Más nombres de ope­radores políticos del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez con cobro de jornales, hono­rarios, etc., fueron iden­tificados en el proyecto de “Reactivación econó­mica poscovid” del Sis­tema Nacional de For­mación y Capacitación Laboral (Sinafocal) eje­cutado por la ONG Cen­tro de Información y Recursos para el Desa­rrollo (CIRD) con G. 6.093 millones prove­nientes del dinero de los contribuyentes.

Osvaldo Ocampos Muñoz, Óscar David Gibbons e Isa­belina Velázquez, candi­datos seccionaleros de Mariano Roque Alonso, Lambaré y Areguá, que en sus tiempos de campaña tenían asegurados sueldos en el proyecto poscovid administrado por el CIRD.

Gibbons figura con cobros de G. 4,5 millones en con­cepto de jornales. El mismo se postuló a con­vencional por la Seccio­nal 349/1 de Lambaré por la lista 3 de la chapa que encabezó Abdo Benítez en las últimas elecciones partidarias de la Asocia­ción Nacional Republicana (ANR).

En fotografías difundi­das en redes sociales se lo ve también como uno de los operadores fanáticos que tuvo Rodolfo Brítez Noblia en su campaña por la concejalía municipal de Lambaré.

Cabe remarcar que Rodolfo Brítez es hijo del cuestionado exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS) Roberto Brí­tez Ferreira, que fue noti­cia varias veces por tener a su clan familiar en la fun­ción pública.

En el caso de Ocampos Muñoz cobró jornales de G. 3 millones en proyecto poscovid. Se candidató para miembro titular de la seccional número 3 de Mariano Roque Alonso, también como parte del equipo de Abdo Benítez y se lo ve en fotografías de campaña muy de cerca con el exprecandidato a vicepresidente por el abdismo, Juan Manuel Brunetti, y el exvice­presidente y exprecan­didato a presidente de la República Hugo Veláz­quez.

Isabelina Velázquez de González es otra que cobró honorarios de G. 4,5 millo­nes en proyecto posco­vid. Fuerte operadora del grupo Abdo en Areguá, excandidata a miembro de la seccional de su ciudad.

Los mencionados suman la lista de operadores polí­ticos identificados en las rendiciones de cuenta del proyecto. Cabe recordar que antes fueron revela­dos los nombres de Diego Barreto Zelada con cobros de honorarios de G. 6,1 millones, quien fue ope­rador político de Rodolfo Brítez en las elecciones municipales y meses des­pués apareció como con­tratado en proyecto pos­covid.

Como parte del equipo de fanáticos y operadores de la campaña abdista, bene­ficiados en proyecto pos­covid, aparecen también Dora Liz Ortega como técnica contratada con sueldo de G. 6,1 millo­nes; Lida Graciela Mon­zón, con jornales de G. 3 millones; Rossana Men­doza Balmori, con jor­nales de G. 4,5 millones; Moisés Justiniano Picci­nini, con jornales de G. 3,5 millones, y Santiago Salvador Acosta, con jor­nales de G. 3 millones.

Resalta el caso de Dora Liz Ortega, quien regis­tra fotos y posteos en redes sociales rogando votos para la exministra del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) Carla Baci­galupo, durante su cam­paña por la senaduría. Para enganchar a los votantes incluso ofrecía la posibi­lidad de empleo a la gente que “necesitaba trabajar”, diciéndoles que “pueden traer su currículum” de modo de ir cargando sus datos en la base de la bolsa del MTESS.

De esta forma se puede ver cómo la ONG CIRD, en cierta forma, finan­ció a los operadores del abdismo, así como tam­bién otorgó jugosos hono­rarios y jornales al clan del presidente Agustín Carrizosa, mediante un proyecto sensible como lo fue “Reactivación econó­mica poscovid”.

Es así que María Berta Rojas, pareja del presi­dente del CIRD, en total facturó G. 212 millones solo en el mencionado pro­yecto. Su cuñada, Marta María Rojas Aveiro, fac­turó por un total de G. 109 millones; su hija Paola Carrizosa llevó jornales de G. 4,5 millones. Mien­tras que Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordi­nador anticorrupción del CIRD, Francisco Alcaraz, tenía honorarios de G. 4,5 millones.

Consultoras satélite a las que se encuentra vinculado el propio coordinador del proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” convierte la lucha en apetitoso negocio para quien articula.

El proyecto “Más ciuda­danía, menos corrupción”, que nuclea una treintena de organizaciones “antico­rrupción”, tiene alrededor de tres selectas consulto­ras que facturan y a las que están vinculados como pres­tadores de servicios Fran­cisco Darío Alcaraz y su hijo Carlos Francisco Alcaraz.

El hijo del coordinador fue contratado como téc­nico por la ONG Conciencia Viva, que a la vez es la que factura en consultoría en el proyecto anticorrup­ción del CIRD.

Hay que mencionar que la ONG Conciencia Viva es dirigida por Romy Mabel Vaesken, quien, según docu­mentos del Ministerio de Economía, también figura como representante legal de la consultora Tabacman EAS, firma en la que tanto Carlos Alcaraz como su padre figuran como con­sultores.

