto de ley que reconoce como compensación histórica, beneficios laborales a los extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación, de la usina de Itaipu margen derecha” aprobado la semana pasada en el Senado es rechazado por la binacional, que  a su vez, desmiente parte del contenido de la propuesta.

La entidad no efectuó pago alguno a empleados de empresas contratistas y subcontratistas por beneficios laborales adicionales, tal como se alega en el proyecto.

Los 940 millones que establece el proyecto, de ninguna manera podrían financiarse con los gastos de explotación de Itaipú, ya que los mismos deben ser consensuados y aprobados anualmente por ambas márgenes -Brasil y Paraguay, y no se incluye ningún tipo de rubros para “compensación histórica” destinados a personas extrañas a la institución.

A través de un comunidad, la Itaipú detalló que los 940 millones que se pretende distribuir entre 15.000 trabajadores, equivalen a:

11 años de inversiones socioambientales en el Paraguay. ITAIPU invierte anualmente en este concepto aproximadamente 84 millones de dólares

2 años (475 millones de dólares aproximadamente por año) de transferencias al Estado paraguayo en concepto de Royalties y Fonacide. Con la vigencia del proyecto de ley, los municipios y el sistema educativo nacional quedarían sin este valioso recurso.

4.300 Unidades de Salud de la Familia (USF). Cada puesto sanitario beneficia, en promedio, a unas 5.000 personas en situación vulnerable.

11 puentes internacionales similares al que está en proceso de construcción sobre el río Paraguay, en la ciudad de Carmelo Peralta, con el aporte de fondos de la Binacional.

129 viaductos, como por ejemplo el Multiviaducto de Ciudad del Este, situado en el km 7.

94 años de financiamiento al Programa de Becas Universitarias ITAIPU (cuya inversión anual promedio representa 10 millones de dólares).

8 veces el costo de la Línea de Transmisión de 500 kV Margen Derecha (usina Itaipu) – Yguazú y la correspondiente Subestación que se encuentra en construcción. Para dimensionar la importancia de esta obra, debe señalarse que con ella el Paraguay tendrá la real posibilidad de utilizar la totalidad de la energía que ITAIPU produce para el país. 1.800 km de línea de transmisión de 500 kV.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.