El reporte que las casas de cambio remitieron a la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) en el marco del examen de correspondencia de bie­nes a la pareja de agentes de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Carlos Chamorro Portillo y Natalia Berenicce Bareiro, revela que el mayor volu­men de dólares cambiados en ventanilla fue a comienzos de la segunda mitad de 2018, pero principalmente entre el 2020 y el 2021. Ambos fun­cionarios estaban asignados en esos tiempos en la Uni­dad de Investigación Sen­sitiva, conocida como SIU, dependencia desde donde se siguieron las pistas del caso A Ultranza Py y cuyos informes sufrieron varias filtraciones, según constan en los mismos análisis de inteligencia.

Nuestro medio publicó en noviembre del año pasado compra de lujos por parte de la pareja que no condicen con su nivel salarial como una camioneta del año valuada en unos USD 65 mil, pero declarada ante la CGR por unos USD 40 mil. A este se suman compras de propie­dades respaldadas con prés­tamos en tiempo récord, cuando el ingreso líquido de Chamorro y esposa se man­tuvo entre G. 4,8 millones y G. 6,8 millones hasta julio del año pasado y luego pasa­ron a percibir un neto men­sual de entre G. 7,9 millones y G. 9 millones. El modo de vivir de Chamorro había desatado indignación y la ministra Zully Rolón antes que aclarar intentó censu­rar las publicaciones sobre el agente alertando que “por razones de estricta seguridad personal e ins­titucional, los datos de su identidad, solo podrán ser solicitados y develados en el marco de las investigacio­nes judiciales con el debido resguardo”, aludiendo el artículo 6 de la Ley 6667 que distorsionó a su gusto, ya que este punto de la nor­mativa solo se refiere a casos de investigaciones sensibles que lleve adelante el perso­nal antinarcótico. Desde el SIU, sin embargo, optaron por desvincular del área a Chamorro.

Documentos filtrados a nuestra redacción revelan que la pareja realizó cambio de USD 130 mil, y el mayor volumen que llevaron a las casas de cambio se dio en los últimos 4 años. Si bien apa­recen algunas permutas del año 2015, 2016 y 2017 estas son escasas y los montos son muy inferiores con relación a las transacciones desde ini­cios del segundo semestre de 2018, más notoriamente en el 2020 y 2021. La Con­traloría notificó la semana pasada a Chamorro y esposa, solicitando que expliquen el origen de los dólares.

Desde el organismo de con­trol no quieren proveer detalles, pero ante nuestras insistencias sobre los datos filtrados, señalaron que los funcionarios de la Senad tie­nen 10 días para documen­tar el origen de los USD 130 mil. Chamorro realizó cam­bios por USD 54.700 equiva­lentes a G. 354 millones en cinco casas de cambio, una de ellas ubicada en Pedro Juan Caballero allanada el año pasado en el marco del operativo Belia y donde pre­cisamente el exagente del SIU registra transacciones correlativas en cuestión de días y semanas durante el 2020. Su esposa cambió USD 75.300, unos G. 463 millo­nes, cifras que superan incluso los montos líquidos percibidos por cada funcio­nario desde que ingresaron a la Senad, en el año 2015.

Cabe subrayar que los agen­tes de la Senad involucrados en operativos de coopera­ción internacional reciben una bonificación como plus, pero según los registros de la entidad antinarcóticos, equivalen a USD 250 al mes en el caso de Chamorro y en el de su esposa USD 250 entre el 2017 y junio de 2019 y USD 350 de julio 2019 a octubre 2020. Las bonifi­caciones percibidas por la pareja en los periodos men­cionados suman USD 13.150, es decir, los cambios de divi­sas de origen desconocido se multiplicaron por 10.

La pareja realizaba cam­bio de dólares de manera veloz, como el caso de los USD 4.500 que permutó Bareiro el 03/03/2020 y Chamorro otros USD 2.500 el 04/03/2020. O como los USD 2.500 que vendió en ventanilla la esposa el 17/01/2020 y en menos de un mes, el 14/02/2020 cam­biaba otros USD 2.000.

