La rendición de cuentas de un proyecto de “Reacti­vación económica posco­vid revela la repartija de hono­rarios entre el clan de Agustín Carrizosa Gubetich, presi­dente del Centro de Informa­ción y Recursos para el desarro­llo (CIRD), ONG que ejecutó los millonarios fondos que le trans­firió el Estado, a través del Sis­tema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafo­cal). Entre los privilegiados con­sultores también está el hijo del mediático consultor anticorrup­ción Francisco Darío Alcaraz, precisamente coordinador de “Más ciudadanía, menos corrup­ción”, uno de los proyectos más ruidosos de esta ONG.

El proyecto de reactivación económica poscovid fue lan­zado el año pasado por la entonces ministra de Tra­bajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secre­tario técnico de Sinafocal, y el presidente del CIRD.

El objetivo marcado es la “capacitación y fortaleci­miento de mipymes y del Sina­focal, para promover el incre­mento del empleo formal y la posibilidad de que los benefi­ciarios puedan convertirse en profesionales”. Los primeros en asegurar el empleo y reac­tivar su economía fueron los miembros del clan Carrizo­sa-Alcaraz. Según documen­tos de rendiciones de cuentas presentados a la Contraloría General de la República (CGR), el monto del convenio especí­fico transferido al CIRD fue de G. 6.093 millones. Entre los detalles de gastos figuran varios cobros de jornales de G. 4,5 millones de Paola Carri­zosa Bradshaw, hija del presi­dente de la ONG.

Así también, se registran rei­terados cobros de honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” de María Berta Rojas Aveiro, pareja de Carrizosa, que solo en el pro­yecto poscovid facturó G. 212 millones. Se suma al clan de privilegiados con honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” Marta María Rojas Aveiro, que es hermana de Berta y, por ende, cuñada del presidente del CIRD, que facturó por G. 109 millones.

El CIRD es una institución que tiene infinidad de conve­nios con diferentes entidades del Estado, administra proyec­tos sociales muy sensibles en el rubro de Salud, gestión pública, trabajo, además de reivindicar la transparencia y el combate a la corrupción con iniciativas de debate que cuestionan la discrecionalidad, el tráfico de influencias del poder político que saca provecho y privilegia a su entorno, etc.

La repartija de sueldos en familia aprovechando un con­venio financiado con dinero público y los negocios de con­sultoría que corren entre los amigos que actúan de con­sultoras satélite de la ONG, empresas a las que también facturan y están vinculadas quienes activan en el CIRD, no condicen con el discurso que pregonan desde la orga­nización. Por ello consultamos a Carrizosa sobre los cobros de jornales y jugosos honora­rios de su familia en el citado proyecto, a lo que respondió: “Familiares míos, quién por ejemplo?

Sobre el caso de su hija, señaló: “Ah sí, Paola, ella es fotógrafa. Pero ella es la única”, pero al consultarle sobre María Berta, dijo: “Ah bueno, ella es la coor­dinadora, sí. Ella es mi pareja, verdad, no es familiar. Bueno, si es familiar. ¿Y después?Ante su pregunta le hicimos refe­rencia sobre los cobros de una cuñada, hermana de María Berta, a lo que respondió: “Ah Marta, sí. Ella es consultora. Sí eso, ¿y después? ¿Eso nomas, verdad?”.

Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordinador de proyecto del CIRD “Más ciudadanía, menos corrupción”, Fran­cisco Darío Alcaraz, figura con varios cobros de jornales.

Sobre el caso, Francisco Alca­raz refirió: “Él es un profesor independiente, no tiene nin­guna limitación para trabajar, el CIRD tiene sus procedimien­tos internos, es una organiza­ción del sector privado”.

Alcaraz sostuvo que su hijo no está contratado en “Más ciuda­danía, menos corrupción”; sin embargo, otra ONG contratada para este proyecto tiene como profesional al joven para reali­zar charlas con dinero recibido para el financiamiento de esta iniciativa.

Por cierto, el consultor anti­corrupción Alcaraz también contrató a la consultora de su contadora Isabel Benítez Espínola en “Más ciudada­nía, menos corrupción” y, a la vez, la mujer figura como su empleadora en el Instituto de Previsión Social (IPS), en condiciones poco claras. “Hay varias modalidades de aporte y una de las modalidades es el aporte voluntario que no constituye ningún delito por­que permite la legislación del IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo ciertos servicios a la licen­ciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios”, dijo Alcaraz, dejando al descu­bierto las vinculaciones y los negocios de clanes detrás de los proyectos anticorrupción. (Ver infografía).

