Una difusa normativa sobre jubilación del sector público está en curso. Mientras unos sostienen que se busca elevar la edad jubilatoria a 75 años de edad; otros (los proyectistas) señalan terminará beneficiando a aquellos que tienen pocos años de aporte. ¿Cuál es la situación real de este proyecto que encara un grueso de la oposición en el Senado?

En entrevista con la radio 650 AM, el proyectista Líder Amarilla, senador liberal, mencionó que esta propuesta beneficiará a los funcionarios públicos. “A los 62 años uno puede jubilarse, simplemente la gente que entró tardíamente a la función, se presenta una acción de inconstitucionalidad y va hasta los 75 años”, indicó.

“Si una persona ya quiere jubilarse, lo hace con un 40 %, entonces la gente lo que hace hoy en día es recurrir a la Corte y se va un poquito más, pero para que no se haga más esto es que se pretende alzar. Yo soy de la teoría de una jubilación digna y eso significa que cuanto más temprano se jubile, pueda tener gozo, disfrutar de su platita que aportó. Si es por mí, que la gente se jubile a los 50 años, pero la caja fiscal no tienen sostenibilidad, ese es el problema de nuestro país”, argumentó.

Sostuvo que se pretende remediar la situación que actualmente es una práctica habitual. “Nadie toca nada de lo que está actualmente, solamente las personas que ingresaron tarde, y tienen pocos años de aporte al Estado y se jubilan con muy bajo porcentaje, que es el 40 %, para que esa gente tenga opción de irse un poco más”, dijo. “Es como que se quiere instalar que la gente se vaya hasta los 75 años, y de ninguna manera, yo soy de la idea de que la gente se jubile lo más antes posible“, agregó.

El proyecto en cuestión cuenta con la firma de los senadores Ever Villalba (PLRA), Líder Amarilla (PLRA), Patrick Kemper (Hagamos), Enrique Salym Buzarquis (PLRA), José Oviedo (CN) y Rafael Filizzola (PDP).

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En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio de Nicolás Leoz en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo. Ante los lentos avances en la pesquisa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, visitó al fiscal general Emiliano Rolón, en la mañana de este jueves.

Esta visita se realizó en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones entre el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA que constituirían hechos punibles de lavado de dinero.

“Esta preocupación nuevamente ha sido expuesta por la CONMEBOL, urgiendo al Ministerio Público para que ejerza la acción penal pública en busca de la aplicación de la ley penal, ante hechos que han sido objeto de investigación por varios años. ¡Seguimos en búsqueda de justicia para el fútbol sudamericano!”, expuso Alejandro Domínguez a través de sus redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes, el exdirigente deportivo entregó al Banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.

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Hay que recordar que, la Conmebol presentó semanas atrás un urgimiento a los investigadores, para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado muchos años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y Atlas.

Ante este pedido, los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la CONMEBOL a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leo Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.

Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas de los citados, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.

También los fiscales pidieron que EE.UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.

Un grupo de vecinos redujo a un bandido que ingresó a una vivienda ajena con intenciones de robo. Se trata de Antonio Melgarejo (21), exconvicto domiciliado en el km 15 Acaray barrio Virgen del Carmen de esta ciudad, quien posee orden de captura por hurto agravado emanada del Juzgado Penal de Garantías de CDE, firmada por la Actuaria Gricelda Díaz Alfonzo

El informe policial refiere que el detenido intentó ingresar en la vivienda por el techo sacando partes de chapa zinc aprovechando la ausencia de la dueña de casa, pero fue visto por los vecinos del lugar. Unidos, procedieron a demorar al sujeto para luego entregar a personal de la comisaría 8va.

El hecho fue comunicado al fiscal Julio Paredes quien dispuso la detención de Melgarejo para los procedimientos correspondientes, ya que cuenta con orden de captura.

A través de un comunicado, el INAN informó que se instruyó sumario administrativo y se dispuso como medida cautelar la clausura temporal del establecimiento denominado “Carlos Gabriel Céspedes Becker”. Esta empresa es la encargada de elaborar el edulcorante de mesa a base de glicósidos de esteviol, de marca KA’A VITAL.

La medida de clausura estará vigente hasta tanto se subsanen las no conformidades en cumplimiento a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y se implementen medidas inmediatas y efectivas para abordar los puntos críticos identificados por el INAN. Esta disposición es vital para proteger la salud y seguridad de los consumidores.

Hay que recordar que a través de las redes sociales, los consumidores de esta marca reportaron el hallazgo de sustancias extrañas en sus edulcorantes. Tras las denuncias, el INAN tomó intervención y halló lotes contaminados con moho y hongos.

Se recuerda a la población que, para denuncias o consultas, se encuentran habilitadas las líneas (021) 294073, (0961) 585779, y el correo: direccion@inan.gov.py.

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