El economista Manuel Ferreira fue consultado este lunes sobre si la quiebra del Silicon Valley de EE.UU. puede suponer una perturbación en el sistema financiero estadounidense y tener un impacto en la economía mundial.

En ese sentido dijo que esta es la crisis bancaria más grande de Estados Unidos desde el año 2008, lo cual “trae temor a algo que no estábamos acostumbrados desde aquella época”.

No obstante, remarcó que el banco en cuestión es uno regional y relativamente pequeño para lo que es el sistema americano. A lo anterior sumó que la reserva federal hizo un salvataje de la entidad bancaria para garantizar todos los depósitos.

“Esto da una pauta de que tienen la posibilidad de que su propio sistema financiero rescatar el banco sin generar un impacto, pero de hecho es una perturbación, hay miedo, está vinculado a la nueva forma de tener dinero, los criptoactivos, porque este es un banco de la zona tecnológica de EE.UU. Creo que la preocupación va vinculada a ese tema, del dinero desregulado, tuvo mucho auge hasta que vinieron los problemas de las criptomonedas. En un momento se habló de que era un banco de las cripto”, dijo en entrevista con radio Monumental.

Sostuvo que tiene parecido a la crisis de las puntocom (año 2000), donde fue un fuerte ciclo especulativo que se dio entre 1997 y 2001, un período de crecimiento descontrolado en el valor de las empresas vinculadas a internet que acabó estallando y provocando una grave crisis mundial. “Las empresas que sobrevivieron fueron las grandes puntocom como Amazon y Google. Mucha gente invirtió en empresas que se valorizaban por su participación en el mercado”, acotó.

MÁS DEL CASO

El banco, que trabaja con el sector tecnológico desde la década de 1980, quedó sorpresivamente escaso de liquidez. El SVB es la primera institución con depósitos garantizados por la corporación federal en quebrar desde 2020, según la FDIC.

Se trata además de la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde la crisis de 2008 por volumen de activos.

La situación genera temores entre los inversores de que otros bancos puedan tener problemas en medio de una escalada de las tasas de interés por parte de los bancos centrales para contener la inflación.

La decisión de las autoridades protege las tenencias de los clientes y permite ganar tiempo para encontrar potenciales compradores para los activos de la entidad en quiebra.

El Silicon Valley Bank (SVB) era un banco californiano especializado en el sector tecnológico, que tenía negocios principalmente con fondos que invierten en empresas que no cotizan en bolsa.

Poco conocido para el público, era el decimosexto banco estadounidense por el tamaño de sus activos.

La firma, que actuaba en Estados Unidos, Europa, Asia e Israel, ofrecía servicios financieros entre otros a start-up, desde simples cuentas bancarias a asesoría para capitalizarse.

Muy ligado a las empresas tecnológicas, el SVB sufrió por el deterioro del sector: la brusca subida de tasas de interés en Estados Unidos que afecta a un ramo muy dependiente del financiamiento para crecer, sumado a las dificultades de aprovisionamiento de semiconductores y al débil apetito de los inversores por los valores de la tecnología, marcan el final de la euforia tecnológica tras la pandemia.

El pánico se desató luego de que la matriz de este banco, SVB Financial Group, anunciara que intentaría reunir 2.250 millones de dólares en fondos frescos. 

El grupo vendió rápidamente un portafolio de 21.000 millones de dólares de títulos financieros, con una pérdida estimada de 1.800 millones.

SVB buscaba fortalecer sus finanzas, fragilizadas por retiros de clientes.

Según el canal especializado en economía CNBC, el banco no logró obtener el capital necesario y negociaba su venta a otra entidad bancaria antes del anuncio de las autoridades regulatorias.

Las dificultades de SVB desbordaron las fronteras del país y sacudieron al sector bancario mundial, tomado por sorpresa.

A fines de 2022, el banco tenía 209.000 millones de dólares de activos y unos 175.400 millones en depósitos, precisaron las autoridades.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se reunió este viernes con reguladores financieros para discutir la situación de SVB, y consideró que el sistema bancario “sigue siendo resiliente y los reguladores tienen herramientas eficaces para solucionar este tipo de evento”, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Los cuatro mayores bancos estadounidenses perdieron 52.000 millones de dólares en bolsa solo el jueves, y el movimiento también afectó a bancos asiáticos y europeos, que registraron fuertes pérdidas de capitalización bursátil.

Wall Street terminó a la baja el viernes, fuertemente afectada por este caso. El Dow Jones perdió 1,07%, el tecnológico Nasdaq 1,76% y el índice ampliado S&P 500 1,45%

Las dificultades de SVB coincidieron prácticamente con el anuncio, el miércoles por la noche, de la liquidación de Silvergate Bank, una entidad bancaria particularmente activa en el atribulado sector de las criptomonedas.

Desde la crisis financiera de 2008-2009 y la quiebra de Lehman Brothers, los bancos son sometidos a pruebas de resistencia periódicamente y deben dar garantías a los reguladores de su capacidad de respuesta a situaciones de estrés.

Con información de AFP

En el punto dos del orden del día figura el proyecto de ley que modifica el artículo 207 de la ley número 1.680 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, presentado por el senador Javier Zacarías Irún.