Asimismo, otra cercana a Francisco Alcaraz que fue contratada en el marco del proyecto es Isabel Bení­tez Espínola, quien a su vez figura como empleadora de Alcaraz en los registros del Instituto de Previsión Social (IPS), y que factura en proyecto por consulto­rías a las organizaciones sociales.

El fiscal Rusbell Benítez imputó a dos hombres por homicidio doloso en el marco de dos investigaciones independientes abiertas luego de sucesos registrados durante el Día de los Trabajadores en la referida localidad.

En el primero de los casos, el imputado fue identificado como Juan Ramón Giménez García, de 26 años, quien se encuentra prófugo de la justicia y con orden de detención en su contra. Los hechos se habrían registrado a las 03:30 horas de este miércoles al costado de la plaza Mariscal López. Resultó víctima fatal Richard Barreto Fernández, de 22 años.

La imputación señala que el fallecido presuntamente recibió una estocada con un arma blanca (cuchillo), a la altura del cuello, lado izquierdo, herida que le produjo hemorragia y su posterior deceso.

La segunda imputación fue presentada contra Esteban Daniel Cano Galeano, de 23 años, quien fue aprehendido y guarda reclusión en la sede de la Comisaría 8va, a disposición del juzgado. Los antecedentes refieren que el sospechoso presuntamente, en una casa ubicada en el barrio Inmaculada de Villa del Rosario atacó a Mauricio Andrés Blanco Salinas, de 24 años.

La víctima, domiciliada en el barrio Santa Teresita, habría sido atacado con con golpes en el tórax y cabeza, causaron su muerte debido a un traumatismo de cráneo.

Igualmente, se registró otro caso de homicidio doloso en la vía pública en Itacurubí del Rosario. El suceso se registró anoche, siendo cerca de las 23:15 horas sobre la Ruta N° 22. a la altura de la compañía Ríos Rugua, resultando víctima fatal Juan Ramón Arévalos, de 40 años.

Por el momento se desconoce al autor del hecho. La víctima falleció debido a las lesiones que sufrió en la cabeza, específicamente en la región occipital. Los informes médicos rebelan que Arévalos falleció de traumatismo de cráneo.

“Estimamos que en breve vamos a comunicar de manera conjunta con las autoridades del Brasil sobre los resultados. Hay un trabajo interior que necesita ir terminando”, dijo en conferencia de prensa el canciller nacional.

La tarifa acordada regirá por dos años, periodo en el que se pretende tener las condiciones óptimas para negociar el Anexo C. También se conversa sobre el plan operativo de la binacional.

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Los principios sobre los que se administrará el Anexo C son otro aspecto sobre mesa. El trabajo técnico está liderado por los ministros de Energía de Brasil y de Industria y Comercio de Paraguay.

La revisión también consta de una arista diplomática, la cual, por ende, es función de los cancilleres de ambos países.

“Estamos en una proximidad de alcanzar ese acuerdo, apenas concluya y se suscriba, vamos a compartir los resultados. Para nosotros, lo urgente no tiene que matar lo importante”, afirmó el ministro.

El Anexo C del Tratado de Itaipú establece las bases financieras del funcionamiento de la entidad. El 13 de agosto del 2023 se cumplieron 50 años de la firma y con esto, el plazo para el inicio de la revisión de ese aspecto.

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Desde las 5 de la mañana de este viernes el túnel Itapúa, que anoche había sido clausurado debido a la gran acumulación de agua, se encuentra nuevamente habilitado al tránsito.

Según los encargados del área del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el incidente fue a causa del robo del tablero y de otros componentes del sistema que acciona la bomba en la fosa, entre ellos las llaves termo magnéticas, cables y conectores.

El Ing. Carlos Casati, jefe de Conservación de Rutas, lamentó que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos delictivos en la zona, que son ya como 20 denuncias que se hicieron por distintos motivos, siendo esta la tercera vez que afecta la bomba del túnel.

“Si vamos a contar desde cero, ya tenemos como 20 denuncias policiales aproximadamente, dos a tres veces ya nos llamó la Fiscalía para testificar sobre algún caso, pero robos grandes, así como tuvimos ahora y que afectaron el funcionamiento de la bomba, son como tres veces desde el 2022″, agregó.

Indicó que el robo pudo haberse perpetrado el feriado del miércoles, y que una posible solución que están evaluando, es aprovechar la licitación de túneles y viaductos para adaptar algunas casas que se tienen en el lugar y armar una oficina de guardia de la Policía, que funcione como una especie de sub comisaría.

Por su parte, el ingeniero Ing. Roberto Zalazar del MOPC, destacó el apoyo técnico brindado por la ESSAP (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay) para poder sacar toda el agua y habilitar nuevamente el túnel.

“Esto fue posible mediante un tablero provisorio que hicimos y una bomba Flygt que la ESSAP tiene. Estuvimos trabajando en el desagote desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ahora seguimos sacando agua, pero de la fosa para ver la situación de la bomba, si sufrió daños o no, porque el motor fue violentado, así como el tablero de accionamiento y la caja de conexión, más todo el cableado que también fue sustraído”, explicó finalmente.

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