Padres son condenados por no pagar prestación alimentaria de sus hijos

Los padres fueron condenados por no cumplir con sus obligaciones de asistir económicamente a sus hijos.

En primer lugar, la fiscal Viviana Sánchez logró una condena por incumplimiento del deber legal alimentario en un juicio oral. El sentenciado está identificado con las iniciales J.W.F. y fue sancionado con 2 años de pena privativa de libertad.

Según los registros, el 26 de julio de 2018, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia determinó que el padre debía aportar mensualmente G. 600.000 a favor de su hija. Este monto -según la sentencia definitiva número 209- debía ser depositado en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Pero, el acusado no cumplió con su obligación y acumuló una deuda de G. 23.050.000.

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Tras la denuncia presentada por la madre, la Fiscalía inició una investigación contra el acusado, que finalmente derivó en su condena. El fallo fue dictado por los jueces Herminio Montiel, Marino Méndez y Zunilda Martínez Noguera, quienes conformaron el Tribunal de Sentencia.

En el segundo caso, la fiscal Daisy Sánchez sostuvo la acusación en un juicio oral y público en el cual – basándose en la presentación de suficientes elementos probatorios – demostró la responsabilidad penal en la conducta del procesado José Manuel Gavilán Cañete.

Durante el juicio, Gavilán Cañete fue condenado por un Tribunal de Sentencia a dos años con suspensión a la ejecución de la condena por incumplimiento del deber legal alimentario, en perjuicio de su hija.

Según el relato de los hechos, en el principio de la causa, Loida Eunice Marín Melgarejo (madre de la niña) formuló la denuncia ante la Oficina de Mesa de Entrada y Denuncias de la Fiscalía Zonal de Itá.

Posteriormente, la mujer declaró ante la Unidad Penal que intervino en su denuncia y mencionó que José Manuel Gavilán Cañete -desde el inicio de la demanda- depositaba de manera irregular el monto de dinero que el Juzgado le había impuesto el 31 de octubre de 2017.

El concepto de dicho depósito impuesto por la instancia judicial fue por prestación alimentaria. El dinero debía depositarse en una cuenta del BNF habilitada para el efecto, a favor de su hija.

Finalmente, por la irregularidad en el pago, el Ministerio Público acusó a José Manuel Gavilán Cañete, como autor de incumplimiento del deber legal alimentario, hecho que fue probado fehacientemente por la fiscal Daisy Sánchez en el juicio oral y público.

Alertan sobre falsos funcionarios del Ministerio Público en CDE

A través de un comunicado conjunto, los sindicatos de funcionarios del Ministerio Público, SIFUMIP y SIFETRAMIPAR, salieron al paso de recientes publicaciones periodísticas que se refieren a la posible implicancia de algunos de sus miembros en actividades ilícitas en Ciudad del Este.

Ambos gremios dejaron en claro a la opinión pública que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución.

Además, subrayan que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores de la Fiscalía.

El comunicado enfatiza que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.  

Este pronunciamiento surge en respuesta a las publicaciones, en los medios de prensa y en redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley, generando preocupación y especulaciones en la opinión pública.

Crimen de Bazán: muestran cómo exdirector penitenciario se enfrentó a tiros con sicarios

Aparecen imágenes de los minutos previos al ataque y asesinato del ex director de Institutos Penales del Ministerio de Justicia, Domingo Bazán, ocurrido el pasado 23 de noviembre en Concepción. En un primer ataque, logró eludir.

En la tarde de este jueves se compartieron las imágenes del circuito cerrado que captaron el momento exacto en el que Bazán fue emboscado y luego recibió los nueve balazos que acabaron con su vida.

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El video revela que el ex director penitenciario antes de ser asesinado, disparó contra los sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

En el primer ataque, logró repeler a los dos hombres y resultó herido. Quedó sin proyectiles y se vio obligado a escapar a pie, sin embargo, fue perseguido hasta que, finalmente, lo asesinaron en una propiedad privada.

El antecedente más inmediato de amenaza se remonta al año 2021, cuando un integrante del clan Rotela envió una nota de voz y pidió un pabellón para todos sus secuaces.

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Denuncian a policía por tráfico de influencia y amedrentamiento en caso de filiación

Un agente de Policía fue denunciado por ejercer tráfico de influencia y apriete para trabar un caso de filiación en su contra. Asimismo, se lo indica de estar vinculado en el caso del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

La denuncia fue realizada por Carolina Mareco Villalba, de la localidad de Capiibary, quien acusa al personal policial Julio Escobar de trabar un proceso judicial por filiación en el caso de una menor de 2 años de edad.

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Escobar, a través de su nueva pareja, Elsa Vargas, una funcionaria del Poder Judicial de Santaní quien se encuentra ternada para Jueza de Paz, estaría incurriendo en un hecho de tráfico de influencia para trabar la causa de filiación que se encuentra sin avances desde hace 8 meses.

Por otra parte, el personal policial es acusado de haber participado en el confuso episodio de supuesto apriete y posterior rescate del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

Escobar se desempeña como subjefe de Automotores Policía Nacional de Coronel Oviedo.

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“Él nunca se quiso hacer cargo de mi hija y tuve que salir a reclamar el derecho de ella. Inicié el juicio de filiación y su actual señora que trabaja en el Poder Judicial tiene amistades y empezaron a recusar el caso. Incluso, me dijeron que si no me muero en un accidente de tránsito, ella misma me va a matar, me tienen amenazada”, comentó la denunciante, Carolina Mareco, en conversación con el canal GEN de Nación Media.