Por citar otras permutas aceleradas, en plena pande­mia, en la segunda mitad de 2020, Chamorro cambió el 02/06/2020 (USD 1.400); el 07/07/2020 (USD 3.600); el 06/08/2020 (USD 2.400); el 17/08/2020 (USD 600); el 21/08/2020 (USD 3.100); el 24/08/2020 (USD 600); el 01/09/2020 (USD 900); el 07/09/2020 (USD 3.130); el 15/09/2020 (USD 600); el 12/10/2020 (USD 600); el 23/10/2020 (USD 1.050); el 29/10/2020 (USD 2.000); el 03/11/2020 (USD 4.300); el 23/11/2020 (USD 446); el 07/12/2020 (USD 200); el 15/12/2020 (USD 6.400), etc. En estos meses su cónyuge también realizaba intere­santes transacciones igual de dinámicas como los USD 4.290 cambiados el 15/06/2020, el 03/08/2020 (USD 4.700); el 04/09/2020 (USD 700); el 08/09/2020 (USD 2.000); el 19/10/2020 (USD 1.900).

En entrevista con la 1080 AM, el titular del Ministerio de Defensa explicó que el Acuerdo entre la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA) había sido firmado por el canciller Rubén Ramírez Lezcano posterior a su aprobación en el Congreso Nacional.

A partir de allí, el presidente Santiago Peña tuvo plena facultad para hacer entrega del documento promulgado por el Poder Ejecutivo al subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, Christopher Landau, en ocasión de su visita a Chile.

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González señaló que este acuerdo militar permitirá fortalecer los programas de cooperación con EE.UU., a fin de que las Fuerzas Armadas puedan “ponerse a la altura” de la línea planteada en la Conferencia de las Américas para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.

“Se van a incrementar las cooperaciones que tenemos hace tiempo con Estados Unidos, me refiero al entrenamiento conjunto, al intercambio técnico, al fortalecimiento de capacidades institucionales, inclusive asistencia humanitaria”, expresó.

Sostuvo que, lejos de ser una militarización como podría pensarse, el acuerdo SOFA ayudará a la milicia paraguaya a mejorar su labor conjunta con otras instituciones locales, como el Ministerio Público y la Policía Nacional.

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El ministro descartó que este acuerdo contemple operaciones conjuntas, ya que solo autoriza el ingreso de militares estadounidenses para tareas de instrucción y entrenamiento. “No autoriza bases militares permanentes de los Estados Unidos [...] no pueden realizar ninguna operación de combate dentro del territorio paraguayo”, añadió.

Asimismo, enfatizó que todo lo que se hará de ahora en más en el marco del Acuerdo SOFA deberá ser documentado y aprobado por el Congreso, especificando detalles relacionados con la cantidad de uniformados que vendrán a Paraguay, el motivo de su visita, si existen armamentos o equipamientos, etc.

El dirigente de la Asociación de Cañicultores, Édgar Ortiz, explicó en entrevista con el canal GEN que los productores consideran que la única solución viable es concluir el proyecto que ya se inició.

“Esto es un proyecto a largo plazo, pensado para 30 o 40 años. Para nosotros lo más viable es poner en marcha el que ya estaba en proceso”, afirmó.

Ortiz sostuvo que comenzar un nuevo proceso licitatorio implicaría retrasar la obra durante varios años, lo que afectaría directamente al sector cañero.

Según indicó, una nueva licitación y la construcción completa de la planta podría tardar entre 40 y 45 meses, es decir, cerca de cuatro años, considerando los procesos administrativos y técnicos del Estado.

“Este es un proceso que ya lleva cinco años siguiendo el mismo trayecto. Si se empieza de cero, vamos a perder mucho más tiempo”, señaló.

El dirigente también cuestionó los informes oficiales, como los de Contraloría, que hablan de un sobrecosto en el proyecto.

Según explicó, los propios productores solicitaron presupuestos a fabricantes en Brasil para comparar precios de las piezas necesarias para el tren de molienda y, según dijo, esos valores no coinciden con las cifras que se mencionan en los informes.

“Todos dicen que está sobrefacturado, pero nadie nos muestra eso. Petropar nunca solicitó un informe real de precios de las piezas que se fabrican en Brasil”, afirmó.

Ortiz agregó que los cañicultores solicitaron equipos duraderos y de mayor calidad, para evitar maquinaria de menor costo que tenga una vida útil corta.

Otro punto cuestionado por los productores es que, según afirmó el entrevistado, el 85% de las piezas del proyecto ya se encuentran en el país y que la empresa adjudicada originalmente debería terminar la obra, tal como establecía el contrato.

