“Operación Moto” se denomina la acción de control aplicada en la zona primaria del Puente de la Amistad, lado brasilero, por la Receita Federal (Secretaría de Ingresos Fiscales del Brasil) y la Foztrans (Instituto de Transporte y Tránsito de Foz de Iguazú).

De nuevo las motocicletas son el foco de un riguroso control en la zona primaria del paso fronterizo, lado brasilero. El principal blanco son los mototaxis con placa paraguaya y el objetivo es combatir el contrabando, el tráfico de armas y drogas en la frontera.

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Esta operación también moviliza a los fiscales de la Foztrans, que es un organismo municipal de Foz de Yguazu responsable por el gerenciamiento y fiscalización de los servicios de transporte público y el tránsito. Controlan todo lo relacionado a documentaciones de las motocicletas, habilitación y registros de los conductores, además del seguro internacional.

“La RF y la Foztrans inician una operación conjunta con el objetivo de fiscalizar el transporte irregular de mercaderías y pasajeros en motocicletas que cruza el Puente de la Amistad. Los órganos trabajan de forma integrada, cada uno combatiendo las irregularidades que ocurran dentro de su competencia”, señala el comunicado de prensa divulgado por la RF.

Menciona que la Foztrans apunta a reprimir el transporte irregular de pasajeros a través de motocicletas, los famosos “motos pomberos”, que operan sin estar habilitados legalmente para ello. Los biciclos que son sorprendidos en situación irregular, terminan siendo incautados y llevados al corralón municipal.

Los vehículos solo podrán ser recuperados después de regularizar su situación con el municipio si se trata de motocicletas brasileras, además de pagar la infracción.

En el caso de las motos de paraguayos deben abonar la multa correspondiente por la infracción cometida relacionada a la falta de documentación.

Si son sorprendidos con contrabando, drogas, armas o municiones, deben responder ante la Justicia Federal, donde todo es mucho más lento y costoso.

“Además del transporte de pasajeros, estos vehículos normalmente son utilizados en el transporte de mercadería de contrabando. Por eso, la Receita Federal trabajará de forma conjunta a fin de fiscalizar la entrada y salida de mercaderías y vehículos por la frontera”, agrega el informe.

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LA SEGUNDA OPERACIÓN

Entre los biciclos fiscalizados muchos tenían problemas de documentación, otros fueron sorprendidos con aparatos celulares escondidos en fondos falsos, entre otros.

Esta es la segunda operación de este tipo en lo que va del año. El primero se realizó en marzo pasado.

La operación contó con la participación de 122 servidores de la Policía Federal, Policía Rodoviaria Federal, Policía Militar de Paraná, Batallón de Frontera de PMI, Fuerza Nacional, Guarda Municipal y Foztrans, bajo la coordinación de la RF.

Según Hipólito Caplan, auditor fiscal y delegado adjunto de la RF en Foz de Yguazu (Brasil), la facilidad de movilidad y el gran número de motocicletas en la frontera, terminan dificultando una fiscalización más efectiva. Diariamente circulan por el Puente de la Amistad unas 20 mil motocicletas, 42 mil vehículos y 83 mil personas.

“Queremos hacer este tipo de trabajo con más frecuencia para un mayor control y dificultar los hechos al margen de la ley. Sabemos que todos los días muchas personas cruzan la frontera para trabajar en Paraguay, pero también tenemos las situaciones de aglomeración para dificultar los trabajos de fiscalización. El objetivo mayor es evitar los crímenes de contrabando, tráfico de armas y drogas”, sentenció.

De acuerdo a un trabajo de inteligencia realizado por la Policía Federal, muchas motocicletas realizan varios viajes al día transportando armas de fuego, drogas y mercaderías de contrabando.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.