“Quiero también dejar en claro que no hay traspaso de la presidencia a quien debería seguir en el ejercicio de la misma, que sería Venezuela”, declaró Loizaga a los periodistas en la sede de Cancillería.

Loizaga hizo esas declaraciones tras comunicar que Paraguay recibió una nota diplomática de Uruguay en la que confirma el fin de su mandato al frente del bloque.

Paraguay se opone a que Venezuela asuma esa presidencia y defiende que debe estar en manos de un país que cumpla con los derechos humanos.

Loizaga explicó que para Paraguay la presidencia del Mercosur no se traspasa de forma automática, e insistió en que es necesario que exista un consenso para que otro miembro del bloque se haga cargo de ese mandato.

En el artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto se estipula que “las decisiones de los órganos del Mercosur (como el Consejo del Mercado Común) serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados partes”.

En ese sentido, dijo que si se busca ese consenso para trasladar la presidencia a Venezuela, Paraguay “no va a acompañar ningún quórum”.

Respecto a esa oposición, Loizaga indicó que la postura de su Gobierno es coincidente con la Brasil, tras hablar con el canciller brasileño, José Serra.

“Ellos (Brasil) también tienen una posición en el sentido de que no acompañan el traspaso de la presidencia a Venezuela”, informó Loizaga.

Además hizo mención al precedente de 2013, cuando Argentina no tomó el relevo de Venezuela y el país caribeño siguió al frente del Mercosur durante un año, a pesar de que la presidencia temporal es de seis meses.

Loizaga explicó que el siguiente paso es iniciar contactos entre los miembros para ver cómo “enfrentar esta situación” y puntualizó que existe un consejo permanente del Mercosur en Montevideo que “tendrán su parte de trabajo que tendrán que hacer para seguir adelante con los procesos y proyectos”.

La entrega de más de 132.000 pupitres escolares por parte de Itaipú Binacional en menos de tres meses marca un hito en la historia de la educación pública paraguaya. Así lo afirmó José Luis Rodríguez Tornaco, asesor de Comunicación de la entidad, durante una entrevista con el canal GEN.

Según detalló, el volumen de mobiliario distribuido duplica el máximo alcanzado en años anteriores, cuando sumando esfuerzos del Ministerio de Educación, gobernaciones, municipios y universidades apenas se llegaba a 60.000 unidades al año.

El contrato inicial preveía 150 días para la entrega de las 132.000 unidades, pero el ritmo logístico permitió acelerar el proceso, especialmente en zonas del interior, lo que luego facilitó el avance en Asunción y el departamento Central.

Los nuevos pupitres se integran al esfuerzo del Gobierno en el marco del programa Hambre Cero en las escuelas públicas, permitiendo que los estudiantes puedan recibir alimentos en condiciones dignas y en sus propios espacios de estudio.

“Muchas escuelas no tenían comedor ni cocina. Estos muebles permiten que los chicos coman en sus aulas y dignifican el espacio escolar”, explicó.

Rodríguez Tornaco también reveló que esta intervención masiva contribuyó al aumento de la matrícula, que ya suma cerca de 50.000 nuevos alumnos en el sistema público, según datos del Ministerio de Educación.

“El programa está funcionando. Hay resultados concretos: más niños en las aulas, mobiliarios de calidad y una mejora general del entorno educativo”, afirmó.

Obras e inversiones con fondos de la tarifa de Itaipú

Además del mobiliario, el vocero mencionó otros logros financiados con los USD 1.950 millones obtenidos tras la negociación de la tarifa de Itaipú con Brasil:

-Entrega de 560 patrulleras a la Policía Nacional.

-USD 90 millones en equipamientos de seguridad.

-Próxima distribución de casi 300 ambulancias.

-Equipamiento del hospital de Coronel Oviedo.

-Construcción de hospitales en Curuguaty, Concepción y Mariscal Estigarribia.

-Intervenciones en el INCAN y el Hospital Nacional de Itauguá.

Viajes de Peña

Rodríguez Tornaco defendió los viajes del presidente Santiago Peña como parte de una estrategia internacional de atracción de inversiones.

“No hay forma de sostener el relato de que los viajes presidenciales no sirven. Los resultados son medibles, auditables y están a la vista de todos”, resaltó.

Este miércoles se dio mesa de entrada al documento que oficializa el pedido de intervención a la Municipalidad de Asunción y a la comuna de Ciudad del Este.

El escrito fue remitido por el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, y también lleva la firma del ministro del Interior, Enrique Riera, tal y como dispone la ley.

Antecedentes: Contraloría pide intervenir municipios de CDE y Asunción

Dicha solicitud fue realizada por el Poder Ejecutivo, en virtud al planteamiento de la Contraloría General de la República, luego de un exhaustivo análisis del ente a ambas comunas.

En conferencia de prensa, el contralor Camilo Benítez habló de presuntas irregularidades administrativas y financieras en los municipios administrados por Óscar “Nenecho” Rodríguez y Miguel Prieto, respectivamente.

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El siguiente trámite a partir de ahora es la conformación de una comisión especial en la Cámara Baja, a fin de analizar los antecedentes de este pedido de intervención.

Dicha comisión tendrá un plazo de 15 días para expedirse al respecto y emitir un dictamen, el cual deberá ser analizado en una sesión para que finalmente los diputados aprueben o rechacen la intervención.

Tras su arribo a suelo paraguayo procedente de España, Gianina García Troche compareció ante las autoridades en el mismo Aeropuerto Silvio Pettirossi, por razones de seguridad.

El fiscal Deny Yoon Pak, a cargo de la investigación abierta por el caso “A Ultranza PY”, estuvo presente para recibir a la esposa de Sebastián Marset, junto a la jueza Rosarito Montanía.

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Por disposición de la magistrada, García Troche contó con la representación legal de un defensor público, siendo elegido para el efecto el abogado Eduardo Velázquez. Posteriormente, se sumó el abogado Santiago Moratorio, representante legal de Marset y su cónyuge.

Finalmente, la mujer tomó la determinación de abstenerse a prestar declaración indagatoria ante el agente del Ministerio Público, haciendo uso de su derecho legal.

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En estos momentos, se aguarda conocer el lugar de reclusión al que será remitida para cumplir con la prisión preventiva. Las dos opciones potables son la Agrupación Especializada y la nueva cárcel de Minga Guazú, siendo este último un penal de máxima seguridad.

En ambos establecimientos se ha dispuesto un fuerte dispositivo de seguridad, ante la incertidumbre de conocer cuál será finalmente el sitio elegido para su resguardo.