El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Fabián Weisensee, Juan Mendoza y Laura Ocampo ayer dio a conocer la sentencia por la que condenaba a 11 años de prisión al comisario Jorge Zárate y a 20 años de cárcel al suboficial Jhonie Orihuela en el marco del caso conocido como “gatillo fácil”.

En entrevista con la 970 AM, Richard Pereira (padre) habló sobre este fallo y dijo que cualquier condena les hubiese parecido poco, esto considerando el estado en el que quedó su hijo, pero de igual manera destacó que lo importante en este caso es que sí hubo una condena contra los uniformados.

“Realmente pensábamos que no íbamos a llegar a esto, no teníamos mucha esperanza porque era una rosca bastante fuerte, hasta el último momento dudé”, expresó.

Luego de haberse conocido la sentencia, su hijo -quien quedó parapléjico luego de haber sido víctima de un disparo en la nuca- se mostraba tranquilo “y con una paz”, según afirmó su padre. “Se limpió su nombre y se mostró la culpabilidad de los policías”, acotó.

Pereira (padre) recordó que el comisario Jorge Zárate estaba a cargo del operativo y por ello también tiene responsabilidad en el incidente. Además, sostiene que fue él quien fraguó todo al mandar llevar el vehículo de su hijo a la comisaría y pedir que le planten las drogas y el arma allí dentro, además de mentir diciendo que él supuestamente había disparado el arma.

“Al principio de este juicio el comisario entraba con un aire de superioridad, todos los días me miraba y me saludaba pero era un saludo burlón, lo hacía a propósito. Después de que declaró el jefe de policía Blas Cristaldo, ahí se le derrumbó todo porque hasta ese momento todo apuntaba sólo a Orihuela”, puntualizó.

El hombre sostuvo que el día a día de su hijo es dificilísimo, pues hay ocasiones en las que le cuesta levantarse de la cama, esto considerando que tan solo posee el 18% de movilidad en el cuerpo y se ve bastante limitado a la hora de hacer las cosas.

Pese a ello, destacó que de igual manera sigue trabajando y ayudando con el sostenimiento de su familia, conformada por sus dos hijos y su pareja. Actualmente, su hijo se dedica a la reparación de teléfonos celulares.

Pereira anunció la presentación de una demanda civil contra el comisario Jorge Zárate, el suboficial Jhonie Orihuela y el Estado paraguayo, a fin de exigir algún tipo de reparación económica por el tremendo daño que sufrió su hijo en aquel procedimiento policial.

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.

En el transcurso de la tarde del martes se registró un voraz incendio en una vivienda ubicada en el barrio La Amistad de la ciudad de Capitán Miranda.

La propiedad pertenece a Lorena Mabel Osorio de Araujo, quien se encontraba en el lugar en compañía de su familia al momento de iniciar las llamas.

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La edificación -de unos 6x8 metros y con techo de chapa- acabó siendo reducida a cenizas a causa del siniestro, que pudo ser controlado tras la intervención de bomberos voluntarios.

Afortunadamente, Osorio y los demás miembros de su familia resultaron ilesos luego del incendio, por lo que solo se reportan daños materiales.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar las causas del incidente, menciona el portal Más Encarnación.

La idea es extender réplicas de la exitosa sociedad policial-militar que logró reducir a la mínima expresión al EPP y la extinción de la ACA, así como a asestar fuertes golpes a organizaciones criminales en Canindeyú.

El plan, barajado en los Ministerios de Defensa y del Interior, contempla el establecimiento de puestos fijos de comandos, con puntos de conexiones para reacciones rápidas ante eventos que perpetran grupos de delincuentes.

El proyecto en cuestión surge a partir de la necesidad que tiene la Policía Nacional, de reforzar áreas de cobertura, ante la emergencia de pandillas bien organizadas, que cuentan con fuerte capacidad de fuego.

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Producción y tránsito de drogas, atracos a camiones de caudales, cajeros y bancos, ataques piratas en rutas, entre otros rubros delincuenciales, se han acrecentado de manera significativa desde hace unos años.

El plan de seguridad que maneja el gobierno central implica también inversión en tecnología para detección y ataques a agrupaciones ilícitas, que cada vez evidencian mayor capacidad de operaciones, utilizando herramientas de la tecnología.