La convocatoria, difundida a través de las redes sociales, coincide con la celebración de la Marcha Mundial de la Marihuana, que el primer sábado del mes de mayo de cada año pide la despenalización del cultivo del cannabis desde diferentes puntos del mundo.

Muchos de los manifestantes consumieron hoy en una plaza próxima al Congreso marihuana fumada o ingerida a través de pasteles, prácticas que no están penalizadas en Paraguay, donde se sanciona la tenencia de más de diez gramos de la planta, así como su compraventa y cultivo.

Vestidos con camisetas que exhibían el dibujo de la irónica flor del cannabis, y armados con enormes cilindros de cartón semejando gigantescos “porros” (cigarrillos) de marihuana, varias decenas de jóvenes pidieron que se desvincule el consumo y cultivo de esta droga del narcotráfico.

“Creemos que si el cultivo de marihuana se hace legal vamos a poder pelear al narcotráfico y a la “narcopolítica”, porque sabemos que muchos políticos están metidos en el tráfico de sustancias y les acabaría el negocio”, señaló a Efe Juan José Arrúa, de 19 años, integrante de Paraguay Legaliza, organización que busca promover un cambio en la legislación paraguaya sobre la sustancia.

Arrúa abogó por que “cada fumador pueda plantar para su propio consumo responsable”, sin exponerse a los riesgos legales o de seguridad de comprar a un “dealer” o microtraficante.

Por su parte, Mariano Pérez, estudiante de Turismo y usuario de marihuana, dijo a Efe que “las leyes sobre la tenencia de marihuana son confusas, porque no dicen quién te la puede proporcionar”.

Lamentó además los problemas legales y los prejuicios sociales que enfrentan los consumidores, y señaló que en Paraguay “por fumar un porro te dicen drogadicto”.

No obstante, Pérez se opuso a que la legalización de la marihuana venga de la mano de “intereses de negocios de multinacionales” agrícolas que ya controlan la producción de otro tipo de plantas en el país.

Paraguay es el segundo productor de marihuana de Suramérica, sólo por detrás de México, con una producción anual que las autoridades estiman en unas 30.000 toneladas al año.

El 80 % de la marihuana producida de forma ilegal en Paraguay se envía a Brasil a través de carretera y avionetas, mientras que el resto se destina a otros países como Argentina, Uruguay y Chile, según la Secretaría Antidrogas (Senad).

El pasado mes de diciembre se presentó en la Cámara de Diputados paraguaya un proyecto de ley para despenalizar el cultivo de hasta 30 plantas de marihuana por persona y año, con fines de consumo personal.

La diligencia judicial se realizará ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien deberá definir si confirma la prisión del funcionario.

El presente caso se enmarca en la incautación de 21,960 kilogramos de oro, realizada en noviembre de 2025 en el aeropuerto Silvio Pettitossi. Se estima que el valor del cargamento podría superar los 3 millones de dólares en el mercado internacional.

Asimismo podrán participar de la audiencia de revisión de medidas los fiscales del presente caso, quienes ya con anterioridad mencionaron que la conducta del funcionario de la Dinac es grave debido a que el imputado ocupa un cargo de jefatura.

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De acuerdo a la carpeta fiscal, los hechos punibles imputados son considerados graves, agravados por la condición del procesado como funcionario de la principal terminal aérea del país. En la misma causa también están imputados Fernando Antonio Peralta Zaván y Aquiles José Denis di Lascio, quienes presuntamente debían abordar el vuelo con destino a Panamá portando los lingotes de oro.

La Fiscalía sostiene que la responsabilidad de Gustavo Ismael Britos es de extrema gravedad, dado que contaba con acceso a todas las zonas restringidas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Se presume que Britos, valiéndose de su cargo, logró burlar los controles de seguridad para introducir los lingotes que tenían como destino final Panamá. Este relato fáctico deberá ser evaluado por el juez Estigarribia para determinar si corresponde ratificar la prisión preventiva o conceder una medida menos gravosa para el imputado.

La Sociedad Paraguaya de Oftalmología, con el apoyo del Hospital Regional de Caacupé y otras instituciones aliadas, llevarán adelante una jornada de cirugía gratuita, que iniciará el próximo domingo 15 de marzo con la selección de los pacientes beneficiados.

En tanto que las intervenciones quirúrgicas se llevarán a cabo los días 1 y 2 de mayo en las instalaciones del hospital.

Las personas interesadas en participar deben solicitar información o agendar su consulta comunicándose al número 0981 304 770, con la Lic. Margaret Benítez, encargada del Servicio Social del Hospital.

La campaña “Por un Paraguay sin ceguera” es una iniciativa de salud ocular, la cual busca reducir la discapacidad visual, principalmente mediante cirugías gratuitas de cataratas.

La campaña se despliega periódicamente en diferentes puntos del país, ya que busca facilitar el acceso a tratamientos oftalmológicos a personas de escasos recursos, enfocándose en la detección y tratamiento oportuno de afecciones que pueden derivar en ceguera irreversible si no es tratada a tiempo.

La comitiva encabezada por la agente fiscal Dominica Zayas Acevedo, fue recibida por el director del centro penitenciario, Juan Taboada, quien entregó el permiso otorgado al condenado y demás documentos. La unidad a cargo solicitó al Juzgado de Ejecución Penal de Crimen Organizado n.º 3 la realización de diligencias relacionadas con el caso.

Una denuncia pública refiere presuntas irregularidades en la Granja Penitenciaria de Régimen Semiabierto Ko’ē Pyahu, situada en el barrio Tacumbú de Asunción, vinculadas con el otorgamiento y control de salidas transitorias a favor de una persona privada de libertad.

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El caso involucra a Pedro Enrique Gómez de la Fuente Antúnez, exdirector de la Región Occidental del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quien cumple una condena de tres años y seis meses de pena privativa de libertad por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión. La sentencia se encuentra firme tras el rechazo del recurso interpuesto por su defensa.

Cabe señalar que la Granja Penitenciaria Ko’ē Pyahu funciona bajo un régimen semiabierto, destinado a personas privadas de libertad que reúnen determinadas condiciones, entre ellas buena conducta y una etapa avanzada de cumplimiento de la condena, lo que permite el acceso a salidas transitorias bajo requisitos y controles específicos.