Operativo Pavo Real: inició la segunda fase con 12 estancias allanadas
Este martes prosigue el operativo Pavo Real, que pretende detener a personas vinculadas al esquema de lavado de dinero liderado por Jarvis Chimenes Pavâo y disponer de bienes e inmuebles valuados en 150 millones de dólares.
El director de la Senad, Francisco Ayala, confirmó a radio Universo 970 AM, que los 12 allanamientos desarrollados hoy se localizan entre Concepción y Amambay, en su mayoría, establecimientos ganaderos.
Una de ellas es la estancia Cristo Rey, de Pedro Juan Caballero, que anteriormente pertenecía a Gringo González, sindicado como uno de los poderosos del narcotráfico, según informó el periodista Rubén Valdez a la 970.
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Además de las propiedades en sí, todavía existe un listado de personas que integran la red de confianza de Pavâo, entre ellas, abogados, contadores, empresarios y otros perfiles técnicos.
En el caso de los abogados, se los ubica en la primera línea del lavado de activos y, junto a los demás, colaboraban en la administración de bienes.
Los 11 detenidos en el primer día se encuentran en la base de operaciones de la Senad, donde hoy la Fiscalía solicitará las medidas que considere pertinentes para cada uno, en base al grado de responsabilidad.
Por su parte, Gunter Krone, vocero de la Fiscalía en el operativo, detalló en contacto con la misma emisora, que esta investigación pretende descifrar si continúan generándose ingresos no justificados dentro de la organización criminal.
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Buscan a familiares o allegados de un hombre ruso fallecido en Paraguay
El Ministerio Público solicita a familiares o conocidos de una persona de nacionalidad rusa, para que puedan hacerse cargo del cuerpo depositado en la Morgue Judicial.
El hombre falleció tras sufrir un infarto, según informó la agente fiscal Alicia Fernández.
Se trata de Vladimir Myshkov, nacido en San Petersburgo el 27 de diciembre de 1964.
Informes o datos favor contactar al Consulado de Rusia al número (021) 623733.
Fallida liberación de reos del PCC: comitiva se constituye en Juzgado de Luque
La Fiscalía y la Policía Nacional se constituyeron este viernes en el Palacio de Justicia de Luque, en el marco de la investigación por el fallido intento de liberación de presos del PCC en la cárcel de Villarrica.
Una comitiva encabezada por la fiscal María Irene Álvarez y agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional se constituyó esta mañana en el Juzgado de la ciudad de Luque.
Durante dicho procedimiento, fueron incautados diversos documentos y sellos correspondientes a la oficina de la jueza Lilian Rosaura Flores Negri, cuyo nombre figura en el hábeas corpus presentado para intentar liberar a cinco reclusos de la Penitenciaría Regional de Villarrica.
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Se trata de Glauber Fernández Dubal, Adalberto Riveiro Machado, Jonathan Da Silva Brum, Bruno Wesleyborges Amador y Rhuan Da Silva Aires, miembros del Primer Comando Capital (PCC), quienes gestionaron la falsificación de un oficio judicial para intentar ser liberados del penal, intento que acabó siendo frustrado tras descubrirse la farsa.
El funcionario que había recibido aquel documento observó algunas inconsistencias, por lo que decidó hacer mayores averiguaciones y confirmó que era apócrifo, mencionó a C9N el Crio. Pedro Lesme, subjefe del Departamento contra el Crimen Organizado.
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Por su parte, la magistrada aseguró no haber recibido ningún pedido de esta índole en su oficina, ya que fue realizado durante la feria judicial y, por ende, ella se encontraba de vacaciones en aquel momento.
Por este polémico casos, el Ministerio de Justicia ordenó la suspensión del director de la Penitenciaría Regional de Villarrica, Denis Caballero, así como la intervención de la cárcel y la apertura de una investigación.
Mafia de los pagarés: Fiscalía debe analizar más de 2.000 expedientes de juzgados
La Fiscalía tendrá a su cargo el análisis de más de 2.000 expedientes incautados de varios Juzagdos de Paz de la ciudad de Asunción, en el marco de la causa conocida como “la mafia de los pagarés”.
La fiscal Belinda Bobadilla confirmó que, durante los allanamientos simultáneos realizados a inicios de esta semana en cinco Juzgados de Paz de la capital, se lograron incautar 2.572 expedientes, además de otras evidencias.
“Las investigaciones se están centrando en el inventario de todos los expedientes incautados y en la revisión de los mismos para ver las actuaciones realizadas”, indicó en entrevista con el canal GEN.
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Según refirió la representante del Ministerio Público, el trabajo fiscal buscará corroborar la implicancia de jueces, ujieres y funcionarios judiciales en este esquema, así como identificar cuáles son las deudas reclamadas que ya se encuentran canceladas.
El caso en cuestión involucra tanto a empresas privadas (casas de crédito, estudios jurídicos, tiendas comerciales, firmas de cobranza, etc.) como a administradores de justicia, quienes actuaban en contubernio para gestionar el cobro de pagarés de manera irregular.
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Durante la auditoría interna impulsada por la Corte Suprema de Justicia, se pudo detectar que, en un mismo día y horario, los ujieres supuestamente entregaban notificaciones en puntos muy distantes entre sí, aspecto que llama la atención. Varias de estas notificaciones jamás fueron entregadas.
“La persona no tenía conocimiento sino hasta cuando se le embargaba su salario”, refirió Bobadilla, denotando las sendas irregularidades en este enorme esquema que fue destapado a través de denuncias de víctimas y publicaciones periodísticas.