• POR JORGE TORRES

En total unos US$ 43 millones de los fon­dos de Petropar están diseminados por diferentes bancos privados, cuando que según la Ley de Presupuesto que está vigente y una obli­gación que entró en vigen­cia desde el 2016, ese dinero debe estar depositado en el Banco Nacional de Fomento (BNF).

El 21 de agosto pasado se dio a conocer el decreto de nombramiento de Patri­cia Samudio como titular de Petropar. Desde los pri­meros días de su gestión ordenó a la gerencia finan­ciera el traslado de los fon­dos que estaban en el BNF a bancos privados. Incluso, fondos que estaban en bancos privados fruto del pago de algunos proveedores, también debían ser transfe­ridos al BNF. Sin embargo, Samudio dispuso que vayan a parar a otros bancos.

Según Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, desde el año 2016, luego de un largo debate que había empezado la bancada de Unace en el Congreso, se insistió en llevar los recursos públicos al BNF y en 2016, esta obligación ya entró en la Ley de Pre­supuesto. “Todas las ins­tituciones tenían recursos en varias entidades pri­vadas. Se hizo un proceso gradual y se centralizó en el BNF, excepto los depósi­tos del IPS, que es el prin­cipal inversor del sistema financiero y sería riesgoso que tenga que en un solo banco todos sus depósitos”, comentó Peña.

Explicó que anteriormente las instituciones públicas podían decidir con que banco trabajar para el pago de salarios incluso, pero ahora todo se centraliza en el BNF.

“Petropar también tenía su propio negocio comercial que le permitía hacer pagos a proveedores al exterior. Hoy puede hacer depósitos de manera transitoria para pago a proveedores, pero no para mantenimiento en cuenta, es decir todo lo que son depósitos que tienen que mantenerse a la vista o plazo deben estar centra­lizados en el BNF”, explicó el ex ministro de Hacienda.

Consultado acerca de quién debería tomar cartas en el asunto, sobre la decisión de la presidenta de Petro­par de no respetar esta ley, Peña dijo que hay varias ins­tancias.

“Una es la Contraloría Gene­ral de la República, porque contrasta las normativas y las leyes, como se esta­blece el ordenamiento de gastos. Y la otra es la Audi­toría del Poder Ejecutivo. Acá el argumento que se está tratando de usar es que así nomas luego se hacía antes del 15 de agosto. Lo que debemos evaluar es cómo se uti­lizó la herramienta y en qué momento se hizo de manera indebida”, pun­tualizó.

Recordó que cuando estuvo en la cartera de Hacienda, hicie­ron un control rigu­rosos sobre todo esto a fin de que los recur­sos vayan al BNF. “Se tiene que revi­sar cuáles fueron las consideraciones que tomaron desde esta nueva adminis­tración de Petropar para hacer estos cambios”, mani­festó.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.