De -10,39 % en utili­dades netas en 2016, la otra empresa del rubro construcción y asfalto, Creando Tecnolo­gía (Createc SA), del expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez también batió récords gananciales anuales durante su gobierno. De G. 2.377 millones de lucro neto en 2016 fue aumentando exponencialmente hasta marcar diferencias que lle­gan a un aumento ganancial de hasta 750 % en el periodo de pandemia 2021, que fue dorado para su compañía con el monto de G. 22.546 millones. Mientras tanto, la población en general sufría las carencias en salud y la economía afrontaba una fuerte crisis ocasionando la suspensión de actividades de varias empresas y el desem­pleo en general.

En Createc, Abdo Benítez registra el 47,50 % de las acciones y durante los años de su presidencia, específica­mente entre 2018 y 2021, esta empresa registró ganancias netas anuales que suman G. 52.908 millones equivalen­tes a un incremento de 602 % en relación con el lucro acumulado cuando se ini­ciaba en cargos electivos, y que entre 2015 y 2017 llegó a G. 7.529 millones.

La mencionada empresa es la segunda del exmandata­rio, que también desarrolla actividades afines a su otra conocida firma que es la dis­tribuidora de asfalto Aldia SA, que se volvió superprós­pera en sus años de presi­dente con ganancias netas anuales que subieron hasta 6.110 %, comparadas con las utilidades netas anuales en sus comienzos como parla­mentario.

En las actas de asamblea remitidas al exministerio de Hacienda, hoy Ministe­rio de Economía y Finanzas, aparecen utilidades netas de Aldia que se disparan año a año de manera extraordina­ria. La suma de ganancias de esta empresa de asfalto cuando Abdo fue presidente de la República asciende a G. 175.268 millones, esta cifra equivale a un aumento en utilidades de 800 % com­parado con las acumuladas en los años que le tocó ser senador, que fue de G. 19.480 millones.

Es decir, el incremento de las ganancias acumuladas anuales durante el gobierno de Abdo Benítez de Createc es de 600 % y de Aldia 800 %, compradas con las acumula­das en sus tiempos de parla­mentario.

Los montos multimillona­rios no aparecen en la última declaración jurada presen­tada por el exmandatario al dejar el cargo, se observa el cobro de dividendos men­suales no especificados de G. 338.978.534, que en un año suman G. 4.067 millones, que resulta ínfima con res­pecto a las grandes ganan­cias consignadas en acta. Abdo Benítez no declaró los dividendos a cobrar, de esta forma la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) y la ciudadanía en general no se enteraron de la fortuna ama­sada con la venta de asfalto.

Desde la Contraloría con­firmaron el inicio de un estudio de corresponden­cia a los bienes del expresi­dente, a pedido del mismo afectado.

Vale reiterar la disposición del artículo 237 de la Cons­titución Nacional que se refiere a las incompatibili­dades en el ejercicio de las funciones del presidente y vicepresidente para ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. No pueden ejercer el comercio, la industria o actividad pro­fesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Sin embargo, Abdo Benítez se valió de su hijo Mario Abdo Díaz Benza en el negocio y lo puso como representante legal en ambas empresas (Createc y Aldia), según obran en los documentos proveídos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Con respecto a la prohibición que establece el artículo 237 de la Constitución Nacional de generar lucro directa e indirectamente, sea en el sector público o privado estando en el cargo de presi­dente de la República, como mencionan muchos enten­didos en la materia, hay un dato no menor que obra en acta y resulta muy sensible para las funciones de manda­tario que desempeñó Abdo Benítez.

En el acta general ordina­ria número 6 de fecha 22 de junio de 2020, que consigna los resultados financieros del año 2019 de la empresa Createc SA, consta que el aumento de las facturacio­nes de la compañía es gra­cias a los convenios asegura­dos con grandes contratistas viales, es decir, con provee­dores del Estado.

En la lectura de la memoria correspondiente al ejerci­cio 2019 de Createc SA dice que hubo “un incremento en la facturación de 52 % con respecto al ejercicio ante­rior, mediante la firma de contratos de provisión con empresas constructoras de importantes obras viales”, evidenciando lo que se sos­pechaba, que se aseguraba el negocio del expresidente detrás de las grandes licita­ciones de rutas, favorecién­dose indirectamente de las mismas.

