La rendición de cuentas de un proyecto de “Reacti­vación económica posco­vid revela la repartija de hono­rarios entre el clan de Agustín Carrizosa Gubetich, presi­dente del Centro de Informa­ción y Recursos para el desarro­llo (CIRD), ONG que ejecutó los millonarios fondos que le trans­firió el Estado, a través del Sis­tema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafo­cal). Entre los privilegiados con­sultores también está el hijo del mediático consultor anticorrup­ción Francisco Darío Alcaraz, precisamente coordinador de “Más ciudadanía, menos corrup­ción”, uno de los proyectos más ruidosos de esta ONG.

El proyecto de reactivación económica poscovid fue lan­zado el año pasado por la entonces ministra de Tra­bajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secre­tario técnico de Sinafocal, y el presidente del CIRD.

El objetivo marcado es la “capacitación y fortaleci­miento de mipymes y del Sina­focal, para promover el incre­mento del empleo formal y la posibilidad de que los benefi­ciarios puedan convertirse en profesionales”. Los primeros en asegurar el empleo y reac­tivar su economía fueron los miembros del clan Carrizo­sa-Alcaraz. Según documen­tos de rendiciones de cuentas presentados a la Contraloría General de la República (CGR), el monto del convenio especí­fico transferido al CIRD fue de G. 6.093 millones. Entre los detalles de gastos figuran varios cobros de jornales de G. 4,5 millones de Paola Carri­zosa Bradshaw, hija del presi­dente de la ONG.

Así también, se registran rei­terados cobros de honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” de María Berta Rojas Aveiro, pareja de Carrizosa, que solo en el pro­yecto poscovid facturó G. 212 millones. Se suma al clan de privilegiados con honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” Marta María Rojas Aveiro, que es hermana de Berta y, por ende, cuñada del presidente del CIRD, que facturó por G. 109 millones.

El CIRD es una institución que tiene infinidad de conve­nios con diferentes entidades del Estado, administra proyec­tos sociales muy sensibles en el rubro de Salud, gestión pública, trabajo, además de reivindicar la transparencia y el combate a la corrupción con iniciativas de debate que cuestionan la discrecionalidad, el tráfico de influencias del poder político que saca provecho y privilegia a su entorno, etc.

La repartija de sueldos en familia aprovechando un con­venio financiado con dinero público y los negocios de con­sultoría que corren entre los amigos que actúan de con­sultoras satélite de la ONG, empresas a las que también facturan y están vinculadas quienes activan en el CIRD, no condicen con el discurso que pregonan desde la orga­nización. Por ello consultamos a Carrizosa sobre los cobros de jornales y jugosos honora­rios de su familia en el citado proyecto, a lo que respondió: “Familiares míos, quién por ejemplo?

Sobre el caso de su hija, señaló: “Ah sí, Paola, ella es fotógrafa. Pero ella es la única”, pero al consultarle sobre María Berta, dijo: “Ah bueno, ella es la coor­dinadora, sí. Ella es mi pareja, verdad, no es familiar. Bueno, si es familiar. ¿Y después?Ante su pregunta le hicimos refe­rencia sobre los cobros de una cuñada, hermana de María Berta, a lo que respondió: “Ah Marta, sí. Ella es consultora. Sí eso, ¿y después? ¿Eso nomas, verdad?”.

Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordinador de proyecto del CIRD “Más ciudadanía, menos corrupción”, Fran­cisco Darío Alcaraz, figura con varios cobros de jornales.

Sobre el caso, Francisco Alca­raz refirió: “Él es un profesor independiente, no tiene nin­guna limitación para trabajar, el CIRD tiene sus procedimien­tos internos, es una organiza­ción del sector privado”.

Alcaraz sostuvo que su hijo no está contratado en “Más ciuda­danía, menos corrupción”; sin embargo, otra ONG contratada para este proyecto tiene como profesional al joven para reali­zar charlas con dinero recibido para el financiamiento de esta iniciativa.

Por cierto, el consultor anti­corrupción Alcaraz también contrató a la consultora de su contadora Isabel Benítez Espínola en “Más ciudada­nía, menos corrupción” y, a la vez, la mujer figura como su empleadora en el Instituto de Previsión Social (IPS), en condiciones poco claras. “Hay varias modalidades de aporte y una de las modalidades es el aporte voluntario que no constituye ningún delito por­que permite la legislación del IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo ciertos servicios a la licen­ciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios”, dijo Alcaraz, dejando al descu­bierto las vinculaciones y los negocios de clanes detrás de los proyectos anticorrupción. (Ver infografía).

En horas de la tarde de este sábado un incendio se produjo en la zona del banco San Miguel en Asunción e inmediatamente el equipo de reacción de bomberos de las Fuerzas Armadas y Bomberos Voluntarios llegaron al lugar.

El fuego se extendió hacia una zona poblada, constituida por casas precarias que fueron alcanzadas por llamas.

Según los primeros reportes, el incendio, que consumió varias hectáreas y llenó de humo la Costanera de Asunción, fue provocado.

Ambulancias también llegaron hasta la zona porque se reportaron niños y voluntarios intoxicados.

Un trágico incidente ocurrió en Ñacunday, Alto Paraná, cuando un adolescente de 14 años perdió la vida tras lanzarse al río Paraná para darse un chapuzón. El mismo no logró salir del agua, y su cuerpo fue encontrado dos horas después.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 15:45, a 1.500 metros de la Subcomisaria 33ª del Puerto Paranambú. Según José del Socorro Ortega, testigo del suceso, el adolescente se lanzó al río y desapareció rápidamente en las aguas.

La búsqueda fue liderada por personal de la Marina, con el apoyo de vecinos de la zona, quienes lograron localizar el cuerpo sin vida del joven tras una intensa labor.

El caso fue comunicado a la Unidad Penal N.º 1 de Iruña, donde la agente fiscal María del Carmen Meza quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

En un comunicado, la Municipalidad de Villa Elisa informó que recurrirán a un recurso legal para impedir que la ley que aumenta y unifica el costo de los patentes vehiculares se aplique.

“En nuestra opinión, la Ley no considera adecuadamente la capacidad contributiva de los ciudadanos ni se alinea con principios económicos y sociales justos”, expresa parte de documento donde, además, señala que la normativa vulnera el principio de igualdad tributaria.

La legislación promulgada el 6 de enero y en vigencia desde el 13 de enero establece el método para fijar los costos mínimos de las habilitaciones de motocicletas, automóviles, autobús, ómnibus, automóvil de carga, camioneta, camión, tractocamión, furgón, maquinaria de transporte y trenes tomando como base el jornal diario.

La Ley Nº 7447/2025 no todos los municipios la aplican de manera inmediata, otros la rechazan, como el caso de Villa Elisa.

Desde la Municipalidad de Villa Elisa anunciaron, además, que desde la intendencia presentarán una propuesta a la Junta Municipal para modificar un artículo en la Ordenanza Tributaria.