“Ellos trajeron todas las piezas y la licitación dice que deben montar y entregar la planta llave en mano a Petropar. No se entiende por qué ahora no quieren que esa empresa termine el trabajo”, indicó.

PETROPAR COMPRA EL 100% DE LOS CAÑICULTORES

Por su parte, el presidente de Petróleos Paraguayos, William Wilka, aseguró que la estatal está cumpliendo los compromisos asumidos con los productores.

Afirmó que la empresa estatal está recibiendo el 100% de la caña de azúcar de los productores censados y pagando el mejor precio del mercado, además de brindar asistencia técnica e insumos como cal agrícola.

Por su parte, el gobernador de Guairá, César Sosa, indicó que un nuevo llamado a licitación para el tren de molienda fue elevado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en diciembre y publicado oficialmente en enero de este año.

El plan avanzaba con normalidad y la apertura de sobres estaba prevista para el 27 de febrero. Sin embargo, pocos días antes la empresa vinculada al proceso anterior, que había sido adjudicada por el abdismo pero que no terminó la obra, presentó una acción judicial que volvió a frenar el procedimiento. “Dos o tres días antes la empresa EISA mete algo judicial y tranca el proceso”,dijo.

La obra, adjudicada inicialmente a la empresa EISA (de Alberto Palumbo) y luego cedida a Ocho A S.A. (de Luis Alberto Pettengill), debía estar operativa en 2023 y permitir el aumento de la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.

Sin embargo, el proyecto quedó paralizado debido a una presunta sobrefacturación gigantesca registrada durante la administración de Mario Abdo Benítez. La denuncia de Petropar busca esclarecer los hechos para evitar que la situación genere más pérdidas para el Estado, ya que la obra, tal como está, no puede funcionar por problemas de diseño al no prever consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña, además de la correcta gestión del subproducto: la linaza.

El proceso de construcción del nuevo tren de molienda en Troche estuvo plagado de irregularidades desde el inicio. Un informe de auditoría interna de 2023 realizado por Petropar, reveló anticipos millonarios otorgados para obras en la planta, que suman 38.440 millones de guaraníes, sin una verificación clara del avance.

Además, la Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, realizada en el mismo año, expuso que durante el ejercicio fiscal 2022 se realizaron pagos por 41.815 millones de guaraníes por la instalación de la nueva línea de molienda, de los cuales 30.949 millones corresponden a trabajos inconclusos o sin evidencia de ejecución.

A su vez, en diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) impuso una multa de 2,5 millones de dólares por las falencias y retrasos en la ejecución de las obras. El informe de verificación realizado por la DNCP concluyó que la planta no cumple con varios de los ítems establecidos en el contrato, a pesar de los millonarios desembolsos realizados.

El contrato inicial con EISA, firmado en 2021 bajo la administración de Denis Lichi, fue cuestionado desde el principio por su elevado costo, seis veces mayor que instalaciones similares en Brasil. La adjudicación fue por 195.299 millones de guaraníes (28,7 millones de dólares). Posteriormente, la empresa subcontrató a Ocho A S.A. para completar la obra, pero los problemas continuaron.

La Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) y la Cámara Paraguaya de Consultores dieron a conocer los números espantosos que arroja este 2026.

Mientras el presupuesto aprobado para este año es de 570 millones de dólares, la deuda acumulada en este momento es de 360 millones de dólares. Las obras comprometidas para este año alcanzan un valor de 800 millones de dólares, lo que hace que el déficit estimado llegue a 590 millones de dólares.

Cuestionan que el cumplimiento del tope del 1,5 % del déficit fiscal se cumpla a costa de atrasos muy grandes en el sector de la construcción.

“El impacto trasciende a las empresas constructoras: afecta a proveedores, destruye empleo formal, deteriora la cadena de pagos y compromete la continuidad de infraestructura estratégica para el desarrollo del país”, advierten.

Esta situación ha llevado a numerosas empresas del sector a una condición de quiebra técnica

Ante este escenario aterrador, las constructoras presentan una serie de propuestas para salvar la situación: el uso de los fondos provenientes de convenios internacionales y la ampliación del presupuesto 2026.

Empresas y gremios que acompañan el pronunciamiento: