Un caso que data del 26 de noviembre del 2013 volvió a tomar estado público este martes, ante el pedido que realizó la Fiscalía al juzgado.

Según el abogado Manuel Alvarez, defensor de la parte querellante, la fiscala Nidia Fernández Cattebeke solicitó el sobreseimiento definitivo del suboficial Aldo Javier Cañete, quien fue denunciado por supuestamente colocar un teléfono celular para grabar a las mujeres en el baño del Departamento de Publicaciones de la Policía Nacional.

En contacto con la 650 AM, señaló que está denunciado por violación a la comunicación y a la intimidad. “Él coloco justo a la altura del water, de modo a tomar las partes íntimas de las mujeres. Y un día una niña, cuando fue al trabajo junto a su madre, descubrió la presencia de la cámara en el baño”, indicó.

“El hecho es sumamente grave”, comentó el abogado, al momento de lamentar el pedido de sobreseimiento que pidió el Ministerio Público al juez Julian López.

“Es una falacia decir que no existen elementos suficientes en este caso”, indicó. Sin embargo, el problema radica es que no se cuenta con el teléfono, ya que “escondió el celular en ese momento”.

Contó además que uno de los compañeros del oficial habría dicho que le compró una tarjeta de memoria para “tener mayor espacio para las imágenes”. Él ya tenía varios videos acumulados, porque cuando pillaron (las víctimas) vieron que había más videos de otras mujeres”, agregó.

El letrado indicó que posterior a revelarse el caso, el uniformado Cañete denunció el extravío de su aparato celular. “La Fiscalía tampoco pidió informes, tampoco se le tomó declaración a la víctima. Me llama la atención el actuar de la fiscala”, aseguró.

El abogado aseveró además que en un acta preparado por los uniformados, el acusado presuntamente se comprometió a no difundir las grabaciones, reconociendo de esa forma el hecho. “Él por eso luego fue trasladado hacia la zona de Capiatá, donde sigue prestando servicios”, indicó.

“ES OBRA DE DIOS”

Por su parte, la denunciante (a quien se prefiere mantener en el anonimato) dijo que su hija siempre iba a su trabajo al salir de sus estudios. “Quedaba conmigo una hora, hasta que yo me retirara. Ese fue el privilegio que yo siempre tuve por parte de los superiores”, contó.

La mujer relató que el 26 de noviembre su hija no tuvo clases, por lo que decidió no dejarla sola en su casa y llevarla a su trabajo. “Ese día ingresamos varias veces al sanitario, yo siempre le acompañé. Eran las 11:50 aproximadamente y nos fuimos al baño a prepararnos para retirarnos, y en ese trayecto se nos adelanta este señor (por Aldo Javier Cañete) e ingresa él primeramente. Luego entró mi hija y al no salir, yo entré y le vi llorando con el celular en la mano”, comentó.

Siguió relatando que en ese momento no sabía qué acontecía, ya que vio en las imágenes a ella y luego a su hija ingresando al baño y bajarse la ropa. Añadió que “en ese momento el suboficial corre y le saca bruscamente el celular, produciendo un arañazo en el dedo, y corre a su oficina donde manipula su teléfono. Yo me voy detrás de él y le digo: ‘¿Qué hiciste?, ¿por qué hiciste eso? Y él me responde: ‘Yo no hice nada, vos estás loca’. En ese momento yo corro junto a la sub jefa del departamento Zunilda Escobar y le informo de lo que pasó. Era el segundo día que ella estaba ocupando el cargo”.

La madre indicó a radio UNO que Escobar le habría dicho que iba a ir presa por llevar a su hija a su trabajo. “Yo me asusté en ese momento. No sabía mis derechos”, recordó.

Al ser convocado el uniformado, este habría confesado el delito cuando la denunciante (tal como ella contó) dijo que tenía contactos en las telefonías que podían conseguir los datos del celular. “Yo creo que él se vio acorralado, y dice: ‘Sí, señora, yo hice eso’. Admite frente a ella (la sub jefa)”.

Aseveró que luego Escobar pidió esperar al jefe de la sección, comisario Juan Riveros. Este “no le dio la mayor importancia. Él me habló de Dios, que Dios está obrando de esta manera para que yo me acerque a él y le perdone (a su subalterno)”.

“Yo siento que le violó a mi hija, le vi a mi hija en ropa interior. Yo quiero que él pague. Mi hija también me confiesa que el suboficial le había rozado el pecho días antes del caso. Ella ya no quería irse más a mi trabajo, yo antes no sabía qué pasaba”, dijo muy conmocionada.

NOTA DE REDACCIÓN: El medio periodístico intentó comunicarse en repetidas ocasiones con la fiscala Fernández para que dé a conocer su versión, sin embargo no atendió las llamadas telefónicas.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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