El planteamiento señala que se observa un privilegio considerable y de carácter ya desproporcional en la flexibilidad de las penas impuestas a los adolescentes infractores de la ley penal.

El objetivo es aumentar las medidas privativas de libertad en hechos calificados como crímenes, que actualmente tienen un tope de 8 años. Con la modificación, la legislación quedaría de la siguiente manera:

Art. 207.- De la Duración de la Medida Privativa de Libertad: la medida privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años. En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal común, la duración máxima de la medida será de hasta quince (15) años.

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A los efectos de la medición de la medida, no serán aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del Derecho Penal común.

La duración de la medida será fijada en atención a la finalidad de una internación educativa en favor del condenado”.

Las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo y de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, aconsejaron la aprobación con modificaciones, las cuales, serán expuestas durante el estudio.

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LA CAJA NEGRA

Según el abogado, la acusación fiscal -firmada por Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y verónica Mayor- imputa a Boidanich por presunto lavado de dinero y frustración de la persecución penal. Sin embargo, el documento fiscal reproduce argumentos mediáticos sin sustento probatorio y presenta contradicciones notorias.

Entre los puntos clave expuestos por la defensa, se encuentra el resultado de las diligencias solicitadas por la propia fiscalía en aquella etapa. Una de ellas fue verificar si Seprelad solicitó activamente información a su par de Brasil, o si simplemente la recibió de manera pasiva. La respuesta, afirmó Lovera, fue que Seprelad actuó de forma proactiva en la recolección de datos de inteligencia financiera, lo cual contradice la idea de una supuesta intención de encubrimiento.

Asimismo, otro requerimiento apuntaba a verificar si existió información adicional desde Brasil que la Seprelad no haya incluido en su informe. La conclusión fue que no hubo datos ocultos ni omisiones intencionales, ya que no se remitió información nueva que pudiera sustentar tal afirmación.

La acusación se apoya en la figura ambigua de una ‘demora injustificada’ en la remisión de un informe, en lo cual la Fiscalía se apoya para afirmar que hubo supuesto encubrimiento a favor de Darío Messer, pero no demuestra en ningún momento que esa supuesta demora haya tenido un efecto concreto en la causa, ya que los bienes de Messer fueron asegurados en su totalidad. Según el abogado defensor, si se hubiese querido favorecer a alguien, como se insinúa en la carpeta fiscal y medios de prensa, los bienes no habrían sido embargados y comisados.

Además, señaló que la supuesta demora no tuvo consecuencias reales, ya que las primeras reacciones de los investigados solo se produjeron tras los allanamientos, que fueron públicos y difundidos por medios de comunicación. Tampoco existió ninguna filtración por parte de la Seprelad que haya alertado a los involucrados.

Acusación omite contexto y fechas clave

Otro punto de crítica fue el manejo cronológico de los hechos. Según la defensa, entre junio y noviembre de 2017, el informe estuvo bajo análisis de la Dirección Jurídica de Seprelad, sin que la Fiscalía cuestione ese lapso en particular. A pesar de ello, el Ministerio Público presenta como un solo bloque temporal todo el período, señalando al exministro de la Seprelad como el responsable de la tardanza.

Sin embargo, el abogado recordó que Boidanich estuvo fuera de funciones entre marzo y abril de 2018 por razones médicas al realizarse una delicada cirugía, lo cual está documentado desde 2019 en la propia causa. Al retornar a sus funciones, el entonces ministro de Seprelad firmó inmediatamente el informe de inteligencia.

En cuanto al delito de lavado de dinero, Lovera cuestionó que la acusación no individualiza ningún bien ni establece un nexo concreto entre un objeto de valor y una conducta del imputado. Argumentó que la Fiscalía habla de ‘todo el patrimonio de Darío Messer’, pero consideró que el lavado requiere que exista un objeto definido —como un vehículo, inmueble o cuenta— que haya sido manipulado para ocultar su origen ilícito. Eso no ocurrió en este caso.

La defensa de Óscar Boidanich dejó en claro que la imputación presentada por el Ministerio Público carece de fundamentos técnicos y jurídicos, reproduce un discurso mediático sin respaldo probatorio, y omite deliberadamente elementos objetivos que descartan cualquier intención de encubrimiento o beneficio indebido.

El abogado reiteró que la actuación de Seprelad durante el tiempo en cuestión se enmarcó en los procedimientos habituales de inteligencia financiera, sin generar perjuicios ni impedir la acción de la justicia, por lo que su estrategia en el juicio apuntará a evidenciar las falencias de la acusación y demostrar que su cliente no incurrió en ningún hecho punible.

La atención en la sede central de Identificaciones se normaliza desde hoy en el horario habitual, de 6:00 hs a 18:00 hs para todo tipo de trámite, y de 18:00 a 21:00 hs solo para enrolamientos, no así para entrega de cédulas.

El martes, la oficina permaneció cerrada por trabajos de mantenimiento programados con antelación, que afectaron al sistema eléctrico y a las instalaciones físicas del edificio.

Si bien, los trabajos aún se realizan en lugar, el público podrá ingresar a realizar las gestiones con normalidad.

Las personas que no puedan acudir de lunes a viernes podrán realizarlo los sábado, con un horario más extendido debido al flujo de personas, de 06:00 h a 18:00 h para todos los trámites, solicitudes y entrega de documentos.