El acontecimiento reunió a una importante concurrencia de fieles y contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos y destacadas autoridades nacionales, quienes acompañaron el emotivo momento junto a representantes de la Arquidiócesis de Asunción.

Durante la jornada, los presentes destacaron el valor espiritual y cultural de la obra para la comunidad, no solo asuncena, sino de todo el país.

La nueva escultura se erige en un punto estratégico de la Costanera de Asunción, concebida no solo como un hito religioso, sino también como un espacio de encuentro y veneración para los miles de ciudadanos y visitantes que transitan a diario por la zona.

El monumento de bronce de 11 metros de altura es fruto de una labor conjunta entre la reconocida artista Ingrid Seall, encargada de esculpir la figura en bronce, y el ingeniero Roque Ardissone, responsable del diseño de la base metálica sobre la cual se erige el monumento.

Con la bendición oficial de la imagen, la feligresía católica dio inicio a las celebraciones principales en honor a la patrona de Asunción reafirmando una tradición de profundo arraigo histórico en el país en la víspera del aniversario de la capital paraguaya.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Johana Vega durante la última sesión extraordinaria. La legisladora enfatizó la necesidad de contar con datos actualizados para determinar la capacidad real de respuesta de los gobiernos locales y garantizar la protección de las comunidades más expuestas.

Entre los puntos centrales del requerimiento, se solicitó precisiones sobre las tareas de limpieza y mantenimiento en cauces hídricos, arroyos, canales, desagües pluviales y alcantarillados.

Además, se instó a los jefes municipales a identificar las zonas críticas de sus distritos y detallar los planes previstos para intervenir en caso de anegamientos y desbordes.

El pedido de informes abarca también la disponibilidad de recursos operativos, incluyendo la cantidad de personal capacitado, maquinaria pesada y presupuestos asignados exclusivamente a la gestión de emergencias. A su vez, las municipalidades deberán reportar el estado de sus albergues temporales, el funcionamiento de sus sistemas de alerta temprana y el esquema de asistencia inmediata a las familias vulnerables.

La resolución exige transparentar los mecanismos de coordinación entre las comunas, la Secretaría de Emergencia Nacional, las gobernaciones y otros organismos del Estado.

Con esta recopilación de datos, la Cámara Baja pretende detectar falencias estructurales y articular acciones legislativas o financieras que fortalezcan la gestión de riesgos a nivel municipal.

Las intervenciones comenzarán el sábado sobre el carril de ingreso a la ciudad de Luque, por lo que la calzada contraria quedará habilitada de forma temporal en doble sentido. Para los conductores que se dirijan hacia la capital, la salida continuará por su trazado habitual mediante el uso del carril externo y la habilitación excepcional de la banquina como vía de circulación.

El domingo 16 de agosto, las maniobras de montaje se trasladarán al carril de salida. Durante esa jornada, quienes viajen con destino a Asunción deberán utilizar un carril del sentido opuesto para atravesar el tramo en obras, mientras que el ingreso a Luque operará por su vía regular bajo la guía constante de banderilleros e inspectores de tránsito.

Desde la coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) explicaron que la elección del fin de semana festivo busca minimizar los inconvenientes y asegurar en todo momento la transitabilidad en este estratégico corredor.

En paralelo a las tareas del viaducto, el MOPC avanza en la ejecución de obras de canalización pluvial en la intersección de las avenidas General Elizardo Aquino y Sudamericana. Estos trabajos de drenaje, que se extenderán hasta finales de agosto, mantienen clausurado el carril izquierdo de acceso a Luque, derivando el flujo hacia los carriles centrales y reduciendo la velocidad máxima permitida en el sector a 20 kilómetros por hora.

Ante las modificaciones operativas en marcha, las autoridades instaron a los automovilistas a colaborar con el ordenamiento vial y a planificar sus desplazamientos con al menos 20 minutos de anticipación.

El conjunto de estas obras forma parte del proyecto Corredor Vial Las Residentas, iniciativa financiada por Itaipú Binacional y ejecutada por la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., que busca modernizar los accesos metropolitanos mediante el ensanche de calzadas, la optimización de cruces y el fortalecimiento de la seguridad vial.