También hay un sugestivo acaparamiento en el sumi­nistro de la materia prima a las constructoras viales que se entiende son contratistas del Estado, puesto que son las instituciones públicas las que construyen pavimentos. En acta también consta que “se obtuvo un aumento muy significativo en la cartera de clientes, cuyo saldo al cierre del año superaba en un 237 % al saldo de 2018″. Prácti­camente se evidencia que quienes ganaban licitacio­nes compraban asfalto a la empresa del expresidente y esta cartera de clientes se incrementó al año de man­dato de Abdo Benítez.

El Hospital Psiquiátrico inició un proceso de conversión hacia un centro de urgencias psiquiátricas, en consonancia con la Ley N° 7.018/22. El objetivo principal descentralizar la atención de la salud mental y garantizar que ningún paciente quede sin atención.

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El Dr. Hans Buggenthin, director del Hospital Psiquiátrico, enfatizó la importancia de este paso hacia un modelo de atención más dinámico y eficiente. “A partir de la promulgación de la Ley 7.018, comenzamos el plan de reconversión del hospital Psiquiátrico en un centro de urgencias. El plan de descentralización de los consultorios implica la redistribución de nuestro personal médico y el refuerzo de los servicios descentralizados”.

Este cambio implica la redistribución de los médico psiquiatras a los diferentes servicios. El compromiso de garantizar la atención a los pacientes es firme. “Los pacientes que acuden a nuestro centro son asistidos y reorientados a otros servicios”, aseguró el Dr. Buggenthin.

Una de las claves de este nuevo enfoque es la orientación hacia servicios ambulatorios y el fortalecimiento de los lazos sociales. Según lo establecido en la Ley N° 7018, “se busca promover un abordaje interdisciplinario e intersectorial, priorizando la atención primaria de la salud. En este sentido, el Hospital Psiquiátrico se transformará en un Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas, como parte de un modelo desconcentrado de atención en salud mental”.

Además, implementó un sistema de coordinación para dirigir a los pacientes hacia los servicios más adecuados, según su situación y lugar de residencia. Para el efecto, se utiliza el Directorio de Salud Mental, que cuenta con el listado profesionales en salud mental que brindan atención en el sector público.

“Nuestro objetivo es garantizar que cada paciente reciba la atención que necesita en el servicio de salud más cercano a su domicilio”, afirmó el Dr. Buggenthin.

Estos cambios, que se han evidenciado desde principios de este año, marcan un importante paso en la atención descentralizada de la salud mental en el país.

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Por Cinthia Mora

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presen­taba una “denuncia” en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recep­cionar denuncias sobre pre­suntos hechos punibles.

Ese mismo día, el Poder Eje­cutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.

Ese mismo mes, específica­mente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Car­tes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la fil­tración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.

Los cuadros de salarios de Peña y Boidanich fueron filtrados del “corazón” de la Seprelad. Un correo interno prueba que la planilla fue incorporada luego al informe de inteligencia contra Cartes

Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría ges­tado así uno de los mayores operativos de persecución política era cada vez más evidentes. El hecho de otor­gar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bas­tante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coor­dinar y ejecutar el operativo de filtraciones.

Estos episodios de filtracio­nes quedaron “oficialmente” inaugurados con la denun­cia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algu­nos funcionarios de la Sepre­lad, dedicados a la elabora­ción de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funciona­rios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funciona­rios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.

Tras su mediática presenta­ción, el exministro Giuzzio contó con la abierta cola­boración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arre­gui y Carmen Pereira, quie­nes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Hora­cio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar prés­tamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publi­caban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en for­matos especiales y sin la codi­ficación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

EN MANOS DE LA CORTE

Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelacio­nes. Los camaristas recusados por la defensa de los imputa­dos son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.

El abogado Felino Amari­lla, defensor de Carlos Arre­gui, uno de los imputados, recusó a los tres integran­tes de la Cámara de Apela­ción por supuesta imparcia­lidad y falta de independencia debido a que la defensa desco­noce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apela­ción. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el pre­sente caso.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó una advertencia a la ciudadanía sobre la circulación de ofertas laborales fraudulentas en internet.

A través de un comunicado, la institución indicó que estas propuestas pueden parecer atractivas inicialmente, pero a menudo están vinculadas a actividades delictivas.

Para protegerse, el ministerio recomienda evitar hacer clic en enlaces de procedencia dudosa, no proporcionar información personal sin confirmar la legitimidad de la oferta, realizar una investigación exhaustiva antes de proporcionar cualquier tipo de referencia personal o profesional, y verificar la veracidad de las ofertas laborales, comprobar la existencia de la empresa que las publica y, si fuera necesario, buscar asesoramiento de expertos antes de aplicar a cualquier posición, ya sea dentro o fuera del país.

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